Para descargar el reportaje en formato PDF, pueden hacerlo aquí: #MeToo.

El movimiento del #MeToo en México puede leerse, en parte, como un catalizador del sistema, una desestabilización de las formas patriarcales y normalizadas de relacionarnos; además de una respuesta a la negligencia de las autoridades en la creación de instancias ideales para el acceso a la justicia de las mujeres.

En un ejercicio de reflexión, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) platicó con tres especialistas sobre el significado del #MeToo: sus causas, sus consecuencias y sus valores.

Desde diversas aristas, Cynthia Galicia, ombudsperson del Senado de la República; Andrea Medina, abogada feminista; y Ximenta Antillón, sicóloga integrante de Fundar, especialista en el acompañamiento psicosocial a familiares y víctimas de violaciones a derechos humanos, violencia de género y violencia política, nos explican los motivos del movimiento y la necesidad de respetar el derecho a la confidencialidad en un país que mantiene formas letales de violencia contra las mujeres.

Cynthia Galicia: El respeto (legal) a la confidencialidad

Para entender el #MeToo, primero se tienen que explicar las razones por las que el movimiento  tuvo lugar en México y en qué condiciones se generó. Cynthia Galicia lo explica así:

“Yo creo que el movimiento, que es algo internacional, plantea la incapacidad del estado de dar una respuesta. En México nos han estado dando paliativos con leyes que no operan y servidores públicos que obstaculizan el derecho de acceso a la justicia de las mujeres. En ese sentido, es un movimiento que habla sobre justicia para las mujeres y crea espacios de justicia alternativa para ellas.

“El #MeToo también habla sobre la falta de recursos legales para denunciar un problema que vivimos todas las mujeres en la vida cotidiana, como es el acoso sexual. Y que tiene que poner en alerta a las autoridades, tenemos que contar con los mecanismos legales ideales para que las mujeres podamos hacer denuncias en condiciones de seguridad y con la seguridad de que no habrá impunidad por parte de las autoridades. El estado tiene que reconocer al acoso sexual como un problema público.

“Además, hay muchas razones por las que las mujeres no denuncian, pueden ser sociales, culturales y personales. Y tienen mucho que ver con el contexto de violencia feminicida en el que estamos actualmente insertas. Sabemos que hay corrupción e impunidad generalizada en el estado, y que éste manda un mensaje de permisividad social y cultural de la violencia contra las mujeres y del acoso en específico”, dice.

La falta de instancias ideales para que las mujeres puedan presentar denuncias de manera segura, abre la puerta de discusión respecto de la necesidad imperante de respetar el derecho de confidencialidad de las víctimas. Para discutirlo, es fundamental conocer lo estipulado en la Ley General de Víctimas, en su Artículo 5, que estipula la presunción de la Buena Fe:

“Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos”.

¿Qué significa la confidencialidad y por qué las víctimas no están obligadas a denunciar?

-Ha habido mucha confusión respecto de una víctima y una denunciante de un delito. El estatus de víctima te lo da el solo hecho de haber sufrido un agravio, aún y cuando éste no esté contemplado en la legislación. La calidad de víctima implica que en el momento en el que denuncias un agravio, aún y cuando no tengas la voluntad de denunciarlo, las autoridades tienen que prestarte el apoyo, ayuda psicológica, contención y asesoría legal. Es un derecho de las víctimas de violencia, así como las medidas de protección, que tampoco están condicionadas a que presentes una denuncia legal.

Para garantizar el derecho de las víctimas éstas no tienen que convertirse en denunciantes. En el caso de una queja administrativa escolar, no es obligación denunciar, las autoridades tienen la misma obligación de brindarle las garantías a las víctimas, sobretodo de confidencialidad, que es un derecho complejo porque tiene que ver con la intimidad: es el derecho de que nadie conozca tus datos personales.

Ahora, en la ley la confidencialidad lo que ha implicado en materia de derechos humanos de las mujeres, es justamente el derecho a tomar la decisión sobre si quieres o no dar tus datos a las autoridades, por lo que esto significa. En el caso de las menores de edad todas las investigaciones deberían ser de oficio, sin necesidad de llamar a la víctima. La mayoría de los acosos sexuales ocurren, desafortunadamente, a temprana edad, es decir, entre las niñas de 14 a 17 años que están en secundarias, preparatorias o universidades, sobretodo las públicas. Cualquier persona que se enterara de alguna situación así, tendría que dar vista a las autoridades y éstas deberían investigar de oficio.

