Al Gobierno Estatal

A la Fiscalía General del Estado

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Desde 2010 la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha puesto su atención en Aguascalientes en el tema de tortura, de esto da cuenta el “Informe 1/2010 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre lugares de detención e Internamiento que dependen del Gobierno del Estado de Aguascalientes”  dirigido al ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat, dicho informe daba cuenta de las omisiones en la prevención, erradicación y sanción de este delito en el Estado, destacando, también, la ausencia de mecanismos de denuncia que permitieran a las víctimas de tortura el acceso a la verdad y la justicia.

Sin embargo, en el Estado, a través de Instituciones carentes de perspectiva de Derechos Humanos y funcionariado público poco capacitado, este delito nuevamente coloca a Aguascalientes y a la Fiscalía del Estado en una situación crítica en lo referente al respeto íntegro de los Derechos Humanos de todas las personas, esto a través de la Recomendación 17VG/2019 sobre “La investigación de violaciones graves a los Derechos Humanos a la legalidad, seguridad jurídica y a la libertad personal por la detención arbitraria; a la seguridad e integridad personal por actos de tortura; a la seguridad e integridad personal por tratos crueles, inhumanos y/o degradantes; a la seguridad personal e integridad sexual por actos de tortura y violencia sexual; así como al acceso a la justicia y a la verdad en agravio de las víctimas por parte de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes”, girada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Esta recomendación gira en torno a los testimonios de más de 50 víctimas y quejosos que sufrieron actos de tortura, tanto para firmar documentos de auto incriminación, como en casos en los que pese a haber reconocido su participación en hechos delictivos, eran también torturadas y torturados.

El documento de la CNDH emite una serie de recomendaciones que desde el Observatorio de Violencias Social y de Género exigimos sean implementadas, estas referentes a la investigación, sanción y reparación de las distintas violaciones a Derechos Humanos de las víctimas.

En este sentido, no sólo se debe reconocer la omisión que prevalece desde 2010 en la prevención, erradicación y sanción del delito de Tortura y otros que atenten contra la dignidad de todas las personas en todos los espacios de impartición de justicia, sino también, dar garantías de una investigación diacrónica que dé cuenta de la actuación particular de funcionarios y funcionarias públicos en la comisión de este delito.

Por lo tanto, el Estado y la Fiscalía, en su obligación local, nacional e internacional en lo relativo al respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, deben

• Emitir una respuesta pronta e imparcial en el plazo emitido para aceptar la recomendación de la CNDH.
• Garantizar la seguridad de todas las víctimas que sufrieron actos de tortura.
• Garantizar el acceso al Fondo de Víctimas a quienes sufrieron de la comisión de este delito.
• Investigación imparcial de todo el funcionariado público señalado en las denuncias de las víctimas.
• Que las investigaciones den cuenta de la actuación particular de cada funcionario público en todos los niveles de gobierno de administraciones pasadas, presentes y futuras.
• Reparación y garantía de no repetición para todas las víctimas de tortura.
• Que funcionarios públicos señalados en esta investigación no participen nuevamente en algún cargo que involucre la atención a víctimas y la impartición de justicia.
• Que las instituciones de impartición de justicia y de atención a víctimas estén integradas por personal con el perfil adecuado y capacitado en perspectiva de género y derechos humanos.

La omisión histórica de Aguascalientes y sus instituciones en la prevención, erradicación y sanción de la tortura es uno de los principales obstáculos en la garantía de verdad y justicia para todas y todos.

Porque el silencio no nos protege

Porque viva y libres nos queremos.

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes

A la Fiscalía General del Estado

La semana pasada se hizo pública información referente al caso del tráiler localizado en Jalisco donde se encontraron personas sin vida no identificadas, esta información hacía mención de que, producto de distintas pruebas genéticas, el cuerpo de una persona de Aguascalientes había sido identificado, las notas y también las declaraciones del Fiscal del Estado indicaban que la familia de la persona ya había sido contactada.

