Desde 2009 el Estado de Aguascalientes se encuentra en incumplimiento al no haber creado ya la Fiscalía Especializada en la Atención e Investigación del Delito de Feminicidio del Estado, la homologación de las leyes locales con la legislación federal e internacional continúa siendo un pendiente que han dejado las distintas legislaturas y gobernadores, omisión violatoria del derecho de todas las mujeres a una vida libre de todas las violencias.

En este sentido, el pasado 28 de mayo la Diputada Natzielly T. Rodríguez Calzada presentó a la LXIV legislatura del Estado el Proyecto de Decreto para la creación de la Fiscalía Especializada en la Atención e Investigación del Delito de Feminicidio para su posible discusión y aprobación, sin embargo, hasta el día de hoy no ha habido convocatoria para que las Organizaciones de la Sociedad Civil, familiares de mujeres víctimas de feminicidio y mujeres del Estado participen en mesas de trabajo conjuntas para la conformación de la Fiscalía Especializada.

De acuerdo con Mariana Ávila Montejano, presidenta de la mesa directiva del Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado de Aguascalientes, es preocupante no sólo el atraso legislativo para la creación de la Fiscalía, sino que con un proyecto ya presentado no se vea la intención de las y los legisladores por trabajar de la mano de las familias, de las mujeres del Estado y de las Organizaciones como el Observatorio que lleva años acompañando procesos jurídicos de feminicidio, acompañando a las familias y empujando el tema de manera pública.

“Las familias deben ser consultadas y trabajar con ellas, no podemos confiar en una legislación que no las consulte, que no las escuche y que no las integre a la discusión del proyecto” comentó Ávila Montejano, activista. De acuerdo con los principios de parlamento abierto, de una sociedad democrática y ante un Estado en incumplimiento en lo relacionado a la atención y prevención de la violencia feminicida, la actual legislatura no se puede permitir discutir un tema tan importante sin consultar a las mujeres y a las familias de mujeres víctimas de feminicidio; no deben legislar sin trabajar de la mano de ellas y de la sociedad civil organizada”, finalizó.

Se espera que las y los legisladores convoquen a las familias, a las organizaciones y a las mujeres del Estado para garantizar que la homologación Estatal sobre la Fiscalía Especializada cumpla con los requerimientos básicos para la investigación del Delito de Feminicidio en línea con las recomendaciones nacionales e internacionales en la materia.

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A Claudia Santa-Ana Saldívar

Directora General del Instituto Cultural de Aguascalientes

P r e s e n t e

En relación al comunicado con fecha 5 de junio que de manera oficial emitió el Instituto Cultural de Aguascalientes, consideramos necesario puntualizar lo siguiente:

El comunicado aborda el tema y habla de la “reinserción social”, sin embargo, para hablar del derecho a la reinserción social y según la Ley Nacional de Ejecución Penal, es necesario que haya existido alguna sentencia que supusiera el cumplimiento de alguna sanción o medida reparatoria, es decir, que se haya dictado sentencia en juicio. Del proceso particular que el Observatorio ha señalado, ha sido propósito del imputado (persona que mediante cualquier acto del proceso es señalado como posible autor de un hecho punible o partícipe de él) no llegar a la etapa procesal de juicio y, ejerciendo su derecho a los beneficios del sistema de justicia penal, solicitó una suspensión condicional del proceso proponiendo un plan de reparación del daño causado; y fue el juez de garantía quien dictó un plazo y condiciones para cumplirlo, es decir, la suspensión se encuentra condicionada al cumplimiento cabal de esas medidas reparatorias en cuanto haya fenecido el plazo, por ende, no hay tema alguno respecto a los derechos de la reinserción social.

El Artículo Primero de nuestra Constitución es muy claro en definir que es obligación de toda autoridad en el ámbito de su competencia promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Por ello nos parece sustancial que todas las instituciones puedan cumplir con la obligación de la garantía de no repetición de hechos y circunstancias similares a las que generaron la denuncia penal del proceso en cuestión y donde la representación social encontró elementos suficientes para dictaminar su judicialización, sin embargo, en ningún momento durante el desarrollo de este proceso se garantizó la no repetición por parte del Instituto Cultural de Aguascalientes debido a que el profesor imputado continúo dando clases en la Universidad de las Artes, sin que se garantizara que los hechos no volverían a ocurrir, faltando con esto al principio de no repetición.