Esta idea de que es ilegal hacer una queja anónima es completamente falsa, está en el marco de la ley si contemplamos los derechos humanos. Cito la recomendación 35 de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW), que específicamente le ordena al Estado Mexicano que recuerde a las autoridades, de todos los niveles, que la confidencialidad es un derecho de las víctimas y que tienen que trabajar para que así sea, porque sin ella se puede poner en riesgo a las víctimas.

Las autoridades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes han privilegiado la presentación de una denuncia para poder actuar, ¿están siendo irresponsables?

-Hay obligaciones concretas, en el caso de las universidades públicas están sujetas a cumplir los códigos de ética de la administración pública, ya sea federal o estatal. Además de contar con un órgano interno para dar seguimiento a los casos de acoso. Hay muchas regulaciones que tienen como fin crear comités de ética, que haya un ente imparcial que investigue como la Ley General del Trabajo, la Norma 025 para la igualdad laboral. Y además se debe investigar de oficio, sin denuncias. Por ejemplo, poner buzones en donde las mujeres puedan depositar  quejas anónimas, considerando que es un derecho de las mujeres y considerando la relación jerárquica que existe siempre entre los agresores y las víctimas. Sería un buen inicio.

En el caso de una mujer y un hombre siempre se acredita la relación jerárquica y de poder por los roles y estereotipos en los que las mujeres y los varones estamos insertos en una sociedad patriarcal. Cuando una mujer habla de violencia sexual, ella misma es la prueba.

Autoridades y sobretodo, hombres, han puesto en la mesa el derecho a la presunción de inocencia, ¿cómo se puede responder a eso?

-La presunción de inocencia se confunde, el derecho del agresor a la presunción de inocencia no se viola mediante la denuncia de la víctima, se viola mediante la falta de un debido proceso y de que haya medios ideales para darle seguimiento a esa denuncia o esa queja ante instancias legales, pero si no existen instancias ideales para presentar denuncias, no está mal que la denunciante utilice medios electrónicos y anónimos. Si no existen las instancias ideales entonces hay una irresponsabilidad y violación a los derechos humanos de las mujeres por no crear medios ideales para denunciar.

La presunción de inocencia no es algo que se tenga que probar, así como la víctima no tiene por qué probar los hechos que está denunciando y ambas tienen derecho a un debido proceso. No hay relación entre la presunción de inocencia y la calidad de la víctima, porque ésta es víctima sin necesidad de interponer una denuncia y en el caso de las escuelas, las autoridades deben investigar de oficio. Para alegar presunción de inocencia se tiene que estar en un proceso legal, el #MeToo no los señala como culpables de un delito, se les denuncia como responsable de lo que la víctima dice que es responsable, que no es lo mismo que un delito. La víctima tiene derecho de hablar de lo que le pasó y nadie la puede obligar a dar sus datos personales.

Si un hombre no quiere ser afectado legalmente por estos casos, la mejor forma de protegerse es no violentar a las mujeres. Lo que no pueden hacer es decir que son y pedir su presunción de inocencia sin enfrentar ningún proceso legal, porque no están inmersos en un asunto legal, no tienen que probar su inocencia frente a la víctima. El problema es que los agresores quieren alegar presunción de inocencia frente a la víctima y no, eso es frente a las autoridades, cuando los mecanismos permiten la presentación de denuncias.

 En la siguiente entrega, Andrea Medina, abogada feminista, hablará sobre los protocolos de actuación y la necesidad de que éstos sean operados por personas capacitadas en derechos humanos y con perspectiva de género.

Para citar este reportaje: 

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, (2019), #MeToo: Desestabilizar para transformar, Aguascalientes, México. 

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Para citar este reportaje:

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, (2019), Abortar en Aguascalientes: un derecho no respetado, Aguascalientes, México.

Para descarga aquí: Abortar en Aguascalientes

Abortar en Aguascalientes: un derecho no respetado

Una madrugada de marzo del 2014, Paola, de 20 años, con un embarazo de 25 semanas, ingresó al Hospital de la Mujer por presentar fuertes dolores en el vientre. Tras parir un producto de sexo masculino, el personal médico solicitó la intervención del Ministerio Público luego de que el producto falleciera a los 15 minutos de nacido por prematurez extrema.