Resultan, producto de las notas y declaraciones, una serie de dudas de Colectivo de Familias de Personas Desaparecidas de  Aguascalientes y que acompaña el Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado, esto ante la falta de comunicación entre las familias y las autoridades, ya que si bien nos adherimos al respeto del derecho a la protección de datos personales y la no revictimización de la familia de la persona identificada, resulta fundamental que se informe referente a cuál de todos los procesos de toma de muestras pertenece la identificación del cuerpo y en consecuencia, las Familias de personas desparecidas en el Estado puedan ser informada del seguimiento respecto a las pruebas genéticas que a ellas se les hicieron. Que las autoridades les confirmen personalmente que su familiar no fue identificado en los cuerpos localizados en Jalisco. Necesitan información y certezas que no llegan.

Pese a distintos mensajes institucionales emitidos por distintas autoridades que apuestan por transparencia, comunicación y diálogo, la información brindada a las familias sigue resultando insuficiente, generando mayor incertidumbre para ellas, que debido a la ausencia de alguna autoridad que se comunique, tienen que recurrir a otras formas de información a fin de encontrar elementos que les permitan conciliar la angustia y desesperación, y, entonces, continuar la búsqueda.

Es urgente que las autoridades se comuniquen con las familias, que establezcan un diálogo que ofrezca certezas, por ello instamos a las instancias correspondientes a:

• Informar a las familias sobre el seguimiento a las pruebas genéticas que se les realizaron en Jalisco.
• Comunicarse directamente con cada una de las familias de los casos del Colectivo de Familias de Personas Desaparecidas de Aguascalientes a fin de informarles si su familiar fue localizado, o no, en el caso del tráiler de Jalisco.
• Establecer canales de comunicación que, en casos de incertidumbre como este, informen y actualicen a las familias.

Hace falta información, hacen falta mecanismos que otorguen certezas y no revictimicen a las familias de personas desaparecidas en el Estado.

Porque el silencio no nos protege

Porque no están solas

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.

A los mismos de siempre

Ha sido del conocimiento público los testimonios de intentos de secuestro de mujeres cerca de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, visibilizando, nuevamente, la crisis de seguridad para las mujeres del Estado.  Esto surge en el contexto de múltiples testimonios de mujeres que han sido víctimas de estos intentos en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo-Metro en la Ciudad de México, al mismo tiempo, hemos visto la desarticulación local y federal para una reacción inmediata a esta crisis de violencia.

Al mismo tiempo, en distintos medios de comunicación y plataformas digitales, así como desde distintas instituciones, han salido a decir que todo no es sino información falsa y un intento de generar psicosis colectiva.

Sin embargo, hemos de enfatizar que la violencia de género, las desapariciones, feminicidios, violencia sexual en el ámbito público y privado, violencia doméstica, violencia social, política y económica contra las mujeres de Aguascalientes no es algo de ayer, es un problema estructural imbricado en discursos androcéntricos validados por la alianza patriarcal de hombres, de funcionarios e instituciones misóginas y revictimizantes.

Nos están desapareciendo, nos están matando y esa es la realidad en México y en Aguascalientes para las mujeres. Nuestros cuerpos son usados, lastimados y desaparecidos por la omisión y negligencia de todos los órdenes de gobierno, por su insistencia en negar esta realidad y protegerse entre sí.

Es reprobable el intento de deslegitimar esta serie de denuncias en el Estado, es violento llamar psicosis a la realidad de las mujeres aguascalentenses y es deleznable que ninguna funcionaria o funcionario público y que ninguna institución haya salido ya a pronunciarse públicamente por esta crisis de seguridad, que insistimos, no nace y se termina en las denuncias públicas de mujeres víctimas de estos intentos de secuestros.

No hace falta sino revisar los casos que acompaña el Observatorio para dar cuenta de la deuda que tiene el Estado con las mujeres, es inconcebible que la realidad siga siendo objeto de duda y que, mientras tanto, nos sigan desapareciendo y asesinando.