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género damos acompañamiento jurídico y social en casos de violencia de género, si bien tampoco somos un órgano sancionador, tomamos por principio los derechos de las víctimas, dando cuenta y señalando los obstáculos, omisiones y hechos revictimizantes de las instituciones y el funcionariado; haciendo énfasis en el impulso a la garantía de no repetición que comprende el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, incluyendo la reparación moral.

Lamentamos que desde una institución pública se haga caso omiso al reconocimiento de las fallas en sus procesos internos y se incurra en una defensa solamente a la parte imputada, puesto que en ningún momento, desde que el proceso penal inició hace tres años, manifestaron su apoyo a las víctimas mediante un comunicado oficial que evidenciara las violencias que vivieron, nunca se acercaron a ellas para conocer su versión de los hechos y el día de hoy, desestiman esta denuncia generando una defensa justificando el otorgar un apoyo a un imputado que no ha terminado con el proceso penal en su contra y que nunca reconoció su omisión en los hechos ocurridos a pesar de que el juez en audiencia pública, la cual está videograbada, aseveró que la vinculación a proceso se otorga debido a la culpabilidad por omisión que encontró en el imputado, estos hechos generan impunidad institucional y faltan a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a la memoria histórica.

Creemos en la justicia social, le creemos a las víctimas y diariamente luchamos contra el olvido institucional, la revictimización, la violencia que ejercen funcionarias y funcionarios, instancias omisas y contra el reparto de bienes y espacios públicos que favorecen a agresores.

¡Porque el silencio no nos protege!

¡Vivas y libres nos queremos!

¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!

Alfredo Vargas fue seleccionado como ganador de una beca otorgada por el Instituto Cultural de Aguascalientes y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ICA-UNESCO, sin embargo, Vargas fue vinculado a proceso en un caso de atentados al pudor por su omisión como profesor frente a grupo al que daba clases en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).

Vargas está vinculado a proceso, quiere decir que hay datos de prueba suficientes que hacen presumir su intervención en el hecho, de acuerdo con los datos públicos y de libre acceso, este proceso se encuentra en suspensión condicional.

“Este tipo de acciones son un mensaje de impunidad para todas las víctimas de violencia sexual, preocupa que sea un organismo estatal e internacional quienes omiten lo sucedido, ya que no sólo representa la lucha contra la injusticia local, sino que esta se extienda en todos los niveles, favoreciendo a los agresores, mientras las víctimas siguen procesos sepultados entre citas pospuestas, papeles” comentó Violeta Sabás, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.

“El acceso a la verdad y la justicia no se reduce al ámbito jurídico, es también social, porque las víctimas rara vez tienen acceso a la justicia, la memoria, la verdad, la reparación del daño, socialmente son señaladas y perseguidas, sus testimonios desestimados; mientras los agresores siguen participando en convocatorias y ganándolas, como si sus omisiones y violencias no hubieran tenido impacto, socialmente se les reconoce y se les perdona”, añadió Mariana Ávila Montejano, presidenta de la mesa directiva del OVSG.

“En este sentido, desde el Observatorio, nos pronunciamos por la lucha contra la impunidad, por la reparación del daño a las víctimas y porque todas las convocatorias de interés público federal, estatal y municipal, sean enfáticas en los filtros que impidan que los agresores tengan espacios y dinero públicos; urgimos al ICA a mejorar sus filtros de acceso a premios, estímulos y espacios, así como mejorar sus canales de comunicación, a fin de impedir que los agresores sigan disfrutando de la impunidad que el poder y sus redes de amistades les ofrecen”, finalizó la Coordinadora del Observatorio.

Por la no revictimización, el resguardo de la evidencia y la información privada de las víctimas, ninguna autoridad de impartición de justicia puede declarar a medios de comunicación o la opinión pública, que la muerte violenta de una mujer fue un suicidio sin antes aplicar los protocolos establecidos para esos casos. Protocolos que, sólo de aplicarse correctamente, tardan varias semanas, pero que, desde la experiencia, sabemos que pueden demorar años.