Su caso fue judicializado sin que ella supiera el delito por el que se le acusaba. Cuando se encontraban al interior del Hospital, policías ministeriales la interrogaron a ella y a su padre. Días después, el padre de Paola se vio en la obligación de contratar a un abogado particular y así pudo conocer que se había abierto una carpeta de investigación en contra de su hija.

Al paso de siete meses, policías ministeriales acudieron al domicilio de Paola con una orden de aprehensión, y aunque se presentó un amparo para conocer el delito por el que se le acusaba, no se recibió ninguna información.

Un año después, Paola supo que se le acusaba del delito de aborto doloso. El juez determinó que no había pruebas suficientes para acusarla, pero el Ministerio Público impugnó y buscó presentar más pruebas. Tras un proceso legal, el juez resolvió cerrar el caso.

Este es un testimonio que fue acompañado legalmente por GIRE y que está contenido en el estudio La criminalización del aborto en México. Como este caso, se relata también el de Irene, una mujer de 21 años de edad que fue acusada por el mismo delito tras presentar un sangrado transvaginal. La acusación en su contra y la prohibición de salir del país debido a la apertura de una carpeta de investigación penal, mermó oportunidades de crecimiento para Irene, como obtener una beca y estudiar en el extranjero.

Como Paola e Irene, existen otros miles de casos no conocidos por las autoridades y las organizaciones civiles en donde los derechos de las mujeres son violentados cuando se ven relacionadas en casos de abortos inducidos o no inducidos.

Pese a la existencia de leyes que protegen el derecho al aborto en los casos permitidos por el Código Penal del estado de Aguascalientes, en la entidad no existen protocolos ni procedimientos abiertos para que las mujeres puedan acceder al aborto de una manera legal y segura, sin el riesgo de ser criminalizadas.

Hasta hoy, el ordenamiento penal permite el aborto cuando el producto ocasione un peligro de muerte para la madre o cuando el embarazo haya sido causado por una violación sexual. Sin embargo, en este último caso, las autoridades judiciales y de salud obstaculizan la decisión de las mujeres cuando deciden abortar o acceder a los derechos estipulados en la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005.

¿Qué dice la NOM 046? Que en los casos de violación sexual en donde exista un producto “las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación; en caso de ser menor de 12 años de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”.

Además, “el personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5, de la Ley General de Víctimas”, misma que señala que las mujeres víctimas de violencia tienen el derecho de interponer una denuncia, pero no constituye una obligación hacerlo. Esta decisión no debe obstaculizar el derecho de que la mujeres reciban la atención médica y psicológica necesaria.

Aunque la Norma Oficial respeta el derecho de objeción de conciencia de las y los médicos, también obliga a las instituciones de salud públicas a “contar con médicos y enfermeras capacitados no objetores de conciencia. Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera prestar el servicio de manera oportuna y adecuada, se deberá referir de inmediato a la usuaria, a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con infraestructura de atención con calidad”.

Y añade: Corresponde a las y los prestadores de servicios de salud informar a la persona afectada sobre su derecho a denunciar los hechos de violencia que se presenten, así como de la existencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de las Comisiones Ejecutivas de las entidades federativas o sus equivalentes y de los centros de apoyo disponibles, responsables de orientar a las víctimas sobre los pasos a seguir para acceder a los servicios de atención, protección y defensa para quienes sufren de violencia familiar o sexual, facilitando y respetando la autonomía en sus decisiones e invitando a continuar el seguimiento médico, psicológico y de trabajo social.

En Aguascalientes, la violación sexual es un problema latente y grave. Según información publicada por el medio de comunicación Proceso, “Carmen Aranda Márquez, titular de la Unidad de Atención Integral a la Mujer del Centro de Justicia para Mujeres, adscrito a la Fiscalía General del Estado, durante durante 2018 hubo más de un centenar de casos de mujeres, niñas y niños víctimas de violación sexual en Aguascalientes. De estos el 50% de los casos corresponde a violaciones sexuales contra niños y niñas” (sic).