Ante esta crisis de seguridad que ciertos sectores de la sociedad intentan negar y a la cual no ofrecen ninguna respuesta articulada y conforme a los protocolos establecidos, y se limita a tomar estos cosos como hechos aislados, con medidas de forma y no de fondo, llamamos a:

• Exigir a todas las instituciones y a todo el funcionariado público de todos los rangos y de todas las áreas, a presentar su plan de acción y pronunciarse al respecto.
• Que el Estado de Aguascalientes, a través de todos sus niveles de gobierno, articule un plan de acción para atender las violencias que vivimos las mujeres.
• Que ninguna denuncia sea ignorada, que ningún testimonio sea desacreditado bajo las líneas discursivas del patriarcado.

Nuestra seguridad es responsabilidad del Estado y que recaiga en nosotras el cuidado público da cuenta de funcionarias y funcionarios incapaces de ofrecernos seguridad. La respuesta pública no debería ser brindar “recomendaciones” de cuidado, sino reorganización de las estrategias estatales para garantizar nuestra seguridad.

Hasta entonces, la organización colectiva de mujeres es necesaria, el cuidado de nuestras pares resulta fundamental.

Porque estamos solas,

Porque nos han dejado solas.

Vivas y Libres nos queremos.

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes

El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes acompaña distintos casos relacionados con la Patria Potestad y la Guarda y Custodia de hijas e hijos de mujeres víctimas de Feminicidio en el Estado. Sin embargo, durante estos procesos jurídicos específicos, se han identificado una serie de omisiones por parte de los Juzgados Familiares del Poder Judicial del Estado que vulneran los Derechos Humanos de esas niñas, niños y adolescentes.

La patria potestad se ejerce sobre la persona y bienes de las y los hijos, implica la guarda, cuidado, formación y educación, esta puede ser ejercida por la madre, el padre o a falta de ambos, sus ascendientes en segundo grado (abuela y abuelo maternos o paternos).

Sin embargo, en los casos de muertes violentas de mujeres, cuando el padre está siendo investigado o procesado penalmente por el delito de feminicidio de la madre o bien, en los supuestos de ausencia paterna que resulta en el incumplimiento de las responsabilidades que derivan del ejercicio de la patria potestad, las y los jueces deben observar y garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes a través de un juicio pronto y expedito de reconocimiento de Patria Potestad, Guarda y Custodia que tramitan la abuela y abuelo maternos o paternos, quienes, en los casos específicos que acompaña y litiga el Observatorio, se encargan del cuidado y atención de las y los niños y adolescentes por la violencia, irresponsabilidad o ausencia paterna.

El tiempo que tardan los Juzgados Familiares, desde el proceso de notificación, las publicaciones de Edictos, que además representan un gasto para las familias, hasta el reconocimiento de la guarda y custodia, lleva meses y en algunos casos, años, lo que implica una obstaculización en la garantía y ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes.

La lentitud en estos procedimientos y la falta de una sentencia que reconozca a las abuelas y abuelos la Patria Potestad, Guarda y Custodia, dificulta que puedan garantizarles efectivamente a las niñas, niños y adolescentes su derecho a la educación, salud, esparcimiento y atención médica.

Los Juzgados Familiares del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes no están aplicando los instrumentos locales, nacionales e internacionales sobre Derechos Humanos que garanticen el Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes, justificándose en su obligación de notificar a los padres que están acusados o siendo procesados por feminicidio o ausentes, están vulnerando los derechos humanos de estos últimos de niñas y niños, generando, además, vulnerabilidad a la familia materna que está a cargo de sus nietas o nietos, sin poder darles la protección íntegra debido al desgastante proceso.

La insistencia de los Juzgados Familiares en la búsqueda de los padres ausentes que incurren en irresponsabilidad paterna es resultado de la falta de perspectiva de género y derechos humanos en la administración de justicia que desatiende y vulnera a niñas, niños y adolescentes.

• Pedir la intervención federal en el proceso de investigación de desaparición forzada, ante la omisión y la posible complicidad de autoridades locales.