En este sentido se nos ha dicho reiteradamente que la Fiscalía aplica protocolos, sin embargo, qué protocolo puede aplicarse correctamente si en 48 horas se pretende cerrar el caso de la muerte violenta de una mujer como suicidio.

Los protocolos en el caso de la muerte violenta de una mujer son una serie articulada de etapas en la investigación que permiten, en teoría, el acceso a la verdad y la justicia, estos implican la aplicación de dictámenes psicosociales, biológicos, de resguardo de evidencia, resguardo de la información de la víctima, cadena de custodia, entrevistas, entre otros, a fin de garantizar que, en casos como un suicidio, sea corroborada o descartada la coerción al hecho por parte de la víctima o se corroboren o descarten razones de género en la muerte de cualquier mujer.

Desde la Sentencia del 16 de Noviembre de 2009, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, estos protocolos son de carácter obligatorio para las investigaciones en México, no agotar los peritajes e investigaciones forenses y psicosociales, entre otros, vulneran el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas y familiares.

Como referente en el Estado, está el caso de Yovanna Torres Briseño, que fue cerrado como suicidio y a través de la lucha de su hermana por la verdad y la justicia, en acompañamiento por el Observatorio, se reabrió para ser investigado con base en los protocolos con perspectiva de género, esto pone en evidencia la falta de certeza en las declaraciones de las instituciones que dan por hecho el suicidio de una mujer, sin que, por razones lógicas de temporalidad, este conclusión sea resultado de la correcta aplicación de los protocolos establecidos en esos casos.

Ante la falta de certeza, desde el Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado exhortamos a las instituciones de impartición de justicia, a funcionarias y funcionarios públicos, y a las autoridades en general, a no hacer públicas declaraciones que den como hecho el suicidio de una mujer sin que hayan sido aplicados los protocolos con perspectiva de género mandatorios en el marco jurídico internacional y nacional, tomando como principio de certeza que ningún protocolo de este tipo puede ser aplicado en 48 horas y menos en un contexto de contingencia sanitaria y distanciamiento social como el que atravesamos.

Porque no tenemos miedo

Porque el silencio no nos protege

Porque vivas y libres nos queremos

Las lógicas patriarcales, elitistas, clasistas, capacitistas y capitalistas piensan el trabajo en términos de producción y productividad, de ganancias e intercambio de la fuerza de trabajo por dinero. Lógicas que han relegado a trabajadoras del hogar, cuidadoras, jefas de familia y buscadoras, del reconocimiento de su trabajo en los términos empoderantes y emancipatorios de la clase obrera, negando con ello que su trabajo sea trabajo, válido y con derecho a ser reconocido con los beneficios sociales, jurídicos y económicos que conlleva.

A la fuerza de trabajo de mujeres que componen las labores del cuidado de personas adultas mayores, hijas, hijos o personas con discapacidad; del mantenimiento del hogar, de las labores de cocina y limpieza, así como de la búsqueda de justicia, verdad y memoria, históricamente no se les reconoce su contribución a la vida pública del Estado y a la dinámica económica de los países, se piensan sus trabajos como obligación o caridad, y viven en la precarización al ser un trabajo no remunerado o no cercano a las prestaciones básicas que la Ley del Trabajo ordena.

Estos trabajos, al no contar con el reconocimiento jurídico, social y económico, están abiertos a la explotación de las mujeres y personas cuidadoras, buscaras y jefas de familia, con horarios interminables, expuestas a múltiples violencias y enfermedades.

En este sentido, es necesario repensar los hechos históricos que conmemoran luchas emancipatorias, para incluir, como en el Día del Trabajo, a todas aquellas mujeres que, a lo largo de generaciones, han sido piezas fundamentales en la vida pública y la economía de todos los países, como un ejercicio de memoria y justicia, y, como recordatorio de la urgencia por incluir, en el marco jurídico del trabajo, a todas aquellas trabajadoras no remuneradas como lo son cuidadoras, buscadoras y jefas de familia.

Por la verdad, la memoria y la justicia.

Por el trabajo digno y remunerado para todas las mujeres.

Porque vivas y libres nos queremos.