Del total de las denuncias, 7.3% son violaciones contra varones, mientras que  contra mujeres la cifra asciende al 92.7%. En el 70% de los casos, los agresores son padres, esposos, padrastros, tíos, hermanos, abuelos y otros hombres cercanos a la víctima.

De acuerdo a información obtenida por el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), en Aguascalientes no existen las condiciones necesarias para que una mujer víctima de violación sexual acceda al aborto en términos de la ley y respetando su libre decisión, ni médicos no objetores de conciencia que realicen este procedimiento.

La actuación de las autoridades es omisa, viola los derechos humanos de las mujeres, y las orilla a tomar decisiones que pueden afectar su salud, basadas en dogmas religiosos y estigmas sociales. De acuerdo a la misma nota, la ministerio público, María Lila Medel Hernández, adscrita al Centro de Justicia para Mujeres, perteneciente a la Fiscalía General del Estado; señaló que se han registrado al menos dos casos en donde menores de edad llevaron a término su embarazo, ocasionado por una violación sexual, y en uno de ellos el producto falleció porque era muy chica la niña”.

Los casos que han solicitado el aborto tras una violación sexual o por libre decisión, son, algunas veces, acompañados y apoyados por organizaciones civiles estatales -como el OVSG-, que los canalizan a sus homónimas a nivel nacional, las cuales se encargan de los pagos correspondientes para que las mujeres puedan acceder al proceso de aborto en la Ciudad de México, o acompañar su proceso jurídico y de salud en las entidades.

Las mujeres víctimas de violación que se trasladan a la Ciudad de México para acceder al aborto, son obligadas a regresar a su entidad con el producto dentro de un frasco, a fin de que se le puedan realizar pruebas de ADN para continuar la investigación por violación sexual, lo que significa una práctica sumamente revictimizante y violenta por parte de las autoridades de justicia.

Entre las organizaciones civiles nacionales que acompañan a las mujeres en el proceso de aborto, se encuentra Fondo MARÍA. Sofía Garduño Huerta, coordinadora operativa del Fondo de Aborto para la Justicia Social MARÍA; explicó que la organización moviliza recursos para este fondo, mismo que funciona desde el 28 de marzo del 2009

“Apoyamos a mujeres de todo el país para que puedan tener acceso a abortos seguros. El fondo surgió dos años después de que se despenalizara el aborto en la Ciudad de México en las primeras doce semanas, como una estrategia que busca disminuir las brechas de desigualdad que hay entre las mujeres que residen en la Ciudad de México y las que viven en el resto del país. En ese sentido vemos al aborto como un tema de justicia social, para que todas las mujeres tengan acceso y no se vean expuestas a prácticas inseguras”.

Añadió que “es importante que las mujeres sepan que todas podemos acceder a la ley de la Ciudad de México, la ley no está acotada únicamente para mujeres que residen o nacieron aquí. Y recordar que es interrupción voluntaria, cualquiera que sea la razón por la que esa mujer está decisión, en este momento de su vida, interrumpir su embarazo es válida y respetable, consideramos que todas las razones son válidas y merecen el mismo tipo de apoyo”.

La organización civil tiene dos formas de acompañar y apoyar a las mujeres en el proceso. La primera es ayudándoles a acceder al aborto -en términos de lo establecido en la ley- dentro de sus entidades, con un plazo que no perjudique a la víctima. La segunda es trasladarlas a la Ciudad de México.

De 2009 a 2019, Fondo María ha apoyado a 126 mujeres de Aguascalientes para abortar de manera segura. Las cuales tienen un rango de edad de entre los 14 y los 46 años. De estos, seis han sido casos de violación que no se resolvieron en la entidad y  las víctimas tuvieron que trasladarse a la Ciudad de México. Los demás han sido casos de mujeres que deciden interrumpir su embarazo de manera voluntaria.  

De manera general, las mujeres atendidas por Fondo María pertenecen a un estrato económico medio y bajo, sin embargo, aquellas de mayores recursos no tienen garantía de poder acceder a este procedimiento de manera autónoma y también han sido apoyadas.