• Conducirse con estricto apego a los protocolos relacionados con desapariciones forzadas.

• Dejar fuera de la investigación las opiniones y percepciones personales.

• Evitar, a través de cualquier comentario que aluda a la personalidad del acusado, la revictimización de la víctima y su familia.

De acuerdo con organismos internacionales, la desaparición forzada es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley, es decir, detrás de las desapariciones forzadas hay un red de instituciones y servidores públicos que operan desde la impunidad.

Durante los últimos días ha sido del conocimiento público el caso del policía ministerial Jaime Tejada Ponce, alias “comandante Rojo”, como responsable de la desaparición forzada de un hombre el año pasado. También, ha sido del conocimiento de todas y todos, su muerte dentro de las instalaciones del Centro de Reinserción Social para varones de Aguascalientes, y con ello, la posibilidad de acceso a la verdad y la justicia para la víctima de desaparición forzada y su familia ha sido, nuevamente, obstaculizada.

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado hemos sido enfáticas en denunciar irregularidades en las investigaciones, la falta de preparación de servidoras y servidores en la atención a víctimas, constantemente hemos denunciado la ausencia de seguimientos de los protocolos necesarios en determinados casos, así como el retraso de las investigaciones de las personas desaparecidas en Aguascalientes, negligencias que vulneraron la cadena de custodia, donde los testigos cambian de domicilio, favoreciendo la revictimización e impunidad, y con ello la ausencia de verdad y de justicia para las víctimas y sus familias.

En el caso del policía ministerial y su relación con la desaparición forzada no sólo destaca su relación directa con el Estado y las instituciones de impartición de justicia en Aguascalientes, sino que, además, la evidencia fue aportada por la esposa de la víctima a través de los medios de comunicación, hecho que visibiliza, una vez más, el nulo respeto al principio de oportunidad de la debida diligencia y la ausencia de instituciones seguras y funcionariado público capacitado en atención a víctimas.

Este caso público nos alarma porque devela el principal lazo de las desapariciones forzadas: el Estado y sus instituciones, que, por autorización, apoyo e ignorancia, han sido participes en la crisis de seguridad que se vive en el Estado. En este caso, surgen preguntas que es necesario sean respondidas por los poderes estatales de esta y de pasadas administraciones en las cuales participó Jaime Tejeda Ponce, a fin de garantizar que, pese a la muerte del policía ministerial, la investigación por desaparición forzada siga su curso, que se investigue a funcionarias y funcionarios públicos de alto rango, y que se garantice, a través de los lineamientos nacionales e internacionales, instituciones de impartición de justicia apegadas a los Derechos Humanos.

Exigimos, por tanto:

– Una investigación exhaustiva de la persona que fue desaparecida por el policía ministerial, a fin de poder localizarla.

– Que se garanticen las medidas de seguridad para su familia.

– Que sean investigados otros casos en los que pudo existir la participación de Jaime Tejeda Ponce y sus colaboradores en la desaparición forzada de más personas en Aguascalientes.

– Medidas de seguridad para las familias de personas desaparecidas que han señalado anomalías en las investigaciones de sus casos.

– La investigación de la cadena de custodia del director del CERESO.

– Investigación en todas las instituciones de seguridad de las que formó parte el policía ministerial.

En un estado de crisis de seguridad, no podemos permitir que la impunidad se imponga como respuesta ante la exigencia de verdad y de justicia para todas las víctimas y sus familias.

Porque no están solas

Porque vivas y libres nos queremos.

El Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) ratificó y amplío su denuncia por conflicto de interés y por violentar el principio de Parlamento Abierto ante la Contraloría Interna del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. 

 Reiteramos que esta es la primera denuncia a nivel estatal y nacional presentada por una organización civil ante el Sistema Anticorrupción, que en Aguascalientes remitió el tema a la Contraloría Interna del Congreso. 