Durante este periodo de aislamiento social es necesario pensar en la violencia que viven mujeres, niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerabilizados, es decir, la violencia machista, patriarcal y adultocentrista de la que son víctima y que se enfatiza al estar en casa, muchas veces con sus mismos agresores. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que, tan sólo en el mes de marzo, 254 mujeres fueron presuntamente víctimas de homicidio doloso, 76 de feminicidio y se recibieron 115,614 llamadas de auxilio relacionadas a violencia contra la mujer, abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, violencia de pareja y violencia familiar.

Este 30 de abril se conmemorará otro Día del Niño y de la Niña en México, día que en el contexto internacional se celebra el 20 de noviembre y que por históricas razones desde que fue suscrita la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños en 1924, la administración del Presidente Álvaro Obregón solicitó modificar en nuestro país la fecha que conmemora la protección de niñas, niños y adolescentes, decretada a partir de la vulnerabilidad y orfandad que generó en este sector la primera guerra mundial.

El 30 de abril siempre ha sido un día romantizado y con posturas institucionales negligentes que invitan a “celebrar”, silenciando las omisiones y las violencias sistemáticas a las que se enfrentan niñas, niños y adolescentes en México. Es imperativo intervenir socialmente, cuestionar cada uno de los mecanismos de atención, protección, educación, formación y acompañamiento para una niñez que tenga garantizados los derechos humanos.

Una gran deuda es garantizarles ser su propia voz y detonar su sentir, demandas y exigencias: hablamos de las niñas y los niños.

Aquella Declaración de Ginebra de 1924 se ha transformado en la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989, ratificada en 1990 y publicada en 1991 por México, contiene el conjunto de derechos que se reconoce como los derechos de la infancia, los cuales siempre deben de estar regidos por cuatro principios en todo momento, y que como todo principio de derecho humano, son indivisibles e interdependientes: La no discriminación; el interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y la participación de la niñez y la adolescencia.

Si bien en algunos aspectos hemos logrado avanzar, lo cierto es que en otros tenemos un grave estancamiento, sobre todo en materia administrativa. Ya la Suprema Corte de Justicia, a través de la Ministra Piña Hernández reconoció en noviembre del año pasado en el V Congreso Internacional de Derecho Constitucional, que la perspectiva de género y el interés superior de las y los menores han transformado y hecho progresivo el Derecho de Familia, que han generado interesantes jurisprudencias que aún falta por verlas reflejadas en la realidad administrativa y cotidiana en beneficio de niñas, niños y adolescentes en estados resistentes al cambio y a la actualización jurídica de la realidad social. De estos principios, el reto mayor se presenta en la participación, la visibilizacion y la garantía de sus derechos, la cual tiene que ser cotidiana y en todos los ámbitos del entorno de la niñez y adolescencia, debemos de trascender los ejercicios de consulta y que dichos ejercicios puedan ser vinculatorios y generar verdaderas políticas públicas respecto a todos aquellos temas que son del interés de niñas, niños y adolescentes.

Uno de esos temas pendientes es precisamente el tema de los malos tratos que lamentablemente ha puesto sobre la mesa esta contingencia. El Articulo 19 de la Convención es muy claro respecto a la obligación del Estado de proteger a niñas, niños y adolescentes de todas las formas de malos tratos perpetradas por padres, madres o cualquier otra persona responsable de su cuidado, así como de establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto.

El Ministro Zaldívar, Presidente de la Corte, recientemente insistió en que “las medidas de confinamiento… han hecho énfasis en la importancia de que los servicios de atención a las víctimas de violencia doméstica sean considerados como actividades esenciales que deben permanecer en funcionamiento, así como en la necesidad de que los sistemas de justicia sigan atendiendo estos casos como cuestión prioritaria”.

Por ello mismo, hacemos un llamado serio y urgente a las instancias locales, más allá de las medidas tomadas para evitar la propagación de la infección, tales como el cierre de oficinas, estén atentas a sus obligaciones de evitar las violencias contra niñas, niños y adolescentes recordando que en México 198 adolescentes y aproximadamente 100 niñas fueron víctimas de feminicidio en 2019, sin tener como respuesta de las autoridades una estrategia institucional articulada e integral para garantizar la no repetición como medida de reparación del daño, enfatizado en el nulo acceso de la niñez a todos los derechos que deberían ser garantizados como la alimentación, una vida libre de violencia, seguridad y protección, educación y acceso al salud integral, al bienestar y libre desarrollo, por mencionar algunos. Recordemos que México no ha logrado cumplir con las metas de la garantía en la educación pública básica en algunos estados de la República.