La organización civil se encarga de los gastos de transporte local (en su propio estado), el transporte para llegar a la Ciudad de México, gastos de transporte en esa entidad, gastos de hospedaje, alimentos, el pago total o parcial del procedimiento en establecimientos privados y la compra de medicamentos preventivos o analgésicos. Pese a todo, las mujeres no deberían viajar para acceder a los procesos de aborto, cuando menos no en los permitidos en la ley.

Para Sofía Garduño Huerta, las propuestas de reformas antiaborto, como la que se busca aprobar en Aguascalientes para proteger la vida desde la concepción a solicitud del bloque panista en el Pleno Legislativo, criminaliza a las mujeres y las expone a prácticas inseguras.

“Hay esta idea de que criminalizar va a terminar con la práctica del aborto, pero la realidad es que el aborto es necesario por muchas razones. Primero, vivimos en un contexto de país sumamente violento, específicamente en lo sexual. Lo que se hace con estas leyes es negar esa realidad y no dar una respuesta favorable a los derechos de las mujeres. Lo otro es que no van a desaparecer los abortos, por el contrario, habrá más exposición a prácticas inseguras y violatorias que por estar al margen de la ley, no hay nadie que las regule o revise”.

Por su parte, Violeta Sabás, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género, señaló que el estado es omiso no solo en respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino en su responsabilidad de mantenerse laico e imparcial.

“No podemos permitir que la diputada panista Paloma Amézquita, mencione que el Congreso es ‘provida’, eso es complemente violatorio a la obligación que tiene el Congreso de legislar conforme a las leyes nacionales vigentes. El Congreso no se puede pronunciar por una ideología religiosa”.

Añadió que detrás de la promulgación de leyes antiaborto, se esconde un mensaje feminicida, porque éstas atentan contra el derecho a decidir y contra la vida de las mujeres.

“Es un mensaje de que todas estamos obligadas a la maternidad. El mensaje tiene que verse desde la apropiación de estas leyes sobre nuestro espacio privado, nuestra corporalidad, el cómo nos atraviesan como mujeres estas leyes. No hay que ver un estado feminicida únicamente cuando se asesinan mujeres, sino que estas políticas también son feminicidas porque atentan contra la vida de las mujeres, porque es un mensaje misógino y porque ignoran los estudios científicos y jurídicos. La discusión no tiene que ser si un zigoto fecundado es o no persona, la discusión debe concentrarse sobre la violación de los derechos de las mujeres a decidir si queremos o no embarazarnos”.

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Rosalinda fue víctima de un intento de feminicidio.
Desde el año 2013 se iniciaron los primeros procesos por acoso y violencia por parte de Carlos Alberto contra Linda, 7 carpetas se sumaron a una serie de denuncias no atendidas en un sistema de justicia patriarcal. Su intento de feminicidio, ante la falla de las instituciones que no supieron como llevar el caso, éste se integró como «daño en las cosas» bajo el argumento de que «si hubiera querida matarla lo hubiera logrado».
Denunciamos y exigimos la garantía de no repetición .
Vivas y Libres nos queremos.

08 de marzo de 2018

Al Lic. Andrés Manuel López Obrador

A la opinión pública en general

Cada semana el Colectivo de Familias “Buscando Personas, Verdad y Justicia” se reúne con el equipo jurídico y psicológico del Observatorio de Violencia Socia y de Género de Aguascalientes para darle seguimiento a cada uno de sus casos de manera integral, a fin de continuar, de la mano de todas y todos, el largo camino en México por el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, metas esperadas de un México que presume a sus instituciones, sus reformas, sus ejércitos  y, ahora, sus guardias nacionales.

El Colectivo está integrado por familiares de personas desaparecidas, de mujeres víctimas de feminicidios y muertes violentas en Aguascalientes, cada caso está atravesado por una serie de irregularidades en la investigación, de negligencias y omisiones por parte del Estado, haciendo de la búsqueda de justicia el bastión para salir a las calles, para exigir a las autoridades, para manifestarnos.