Daremos seguimiento al conflicto de interés de la diputada panista Paloma Amézquita y el Director General de Servicios Parlamentarios, Javier Soto, con el Frente Nacional por la Familia (FNF). Así como las violaciones al principio de Parlamento Abierto que ocurrieron, por ejemplo, en el proceso legislativo durante la presentación y discusión de la iniciativa de reforma a los artículos 2 y 4 de la Constitución Estatal, que buscaba obstaculizar el avance a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

En principio el OVSG busca fortalecer el mecanismo de vigilancia y seguimiento al que tiene derecho la ciudadanía respecto de los trabajos del Poder Legislativo, ante la omisión de sus obligaciones de transparencia -descritas en el Artículo 55 y 57 de la Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública- al no actualizar los datos que por ley deben ser públicos en la página oficial del Congreso del Estado: http://www.congresoags.gob.mx/Deputy. 

Demandamos, como objetivo principal, que el Congreso del Estado trabaje de forma transparente y abierta en todos los procesos legislativos y se rija bajo los principios de Parlamento Abierto descritos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, que deben contar con mecanismos para garantizar transparencia, máxima publicidad, el derecho al acceso de la información, apertura gubernamental, participación ciudadana y rendición de cuentas. 

El Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) le recuerda a la Fiscalía General del Estado investigar como base mínima bajo los lineamientos establecidos en el Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género de Muertes Violentas de Mujeres en el Estado de Aguascalientes -publicado en el Periódico Oficial del Estado el 11 de septiembre del 2017-, pero sobretodo de acuerdo a lo establecido en el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (feminicidio), cualquier caso que suceda en la entidad, como el ocurrido el viernes 4 de enero en el municipio de Cosío, cuando se registró la muerte de una niña de diez años.

Con base en los lineamientos del Modelo de Protocolo Latinoamericano, la investigación debe ser exhaustiva, esto es, debe agotar todos los medios legales disponibles y estar dirigida a la determinación de la verdad, la captura, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables.

Es indispensable distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Y en el caso de muertes violentas de mujeres o de suicidio, el equipo investigador debe presumir que se trata de un feminicidio.

Los casos socializados como suicidios de mujeres deben ser investigados bajo las indicaciones del Modelo de Protocolo Latinoamericano por tres razones fundamentales: La violencia feminicida es una realidad cotidiana que representa a 9 mujeres y niñas asesinadas cada día en nuestro país; la violencia directa manifestada en muertes violentas de mujeres surge de una continium de violencia y omisiones institucionales que en todos los casos pudo ser evitable.

Además, las autoridades encargadas de la procuración de justicia tienen antecedentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que les han obligado a reponer investigaciones por no investigar con perspectiva de género y archivar casos de muertes violentas de mujeres como suicidios. 

Mientras que en los Aspectos Fundamentales del Protocolo estatal -el cual cuenta con diversas inconsistencias-, se obliga a la Fiscalía General del Estado a hacer una exhaustiva investigación tomando en cuenta el entorno y contexto socio-cultural de la víctima y sus probables antecedentes de violencia en cualquier ámbito, los perfiles de personalidad de la víctima y la interpretación de indicios y/o evidencias de índole imputado.

Según información de medios de comunicación, la muerte de la menor fue confirmada por autoridades estatales aproximadamente a las 22:40 horas del viernes 4 de enero. Por la mañana del sábado 5, los medios confirmaron el motivo definitivo de la muerte y poco antes de las 12 del día la Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección General de Investigación Pericial, dio a conocer el mecanismo y la causa de la muerte. Sin embargo, en un plazo de 12 horas no es posible determinar la muerte violenta de una mujer habiendo tomado en cuenta las investigaciones que deben realizarse siguiendo los protocolos establecidos.

El OVSG seguirá señalando las irregularidades e ineficiencias de las autoridades investigadoras, que invisibilizan la violencia de género y obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres.

Comenzamos un año más, uno donde no estamos todas, donde no estamos todos.
Les seguimos buscando.
https://bit.ly/2TvkfG1
#NoEstánSolas