En el contexto de la epidemia, el Estado debe garantizar a todas las niñas, niños y adolescentes servicios especializados de protección, con personal especializado y equipado; así como líneas o mecanismos de comunicación directa para el acceso y la atención inmediata, especialmente si son víctimas de algún tipo de violencia.

Muchas y muchos analistas han puesto en el debate público que la vida cotidiana después de la crisis del COVID-19 será, por muchos motivos diferente y por ende, no puede o no debe de ser igual a la realidad actual, indolente y negligente para con la niñez y la adolescencia, este 30 de abril hagamos una conmemoración diferente y empecemos por fomentar la participación de ellas y ellos en la toma de decisiones e involucrarles en lo que será el futuro, SU futuro.

Porque vivas y libres nos queremos.

El siguiente documento es un documento público para que todas las personas interesadas puedan presentarlo para hacer frente al aumento de tarifa al transporte público en Aguascalientes.

Instrucciones:

-En las partes indicadas como [Nombre] borrar y poner el nombre de la persona interesada.-Presentarlo en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito que se encuentra en la planta baja del edificio del poder judicial de la federación que está en la salida a Calvillo frente al penal.

-Presentar el amparo en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito que se encuentra en la planta baja del edificio del Poder Judicial de la Federación (Salida a Calvillo)

Link de descarga: amparo transporte público acceso general

• El documento será público y podrá ser encontrado en las plataformas del Observatorio.
• Las personas interesadas podrán llenarlo y presentarlo de manera personal en las oficinas correspondientes.
• Es una herramienta ante un aumento que favorece la violencia social y económica.

El reciente aumento a la tarifa del transporte público en Aguascalientes es una forma de violencia social y económica para distintos sectores de la población que sobrevive con los ingresos mínimos en una economía precarizante y centralizada. Ante ello, como parte de las acciones sociales y jurídicas necesarias para hacer frente a este tipo de violencias, el equipo jurídico del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes presentará, este lunes 27 de enero, un amparo de acceso público que permita, para quien así lo desee, contar con una herramienta para hacer frente a este aumentó a la tarifa del transporte público.

“En este caso no hablamos de un amparo público, sino de una demanda de amparo de fácil llenado para que cualquiera que tenga interés en promover su amparo lo pueda hacer. De tal suerte que no necesiten acudir con algún o alguna abogada. La demanda está redactada en lenguaje comprensible para que las personas que lo utilizarán y no están familiarizadas con lenguaje jurídico comprendan el documento que van a firmar”, puntualizó Luis Dena, integrante del equipo jurídico del Observatorio.

De acuerdo con el abogado del Observatorio, “el argumento central del amparo es la falta de asequibilidad del transporte público. La constitución mexicana contempla, en su artículo primero, el principio pro-persona que, para este caso, debe entenderse como la necesidad de brindar la más amplia protección de derechos fundamentales, acudiendo incluso a aquellos derechos que, sin estar contemplados en la constitución de forma directa, se encuentran recogidos en ordenamientos diversos como es el caso de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes. La ley de movilidad establece en su artículo 5°, Fracción I, el principio de accesibilidad universal, este principio busca que el transporte público esté al alcance de toda la ciudadanía”, continuó.

El Observatorio presenta este amparo ya que es el instrumento más eficaz para la protección de los derechos humanos que contempla nuestra legislación, de acuerdo con el abogado Luis    Dena, el amparo será un documento público, cuyo formato podrán encontrar en las plataformas del Observatorio y le servirá a todas aquellas personas interesadas, únicamente tendrán que llenar los espacios en blanco con su información correspondiente, firmarlo y presentarlo, con copia de identificación personal y cuatro copias del documento en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en Aguascalientes.

Este aumento es parte de las distintas violencias institucionales del Estado, carente de análisis desde los derechos humanos y perspectiva de género, siendo un detonante de la violencia social y en detrimento de las poblaciones vulnerables, finalizó Mariana Ávila Montejano, presidenta de la mesa directiva del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.

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Las acciones públicas de protesta que hemos emprendido a través del tendedero de agresores de Aguascalientes tienen por objetivo construir un ejercicio para que las mujeres que hemos sido víctimas de distintas violencias en distintos espacios de nuestra vida, podamos denunciar sin temor a más violencia o represalias, al señalamiento social y la impunidad.

Son acciones que nos permiten recuperar nuestra voz y sobreponernos a la impunidad social e institucional que favorece a los agresores y nos relega al olvido, al miedo, nos coacciona a abandonar nuestras denuncias, a tener vergüenza por estar enojadas, por nuestros duelos.

Nuestro último tendedero ha traído consigo una serie de mensajes que buscan amedrentarnos, intimidándonos con posibles denuncias, con chantaje emocional y “moral”, como si las agresoras fuéramos nosotras y las denunciantes y no los hombres que nos han golpeado, acosado, violado, asesinado, como si el gran enemigo fuéramos nosotras y nuestras abuelas, madres, hermanas, amigas e hijas que lloran nuestras ausencias, los golpes en nuestros cuerpos, el abuso.

Este posicionamiento es para las abuelas, madres, hermanas, hijas, amigas y compañeras de los distintos hombres agresores que han sido denunciados en estas acciones públicas de denuncia.

Abuelas madres, hermanas, hijas, amigas, compañeras:

– No es su culpa y no es su responsabilidad, la socialización masculina de una sociedad patriarcal y violenta es la responsable de la violencia de los agresores y su impunidad.

– No queremos vulnerarlas y colocarlas en situaciones que las dañen de alguna forma.

– Entendemos el difícil proceso de confrontación psicosocial que implica ver las fotos de los agresores. Las acompañamos.

– Les creemos a las denunciantes. En un país que no nos cree, que incluso muertas no nos da justicia y justifica a nuestros asesinos, creerles a las mujeres es el primer paso para la verdad y la justicia.

– Les creemos a ellas.

– Si nos necesitan estaremos con ustedes acompañándolas.

– Sus nietos, hijos, hermanos, padres, amigos y compañeros agresores no van a gozar del beneficio de nuestro silencio, de la impunidad del pacto patriarcal.

– Todos los agresores necesitan reestructurar sus procesos de socialización y violencia, afrontar las consecuencias de sus acciones violentas.

– Los agresores son ellos, no ustedes.

Porque el silencio no nos protege

Porque vivas y libres nos queremos.

 

El sábado 30 de noviembre y el domingo 01 de diciembre se llevará a cabo el Primer Encuentro Nacional de Mujeres que Buscan en Aguascalientes capital. Este encuentro fue convocado por el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes con el objetivo de favorecer la articulación de mujeres que, desde organizaciones, colectivos o individualmente, permanecen en la búsqueda de sus hijas, hijos o familiares víctimas de desaparición forzada.

“Este es un ejercicio colectivo que busca fortalecer redes de apoyo entre distintas mujeres, activistas o no, que con sus herramientas y desde distintos espacios buscan a sus hijas, hijos o algún familiar que fue víctima de desaparición forzada, y también, darles herramientas básicas para el fortalecimiento de su búsqueda desde la experiencia de otras organizaciones, otras buscadoras y otros activismos” comentó Violeta Sabás, coordinadora del OVSG.

“El interés por lograr este primer encuentro nacional, se enfatiza en el contexto Estatal y Nacional de desapariciones forzadas, instituciones omisas y violencia de género, buscamos un espacio que nos permita organizarnos y articularnos con otras mujeres que luchan por la verdad, la memoria y la justicia”, enfatizó Mariana Ávila Montejano, presidenta de la mesa directiva del Observatorio.

Las actividades que se llevarán a cabo durante estos dos días incluyen conferencias, talleres, una manifestación y mesas de trabajo alrededor del trabajo de cada una de las asistentes, los derechos de las víctimas de desaparición forzada y sus familias, así como de los instrumentos jurídicos en México de los derechos de las personas activistas, defensoras de derechos humanos y buscadoras.