Ante el arrebato de las personas que amamos, de hijas, hijos, madres, padres, mujeres y hombres, el silencio no es una opción, el miedo no pesa tanto como el dolor. Hoy, nuevamente nos manifestamos, de manera organizada, pacifica e informada, para exigir de manera inmediata al Gobierno Federal y al Estado mexicano, a través del presidente Andrés Manuel López Obrador:

1. La actualización de bases de datos estatal y nacional que contenga la información y fotografía de las personas desaparecidas.
2. La difusión permanente de los rostros de las personas desaparecidas.
3. La coordinación entre Estados para facilitar los procesos de las familias de personas desaparecidas en todas las entidades.
4. Mesas de trabajo para informar sobre los avances en las políticas de investigación y búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional y estatal.
5. Creación de la Comisión de la Verdad por los congresos de los Estados.
6. Seguimiento a las mesas de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil, familiares y especialistas en la materia para establecer estrategias de búsqueda e investigación desde los derechos humanos y con perspectiva de género.
7. Activación del Protocolo Alba en cada uno de los Estados.
8. Profesionalizar al personal de investigación e integración de expedientes, así como a la persona primer respondiente.
9. Establecer responsabilidades a las autoridades omisas, ante la falta de respuesta en cuanto a la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
10. Creación de Fiscalías Especializadas en investigación y muertes violentas de mujeres y comisiones de búsqueda de personas desaparecidas en todo el país.
11. Destitución de autoridades involucradas en violaciones a los derechos humanos.
12. Garantizar la no repetición y la no reincidencia en delitos mediante el seguimiento integral.
13. Investigación y remoción del cargo a Felipe de Jesús Muñoz

Porque no estamos solas

Porque vivas y libres nos queremos

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes

                         Colectivo “Buscando, Personas, Verdad y Justicia”                        

Al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes

A Movimiento Regeneración Nacional

De manera pública se ha dado a conocer una denuncia por violencia sexual contra un integrante de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), alrededor de esta denuncia, sin embargo, han girado una serie de especulaciones y desacreditaciones en contra de la denunciante, recurriendo a otros espacios de su vida personal para poner en duda su testimonio, estrategia que es muy usada cuando una mujer denuncia, de manera pública y privada, que ha sido víctima de algún tipo de violencia.

Esto es preocupante por el escenario que supone el que instituciones, militancias y espacios de poder sean omisos en sus posiciones sobre los distintos tipos de violencias y no propicien escenarios de seguridad para todas y todos, además.

Preocupa, además, que pese al esfuerzo de distintas colectivas y asociaciones a nivel internacional, nacional y local, las víctimas de cualquier tipo de violencia, al momento de hacer pública su denuncia, se desacredite su testimonio, recurriendo a su vida personal, amistades, relaciones sociales e ideologías. Esto supone un proceso de revictimización que deviene, la mayor parte de las veces, en que la víctima se retracte de su denuncia, obligada por el acoso selectivo.

Lamentamos el silencio de las organizaciones que se han propuesto combatir la violencia política y esperamos la pronta intervención de las instituciones que tienen la responsabilidad de investigar, atenderla y combatirla.

Ante un Estado que nos quiere calladas, sumisas y enclaustradas, la denuncia pública supone un ejercicio subversivo a la violencia machista y feminicida, por lo cual exigimos:

• Que espacios e instituciones no fortalezcan perfiles con antecedentes de violencia
• Que partidos políticos no permitan ningún tipo de violencia contra las mujeres.
• Que todos los partidos políticos registrados en el Estado se posicionen contra la violencia de género.
• Que ningún hombre con antecedentes de violencia participe en la creación de políticas públicas o en la toma de decisiones que afecten a la Ciudadanía.

Ante el acoso, la desacreditación y la violencia, nosotras te creemos, tu denuncia, así como la de cualquier mujer víctima de cualquier tipo de violencia es importante en la lucha por el acceso a la justicia, la reparación y la no repetición.

Porque no estás sola

Porque vivas y libres nos queremos

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes

El día 8 de marzo se conmemora una lucha histórica y continua de todas las mujeres por reivindicar nuestros derechos y exigir que estos sean respetados y garantizados en condiciones de igualdad. En un país donde se asesinan 9 mujeres al día, donde muchos feminicidios son cubiertos como suicidios y existe una violencia estructural, simbólica y cultural sobre nosotras, salimos para hacernos visibles.

Las mujeres tomamos los espacios públicos para exigir que terminen las violencias sobre nuestros cuerpos y que el Estado se responsabilice de lo que es su obligación, la seguridad, la integridad y la garantía a vivir una vida libre de violencia.

Alrededor del mundo, las mujeres nos manifestamos porque cada una de nosotras tenga acceso a la educación, a la salud sexual y reproductiva, al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, a un trabajo digno. Tomamos las plazas públicas, colgamos mantas en los puentes, salimos a las principales avenidas, nos hacemos visibles. Seguimos y nos mantenemos en las luchas feministas, las luchas de las jornaleras y obreras, de las mujeres migrantes, las mujeres jefas de familia, las mujeres lesbianas, las mujeres trans, las mujeres afrodescendientes, mestizas, indígenas.

De un punto a otro alrededor del planeta, alzamos una vez más la voz para denunciar este sistema que nos quiere calladas y oprimidas, que reprime y mutila nuestros cuerpos. Seguimos manifestándonos así porque el patriarcado y el capitalismo rapaz nos explota, invisibiliza las redes y las luchas. Porque históricamente las mujeres hemos sido relegadas al trabajo doméstico, violentadas y agredidas en el espacio público y privado por quienes ostentan el poder en las familias, el gobierno y los trabajos. Porque a nosotras nos atraviesa toda una violencia que se ha mantenido cobijada en las antiguas estructuras patriarcales, una violencia que no cede, que no se detiene.

Nos mantenemos y avanzamos juntas, tejiendo redes, reconociéndonos en las otras, exigiendo justicia para quienes fueron víctimas de los feminicidios, desapariciones, explotación sexual, crimen organizado, obligadas a una maternidad forzada. Por ellas, por cada una de nosotras, por las que ahora están ausentes y por quienes están por llegar, porque cada niña, mujer y adolescente en el mundo tenga las mismas oportunidades y condiciones de igualdad, salimos a la calle.

Porque el silencio no nos protege

Porque vivas y libres nos queremos

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes

A la Comisión Nacional Contra las Adicciones

A la Fiscalía General del Estado

A la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Al Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes

Al Centro de Recuperación y Rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción Zona Uno A.C.

El pasado 19 de febrero fue hecha pública información referente a un intento de secuestro de una mujer que finalmente resultó ser un violento proceso de internamiento por parte del personal del centro de rehabilitación CRREAD (Centro de Recuperación y Rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción Zona Uno A.C.) quien tiene retenida sin su consentimiento a dicha mujer.

De acuerdo con el Artículo 135 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, la utilización de la fuerza física o moral, o vejación de la víctima; se considera como un agravante del delito de privación ilegal de la libertad descrito en el Artículo 134 del mismo ordenamiento. Mientras, el Código Civil del Estado de Aguascalientes, en su Artículo 21, señala que “el mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes salvo las limitaciones que establece la ley”, y si además  no existiera juicio de interdicción y dado que la mujer retenida cuenta con 38 años, está siendo víctima de un delito, por lo que exigimos que las autoridades hagan valer sus derechos y libertades conforme a lo establecido en la ley.

Al momento de los hechos, ocurridos durante la entrada de estudiantes a una escuela privada cerca del fraccionamiento La Querencia, que, además, les colocó en una situación de riesgo; quienes atestiguaron el caso creyeron que se trataba de un secuestro debido a la violencia con la que la privaron de la libertad. Incluso, se presentó un reporte al número de emergencias 911.

Esto, en un país donde se cometen siete feminicidios al día y miles de mujeres permanecen desaparecidas, resulta preocupante y es urgente que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto y eviten este tipo de prácticas. El mensaje de las autoridades no puede ni debe ser de omisión y pasividad.

Exigimos a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, al Gobierno del Estado, a la Fiscalía General del Estado, al Instituto de Saludo del Estado de Aguascalientes, revisar el caso y sancionar a quienes violentan los derechos humanos. Alertamos que estas prácticas pueden ser utilizadas como método para ilícitos como la desaparición de personas y otros tipos de violencia contra las mujeres.

Denunciamos también la falta de políticas públicas encaminadas a la atención oportuna y especializada contra las adicciones y la falta de un centro público especializado en el cuidado de las mujeres para el tratamiento de cualquier adicción. Exigimos también la regulación y sistematización de anexos, estos centros deben contar con personal capacitado y con atención especializada garantizando que éstas se impartan sin ningún tipo de violencia.

Porque el silencio no nos protege

Porque viva y libres nos queremos

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes