• En caso de ganarse, el amparo obligaría a las autoridades a crear y poner en funcionamiento, a la brevedad, la Comisión Local de Búsqueda

El pasado 14 de noviembre, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes aceptó el amparo interpuesto por el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes en lo relativo a las omisiones de trámites y procedimientos que ordena la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El amparo consiste en reclamar la omisión de las autoridades de Aguascalientes para crear la Comisión Local de Búsqueda de personas, se fundamenta en el artículo 4° transitorio de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, comentó Luis Dena, integrante del equipo jurídico del Observatorio. En caso de ganarse, el amparo obligaría a las autoridades a crear y poner en funcionamiento, a la brevedad, la Comisión Local de Búsqueda, continuó Dena.

La Comisión es una responsabilidad que las autoridades del Estado se han negado a atender en las instancias correspondientes, a fin de dar cumplimiento a los ordenamientos a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.

Este amparo es promovido por el OVSG en tanto la creación de dicha comisión busca garantizar el derecho a la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición en casos de la desaparición forzada de personas en Aguascalientes, enfatizó Luis Dena, abogado del Observatorio.

En términos jurídicos el amparo implica que se obedezca el mandamiento del Congreso de la Unión y se cree la comisión local de búsqueda de personas, a fin de coadyuvar con la fiscalía local para encontrar a personas desparecidas en el Estado. En el amparo se plantea como un acto inconstitucional e inconvencional que las autoridades locales hayan evitado la creación de la comisión local de búsqueda de personas, ya que los familiares de las víctimas de este delito tienen derecho a conocer la verdad sobre el paradero de sus familiares y el Estado tiene la obligación de activar los mecanismos de búsqueda más eficaces que la ley le provee, finalizó el abogado.

Este amparo es un recurso jurídico que el Observatorio interpone, a la par del acompañamiento social y jurídico que brinda a las familias de personas desaparecidas en el Estado, con el fin de agotar los recursos que permitan a las víctimas y sus familias el acceso a la verdad, la memoria y la justicia.

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes

Los tendederos para visibilizar hombres agresores son un ejercicio colectivo por la justicia y la memoria social, resultado de la impunidad de las instituciones que protegen a los hombres agresores, retardan procesos para acceder a la justicia y revictimizan a las mujeres que han sido víctimas de distintas violencias.

Hace unos meses, en el contexto del #MeToo, la voz social y la impunidad institucional clamaban por el derecho de los agresores al “debido proceso”, se desgastaron en columnas, notas y publicaciones ante el “desprestigio” de los hombres, por las “consecuencias” en su vida personal y familiar, hoy, sabemos de al menos dos hombres agresores becados por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), que recibirán entre 8 y 30 mil pesos mensuales para “generar obra”, mientras las mujeres que fueron violentadas por ellos siguen siendo perseguidas en redes sociales y por los círculos familiares y las cadenas de impunidad de esos hombres ¿Desprestigio? Ninguno ¿Consecuencias? Ninguna.

Este ejercicio de visibilización es un esfuerzo articulado de mujeres aliadas ante el estado que garantiza la impunidad para los agresores y vulnera a las mujeres que han sido violentadas, es un ejercicio por la memoria social, para no olvidar que los jefes de prensa siguen siendo jefes de prensa, que los reporteros siguen reportando en sus medios, que los “artistas” siguen siendo becados, que los políticos siguen apareciendo en fotos con otros funcionarios públicos; porque en este país feminicida, a ellos, los agresores, no les pasa nada.

Que este tendedero para visibilizar hombres agresores en Aguascalientes sirva para recordar:

1. Que ninguna mujer está sola, que muchas otras las acompañan, que les creemos.
2. Que no olvidamos. Que cada agresor recuerde que no descansaremos hasta que todas las mujeres vivan libres de violencia.
3. A las autoridades: Que tienen una deuda histórica, porque su justicia no es nuestra justicia y porque los procesos que nos ofrecen son tortuosos y revictimizantes.

Porque no estamos solas,

porque el silencio no nos protege.

En un video propagado en redes sociales, aparece un policía ministerial (actualmente cesado) de Aguascalientes que saca su pistola para atemorizar a ciudadanas/os en lo que parece una riña entre particulares. El hecho no es un caso aislado. Es, con datos comprobables, una actividad común de las corporaciones de seguridad: los casos se cuentan por cientos. Como él, decenas de policías pertenecientes a diferentes corporaciones han utilizado su cargo para trastocar los derechos humanos.

Golpizas, tratos inhumanos, desaparición forzada y cateos ilegales; son parte de los abusos -que por años han sido documentados- a manos de quienes deberían velar por la seguridad de las y los ciudadanos. La brutalidad policíaca sucede en todo el país…y Aguascalientes no es la excepción.

Según la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHA), las denuncias contra policías, con mayor frecuencia municipales, corresponden a más del 80 por ciento del número de quejas que se reciben anualmente. Sin embargo, en el registro de las recomendaciones emitidas por dicho órgano, decenas de casos involucran también a policías estatales y ministeriales

I. Violencia de estado

De las 53 recomendaciones por expediente giradas por la CEDHA durante 2019, 43 corresponden a quejas presentadas por ciudadanas y ciudadanos en contra de policías, es decir, más del 90% de las denuncias tienen ver con la violencia que propaga el estado a través de sus corporaciones de seguridad.

Trece son casos en donde policías lesionaron a personas ya detenidas; 11 se refieren a tratos crueles, inhumanos o degradantes; y siete a casos donde se registró tortura.

Los testimonios son abrumadores, dolorosos, impunes. En la recomendación 70/17, una persona denunció haber sido torturada tanto por policías estatales como por policías ministeriales durante un interrogatorio.

En la 329/15, una mujer fue agredida físicamente al momento de ser detenida y también cuando se encontraba dentro de su celda, el caso ocurrió en Calvillo.

En la 375/18 con una videograbación como prueba, se documentó que un hombre fue maltratado por policías municipales de Rincón de Romos. Y pese a que existe la grabación, los responsables de las agresiones aún no han sido identificados.

En la 81/19 el propio Director de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de El Llano y policías a su cargo, detuvieron y agredieron físicamente a una persona y no la presentaron ante el juez municipal.

En la 48/19 una mujer sufrió agresiones por parte de policías municipales de Aguascalientes, quienes le tomaron fotografías que después fueron publicadas en medios de comunicación, acusándola de hechos que no cometió.

El año pasado, las cosas no fueron muy diferentes. De las 98 recomendaciones por expediente giradas por la CEDHA, 82 corresponden a casos de violencia perpetrada desde las dependencias de seguridad pública y  la Fiscalía General del Estado.

En otro expediente, el 76/18, se denunció que elementos de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes detuvieron a una persona -sin especificar si mujer u hombre- y la golpearon en la cara, además «al transportarla en la patrulla otro oficial le abrió la cabeza, y al encontrarse en la patrulla un oficial del sexo masculino le jaló el cabello, llevándola al C-4. Al encontrarse en dicho lugar uno de los elementos aprehensores sacó de una bolsa un cuchillo obligándola a tocarlo, para después ser trasladada por cuatro agentes a las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado”, señala el documento.

La cuenta regresiva lleva a 2017, año en que elementos de la Secretaría de Seguridad Municipal acorralaron a dos camiones en los que viajaban estudiantes de la escuela normal rural Vasco de Quiroga, situada en Tiripetío, Michoacán. Los estudiantes, que terminaron golpeados en terrenos baldíos, perseguidos en azoteas, mordidos por perros policías y apedreados; iban de salida hacia Michoacán cuando esquirlas lanzadas desde un grupo de policías antimotines detuvo las llantas de sus camiones.

Estaban en Aguascalientes apoyando las protestas emprendidas por sus compañeras de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, quienes también ha sufrido a manos de policías, especialmente en 2010, cuando las desalojaron con violencia del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA).

El otro caso se encuentra inscrito en el expediente 181/17, ahí se relata cómo seis hombres fueron brutalmente golpeados por policías municipales de Aguascalientes en la comunidad “El Soyatal”. Tras las agresiones, algunas de las víctimas tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente. En este caso, como en el de los normalistas y en otros cientos más, los responsables permanecen impunes.

Entre las víctimas de las corporaciones se seguridad, hay personas que fueron golpeadas con palos de beisbol (expediente 264/14), o rociadas con gas pimienta y llevadas a lotes baldío donde recibieron descargas eléctricas (expediente 30/18), así como adolescentes que fueron golpeados y desnudados luego de ser detenidos sin haber cometido ningún delito (expediente 131/18).

Las mujeres frecuentemente sufren violencia sexual. En el expediente 213/16, una mujer denunció que un elemento de la Policía Municipal  de Aguascalientes la insultó y la siguió hasta su casa, “durante el trayecto continuó con su actitud agresiva pues dicho elemento es vecino de puerta de la quejosa, también la amenazó con causarle un mal a su integridad corporal. Días después, el mismo policía la insultó al decirle que era una puta, que la iba a matar también y a sus padres. Lo reportaron con el Secretario de Seguridad Pública quien les dijo que iba a hablar con él”, señala el documento. “Iba a hablar con él”, fue toda la respuesta ante una amenaza de muerte.

II. Muchas quejas, pocas investigaciones, nulas sentencias

Según solicitudes de transparencia enviadas por el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), de 2010 a la fecha se han abierto 133 investigaciones en contra de policías municipales, estatales o ministeriales por los delitos de tortura, desaparición forzada, abuso de autoridad, lesiones, robo, amenazas, corrupción, privación ilegal de la libertad, uso desmedido de la fuerza, secuestro, narcomenuedo y violación sexual.

A comparación con el número de quejas resueltas por la CEDHA, son pocos los casos de violencia policíaca que llegan a judicializarse.  El año con mayor número de carpetas iniciadas fue 2010, con 27; seguido de 2018, con 22. Y durante este 2019 ya son 10 elementos bajo investigación: más de uno por mes.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal respondió que de los 37 correctivos disciplinarios que ha impuesto la Comisión de Honor y Justicia a policías, únicamente cuatro fueron suspensiones definitivas por recomendación de la CEDHA, mientras que seis elementos fueron dados de baja por pérdida de confianza, y el resto amonestados por incumplir con sus obligaciones o por faltar al trabajo.

Sobre la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio capital, Antonio Martínez Romo, su titular; anunció que al menos 16 elementos estaban siendo investigados: ocho por la Comisión de Honor y Justicia, ocho por la Fiscalía General. Mientras que otros 14 estaban por sumarse a la lista.

Entre los casos de los que se espera resolución este año, se encuentra el de seis ex policías ministeriales, entre ellos el ex titular de la corporación, René Carrillo; acusados de la desaparición forzada de un hombre en diciembre en 2018. Cinco de los acusados se encuentran recluidos en espera

La Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso, mostró como prueba ocho llamadas telefónicas entre los acusados en donde discutían sobre la desaparición de la víctima, incluso de no investigar, de perder las pruebas, de permitir que la impunidad los arropara.

III. La violencia en el país

A mediados de agosto, cientos de mujeres salieron a las calles de la Ciudad de México para exigir justicia luego de que cuatro policías violaran a una adolescente en la alcaldía de Azcapotzalco. Su grito fue el grito de todas, pero la exigencia sigue sin resolverse: a menos de quince días de la protesta, una mujer fue violada por el mismo Ministerio Público al que acudió para presentar una denuncia.

Datos de Amnistía Internacional publicados en 2018, revelan que de 100 casos documentados de mujeres presas, 72 sufrieron actos de violencia sexual al ser detenidas o en las horas siguientes a su puesta a disposición, y otras 33 denunciaron haber sufrido abuso sexual.

Por su parte, el World Justice Project encontró que 8 de cada 10 mujeres detenidas en México, entre 2009 y 2016, fueron víctimas de tortura antes de ser presentadas frente al Poder Judicial.

El Estado capacita a las corporaciones policíacas y de seguridad, ¿de dónde vienen las órdenes de golpear, torturar, violar, humillar y dejar impune?.

• Actuaron fuera de protocolo, violando los derechos humanos del padre y del hijo, cometiendo además el delito de privación ilegal de la libertad
• ante la frase que acompañó la detención del joven ‘al rato de lo entregamos’, nos preocupa la integridad física y psicosocial de Leonardo Javier

Luego de que padre e hijo acudiera a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia por abuso de autoridad contra policías que un día antes habían actuado fuera de protocolo, el joven Leonardo Javier Belmares Solís, de 18 años, sin ninguna orden judicial, fuera del debido proceso y en contra de cualquier protocolo, fue detenido por policías estatales, subido a la patrulla, diciéndoles a sus familiares “Al rato te lo entregamos”, sin que hasta el momento se conozca el paradero del Leonardo Javier.

Previo a este hecho, al cometer una infracción vial, padre e hijo fueron parados por una patrulla, actuando con abuso al golpear al padre y reteniéndoles el automóvil donde se trasladaban. Ante estos hechos se presentaron a denunciar el abuso de autoridad, al ser vistos por esos policías antes de llegar a las instalaciones de la Fiscalía, fueron interceptados y desde entonces se desconoce el paradero de Leonardo Javier Belmares Solís.

“Actuaron fuera de protocolo, violando los derechos humanos del padre y del hijo, cometiendo además el delito de privación ilegal de la libertad, colocando en una situación de vulnerabilidad al joven”, “ante la frase que acompañó la detención del joven ‘al rato de lo entregamos’, nos preocupa la integridad física y psicosocial de Leonardo Javier”.

“La familia se presentó ya al C4, sin embargo, la última información que se les dio es que no se tenía conocimiento del paradero del joven”, “por esto exigimos a las autoridades la presentación del joven e investigación a los policías involucrados”, “Responsabilizamos a las autoridades estatales de cualquier acción que atente contra la dignidad, la libertad y la vida de Leonardo Javier Belmares Solís”, finalizó el OVSG.

A la Fiscalía General del Estado

A la opinión pública en general

Pese a la insistencia en que las instituciones de impartición de justicia y atención a víctimas estén y sean integradas por personal capacitado, formado integralmente y actualizado en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, a fin de garantizar la verdad, la justicia, la reparación y no repetición a las víctimas y su familia, mostramos nuestra preocupación ante el posible nombramiento de Gabriel Alejandro Mercado Rentería como encargado de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas.

Durante el tiempo que estuvo a cargo del Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes de la Fiscalía General del Estado, su actuar nunca fue el adecuado para el trato con las familias de las personas desaparecidas y fue incapaz de implementar protocolos para la búsqueda efectiva. Resultando, la mayoría de las veces, en procesos revictimizantes para las víctimas y sus familias. Llegando a preguntarles directamente que cuánto les pagaba el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes para llevar y acompañar sus casos, además de que impedía el correcto acompañamiento del Observatorio con las familias, violentando el derecho de todas las víctimas al acompañamiento, sea este o no de abogadas y abogados. Trato no profesional, violento y contrario a lo esperado por servidores públicos en cargos que deberían favorecen la atención.

Su posible nombramiento como encargado de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas sin ningún presupuesto especial asignado, sin reestructuración e integración de personal, y con los antecedentes en CAPEA, parecería una simulación para cumplir un requisito burocrático y no un compromiso con la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas en el Estado.

El posible nombramiento de Gabriel Alejandro Mercado Rentería significaría un retroceso para la Fiscalía y para la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas y sus familias, ya que no ha mostrado ser capaz de establecer un trato especializado, digno y respetuoso que favorezca la verdad y la justicia.

Ante ello, pedimos a la Fiscalía General del Estado

• No incluir a Gabriel Alejandro Mercado Rentería en la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas.
• Nombrar a personal capacitado con formación en Derechos Humanos y Perspectiva de género.
• Asignar presupuesto específico para esta Fiscalía.
• Establecer cursos para la correcta atención a víctimas.

Porque no estamos solas

Porque el silencio no nos protege

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.

• El uso obligatorio de faldas en escuelas públicas y privadas fomenta estereotipos de género que discrimina a niñas y adolescentes.
• El uso de uniformes neutros no quita derechos de madres y padres a formar y educar a sus hijas e hijos

De acuerdo con un estudio realizado en una institución educativa de Perú, que muestra uno de los principales acercamientos al análisis de cómo los uniformes escolares favorecen el desarrollo de niños y no así el de niñas, se da cuenta de la vivencia particular de niñas y adolescentes en relación con el uso obligatorio de la falda como parte de sus uniformes, las desventajas en su desarrollo y formación escolar, así como la exclusión que les significa no poder formar parte de las mismas actividades educativas y recreativas, fundamentales en su desarrollo.

El uso obligatorio de faldas en escuelas públicas y privadas fomenta estereotipos de género que discrimina a niñas y adolescentes, las exponen a situaciones de violencia, acoso y hostigamiento, en detrimento de su desarrollo escolar y social.

Ante ello, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes se “congratula con la medida establecida en la Ciudad de México en donde se implementarán los uniformes neutros, que no significa otra cosa que niñas y adolescentes puedan usar pantalón de manera libre, sin que se les penalice por ello, una medida que desde hace un par de años hemos tratado de traer a la discusión e implementación en Aguascalientes” comentó Violeta Sabás Díaz de León, Coordinadora del Observatorio.

“El debate en torno a esta medida ha sido dirigido, erróneamente, a pensar en que esto implica imponer el uso de faldas a niños y adolescentes, lo cual es falso, esta medida está dirigida específicamente para que niñas y adolescentes puedan usar pantalón siempre que así lo decidan y sin que esto implique sanciones por parte de escuelas y profesorado”, continuó Sabás Díaz de León.

“La hiper sexualización que los grupos conservadores como el Frente Nacional por la Familia y la Unión Nacional de Padres de Familia imponen a niños, niñas y adolescentes a través de los estereotipos de género, es resultado de discursos sin perspectiva de género, discriminantes y violentos”.

El uso de uniformes neutros no quita derechos de madres y padres a formar y educar a sus hijas e hijos, por el contrario, favorece el que niñas y adolescentes se desarrollen plenamente en todos los espacios de su vida, libres de violencias y ejerciendo todos sus derechos.

“En este panorama, nuevamente pedimos a las instancias y funcionariado correspondientes la implementación de uniformes neutros en escuelas públicas del Estado, en tanto esta medida favorece el desarrollo integral y libre de niñas y adolescentes”, finalizó la Coordinadora del Observatorio.

Más allá del debate público, los uniformes neutros son un paso importante para disminuir las múltiples violencias que viven todos los días las niñas y adolescentes del Estado, su implementación no es un asunto de estereotipos de género, es un asunto de seguridad y garantías de derechos para esas niñas y adolescentes.

Para descargar la tercera parte de este reportaje, puedes hacer clic aquí: #MeToo. Entrega 03. Ximena Antillón

Tras el boom mediático que tuvo el #MeToo en México, lo que nos queda es repasarnos y transformarnos: abrir las puertas al cambio.

Toca imaginar, acompañar y estructurar, dice Ximena Antillón, sicóloga integrante de Fundar, especialista en el acompañamiento psicosocial a familiares y víctimas de violaciones a derechos humanos.

En esta tercera y última entrega, hablaremos sobre qué sigue después de haber escuchado los testimonios de miles de mujeres viviendo acoso y hostigamiento sexual en todas las esferas sociales, y qué tienen que hacer, sobre todo los hombres, al respecto.

Ximena Antillón: Toca acompañar, estructurar

“En el #MeToo hay dos cosas, la primera es que es una respuesta a la negligencia y la descalificación de la violencia contra las mujeres dentro las instancias oficiales, tanto en las autoridades de procuración y administración de justicia, como en las instancias internas de  las universidades, las organizaciones, los medios de comunicación o los gremios.

“Eso nos da dos dimensiones de agenda en donde necesitamos transformar. Por un lado está la agenda de las autoridades, cómo pueden generar mecanismos que sean adecuados para las mujeres, que sean sensibles, que tengan perspectiva de género y atención psicológica. Y por otro lado está la agenda de qué hacemos dentro de las organizaciones y dentro de estos gremios que han venido funcionando como si eso no existiera.

“Esto (el #MeToo) pasa porque es una respuesta frente a la falta de recursos adecuados y también por que hay una mayor conciencia de la violencia de género. Ahora las mujeres sabemos que hay cosas que hemos vivido toda la vida y hemos normalizado, pero son formas de acoso, hostigamiento y violencia”.

¿Qué sigue para el #MeToo?

Es una estrategia que hay que madurar, en su momento fue muy importante porque ha permitido que las mujeres puedan denunciar porque de otra forma no hubieran denunciado. Haberlo hecho de forma anónima o de forma confidencial es un logro, pero hay que pulirlo, irlo mejorando.

Por un lado, tenemos que  generar mecanismos para evitar lo más posible que puedan colarse denuncias falsas, aunque eso no descalifica el movimiento, hay que tener filtros. Y por otro lado es necesario prever medidas de acompañamiento a las mujeres que se animan a denunciar, porque esto ha generado una respuesta violenta a través de las redes sociales

El #MeToo lo que hace es desestabilizar los mecanismos patriarcales que han ignorado todo el tiempo, que han descalificado y silenciado a las víctimas. El #MeToo desestabiliza eso y lo pone sobre la mesa y en la agenda pública, y detrás de eso hay reacciones que quieren restablecer esos mecanismos y devolver a las mujeres a ese lugar en donde no pueden hablar. Hay que acompañarnos psicológicamente, psicosocialmente y jurídicamente.

¿Qué pasa con las mujeres que denunciaron en el #MeToo?

La experiencia de las mujeres cuando viven o vivieron violencia es que primero hay un proceso interno para reconocer eso como violencia, muchas mujeres no denunciaron en ese momento porque no sabían que se podía denunciar. Y luego, cuando se hace público, también hay proceso de estigmatización y culpabilización de la víctima, que es lo que conocemos cuando nos dicen que es nuestra culpa por como nos vestimos o actuamos.

Las denuncias de hostigamiento sexual siempre implican una relación jerárquica y estas personas están en lugar de poder, así que no solo hay respuestas de criminalización y estigmatización, sino que puede haber también otras represalias en contra de las mujeres. No hay mecanismos que garanticen su protección, por eso, en varios sentidos, el anonimato es valioso, porque es una forma de poder señalar y advertir a otras mujeres que hay hombres peligrosos o que ejercen acoso.

Nos toca dejar de ignorar que esto pasa, descalificarlo y silenciarlo, el #MeToo no solo habla de lo que ya sabemos que ocurre, sino que habla de la magnitud con que ocurre. A partir del reconocimiento tenemos que hacer medidas de prevención, protocolos, medidas de atención, buscar procesos que pongan en el centro a la víctima: sus necesidades, que sean protegidas, que no sean juzgadas.

¿Qué hacer cuando un hombre querido o cercano, es denunciado?

Si estamos socializados en una cultura patriarcal, reproducimos estos modos de violencia. Es importante que dejemos de romantizar a los hombres defensores de los derechos humanos, porque ellos también ejercen acoso desde una relación jerárquica.

Nuestros amigos y compañeros no están exentos de eso, aquí hay una posibilidad de reflexionar y tiene que haber disposición, tenemos que iniciar un proceso de cambio. Los hombres tienen que buscar herramientas, se tienen que hacer cargo, es algo que tienen que trabajar ellos, no recae sobre nosotras.

Las redes sociales se tienen que mantener como un canal de denuncia y también se pueden pensar en otras instancias. Necesitamos habilitar otros recursos en donde se pueda denunciar, a lo mejor no directamente en donde pueda estar el agresor, por eso tenemos que seguir pensando, imaginando. El #MeToo ha mostrado la necesidad de hacerlo y es importante centrarnos en lo que dicen las denuncias, no en las denunciantes.

Es muy importante no perder el foco de la discusión, si los hombres están agrediendo a las mujeres por las denuncias, lo que está mal es que los hombres agredan, y que las personas respondan de forma misógina ante el #MeToo.

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Al Gobierno de Sinaloa

Al Congreso del Estado de Sinaloa

A las autoridades correspondientes

El día de hoy, el ex fiscal de Aguascalientes, Óscar González Mendívil, fue designado -con el apoyo de 34 votos de las y los diputados locales- como primer comisionado de Atención a Víctimas en el estado de Sinaloa, acción que desde el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSG) reprobamos y consideramos de suma irresponsabilidad.

No olvidamos que en Aguascalientes, durante el periodo en el que González Mendívil fungió como titular de la Procuraduría General del estado y después como primer titular de la Fiscalía General, actuó de manera irresponsable, poco profesional, con información a cuentagotas e investigaciones llevadas a cabo con errores y dadas a conocer a medios de comunicación de forma revictimizante.

Óscar González Mendívil actuó siempre de manera contraria a los derechos de las víctimas reconocidos en el apartado C del Artículo 20 constitucional y existe el riesgo de que vuelva a hacerlo en el cargo para el que ha sido designado.

En cada uno de los casos que acompaña y acompañó el Observatorio, el exfiscal se condujo con indiferencia e indolencia hacia las y los afectados, violando institucionalmente el derecho a la verdad y la justicia que las víctimas tienen en este país.

Durante su administración como fiscal general de Aguascalientes no se recibió la asesoría jurídica adecuada y se vencieron plazos en diversos casos de violencia de género y mujeres desaparecidas; las víctimas no fueron informadas acerca del proceso en el momento en que lo requerían; no se les proporcionó acceso o copias de su expediente; no les fueron admitidas o se prepararon pruebas; no recibieron atención médica o psicológica ni inmediata ni posteriormente; no se cumplió la reparación del daño; no se protegió el resguardo de su identidad, ni por motivos de seguridad ni para evitar la estigmatización y por último, no se dictaron medidas cautelares necesarias, o bien el Ministerio Público fue omiso ante decisiones que afectaron los derechos de las víctimas.

Reprobamos que ahora ese funcionario que se negó a trabajar bajo los protocolos internacionales de derechos humanos sea nombrado como el encargado de velar por los derechos de las víctimas en el estado de Sinaloa, cargo que atenderá por un periodo de cinco años.

Los sistemas de justicia y de gobierno en México no pueden ni deben otorgar espacios de trabajo y toma de decisiones, así como implementación de políticas públicas, a personas que han violado sistemáticamente los derechos humanos de las víctimas.

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado de Aguascalientes exigimos se retire de ese cargo a Óscar Fidel González Mendívil y que los nombramientos que estén relacionados a la protección y atención a víctimas sean entregados a personas debidamente capacitadas e interesadas en velar por los intereses de quienes han padecido por la violencia y el poco acceso a la justicia en México.

Porque el silencio no nos protege,

Porque vivas y libres nos queremos.

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes

CLÍNICA ESPECIALIZADA EN PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

Para activistas y Defensoras

Región Centro-Occidente

Objetivo

Generar estrategias y herramientas de acción político-social para mujeres defensoras de derechos humanos y activistas de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro,  San  Luis Potosí  y Zacatecas a través de un proceso formativo con Perspectiva de Género y Derechos Humanos.

La Clínica está dirigida a mujeres que trabajen en los siguientes temas:

• Búsqueda de personas
• Problemas ambientales
• Derechos de los animales
• Contra la tortura y secuestros
• Contra la trata de personas
• Movimientos estudiantiles
• Mujeres jornaleras, campesinas y obreras
• Personas migrantes

Fechas Importantes

Cierre de Convocatoria: 06 de junio de 2019 o hasta llegar a las 50 solicitudes.

Aviso de resultados a las postulantes: lunes 24 de junio.

Duración de la clínica: Del 15 al 21 de julio de 2019.

Requisitos

• Carta exposición de motivos
• Copia de la INE
• Carta de respaldo en caso de pertenecer a alguna organización o colectiva

En su caso, mencionar en la carta de exposición de motivos:

• Si requieres condiciones específicas de alimentación, hospedaje y salud.
• Si deseas que te acompañen hijas o hijos por favor indícanos el número y edades.
• Si tienes condiciones específicas de seguridad (con la finalidad de proveer las condiciones adecuadas).

Sede

Aguascalientes, Ags.

Importante

El Observatorio de Violencia Social y de Género ofrecerá 10 becas para las postulantes de los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, que incluyen transporte, hospedaje y alimentos.

La postulación de las interesadas, así como cualquier duda o aclaración debe ser enviada a ovsgags@gmail.com

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Para descargar la segunda parte de este reportaje, puedes hacer clic aquí: #MeToo. Entrega 02. Andrea Medina

El movimiento del #MeToo en México tiene que ver también con una acción desde la colectividad. Desde el reconocimiento de la violencia que viven las mujeres diariamente sin que se trate de casos aislados, sino de actos en masa, de algo que nos pasa a todas.

A esta violencia, las autoridades no han respondido nunca adecuadamente pese a que existen mecanismos en las leyes que les obligan a garantizar los derechos de las víctimas. Es fundamental dejar claro que no se necesitan protocolos para cumplir con la ley, pero sí se necesitan personas suficientemente capacitadas para cumplir con los protocolos.

En esta segunda entrega hablaremos sobre la fuerza de la colectividad, los protocolos de actuación como método para silenciar denuncias, cuál es la mirada desde la presunción de inocencia y las responsabilidades reforzadas que por ley tienen las instituciones educativas frente a la violencia.

Andrea Medina: Los protocolos no son garantía

“Algo que es muy relevante del #MeToo y que a mí como abogada me recuerda y me deja siempre presente, es que en la Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación contra la Mujer, parte del debate en los años sesentas y setentas era si existía discriminación contra las mujeres en todo el mundo, o si solo era en una parte del planeta. Y la conclusión  por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) después de años investigar, es que ningún país trata igual a las mujeres y a los hombres que están en su sociedad.

De ahí  fue que surge esta Convención específicamente sobre la discriminación contra las mujeres, no sólo sexual, sino solo por el solo hecho de ser mujeres. Yo creo que el #MeToo nos está haciendo recordar eso, en todo el mundo están mujeres denunciando que viven discriminación y que viven formas de violencia sexual de manera muy cotidiana como es el hostigamiento y el acoso sexual. Es un movimiento muy importante que no es reciente, la Convención de la Cedaw es de 1979, tenemos décadas señalando la discriminación contra las mujeres y la violencia sexual, no solo en México, sino en todo el mundo”, inicia Medina.

¿Cuál ha sido el papel de las redes sociales?

A diferencia de todas las otras denuncias que llevamos persona a persona, lo que han permitido las redes sociales es, por un lado ampliar el debate entre quiénes tienen acceso a esas redes. Pero hay otros dos elementos muy importantes: particularmente en México, un país con tales grados de impunidad, en donde las instituciones son expertas en simular, es decir, asegurar que hacen pero que no se tengan los resultados adecuados; la posibilidad de presentar denuncias confidenciales y anónimas es una gran alternativa en este contexto, y es una gran alternativa para poder hablar del tema y tener una dimensión un poco más amplia, aunque no total porque no todas y todos tienen redes sociales.

Por otro lado, como abogada me parece importante que se esté logrando generar redes para identificar quiénes han sido hostigadas por la misma persona, y eso es muy importante, sabemos que quienes violentan sexualmente, en particular hostigamiento y acoso, no lo hacen una sola vez. Entonces es relevante plantear que hay varias mujeres que han sido afectadas y que no se trata de un asunto individual o personal, sino que es un modo de operar y de conducta de los hombres.

¿Son necesarios los protocolos?

Un protocolo aterriza toda la normatividad vigente para que quién opera en cada institución, sepa los pasos a seguir, pero un protocolo no crea obligaciones ni derechos, eso ya está en las leyes.

Hay instituciones que sin tener un protocolo, operan las leyes. No es indispensable tener un protocolo para actuar, con las leyes vigentes toda autoridad del ámbito que sea tiene la obligación de actuar. Un protocolo es solo para facilitar la comprensión y la operación de la normatividad vigente.

Hacer un protocolo no es la última acción. Aunque existan protocolos, si quien lo opera no ha tenido la capacitación adecuada, lo va a aplicar mal, entonces tan relevante como crear un protocolo es capacitar a todo el personal que tiene que ver con estas medidas.

Lo que establece la ley administrativa es no solo que se investigue cuando hay actos, también implica medidas de prevención, además de la generación y producción de información: necesitamos saber cuántas y cómo se ha denunciado, en qué situaciones se han dado esas acciones, en dónde se ha dado y otros detalles. La legislación establece también la necesidad de mecanismos para evaluar las acciones de prevención, pero también para la atención y la investigación. Y no solo implica la sanción al agresor, sino sobretodo, la reparación del daño integral a la víctima, que las universidades luego se asustan mucho con eso porque piensan que es indemnización y van atener que dar dinero, pero hay que recomendarles leer la Ley General de Víctimas para que se enteren de qué es la reparación del daño.

¿Cuál es la mirada desde la presunción de inocencia?

Ante este elemento es importante señalar de que la Ley General de Víctimas habla de una presunción que es fundamental y es la presunción de buena fe de la víctima. Las presunciones, tanto de inocencia como de buena fe, cobran sentido cuando hay una institución que va a investigar, sino, no hay presunciones, éstas no están en la vida cotidiana. Las presunciones son porque si se inicia una investigación no se puede iniciar diciendo que una persona es culpable, pero tampoco se puede iniciar pensando que la víctima miente.

El hecho de hablar solo de presunción de inocencia y no de presunción de buena fe, nos habla de la poca actualización en las formas de investigación sobre la base de los derechos humanos, pero también nos habla de lo que están mirando estas personas, que solo miran a las personas denunciadas, y lo diré así, sobretodo para garantizar su impunidad, no están mirando para realmente actuar.

Uno de los ejes que nos mostró el #MeToo en México es que el nivel de violencia en este país es altísimo. La mayoría de las mujeres que han denunciado han recibido amenazas, han recibido represalias, no solo por las personas a las que denunciaron, sino por las instituciones en las que están. Entonces eso nos dice y nos comprueba, no necesitamos más datos, que efectivamente no hay condiciones adecuadas para denunciar, por eso la confidencialidad es absolutamente necesaria en estos casos.

¿Qué sucede con las denuncias en el ámbito educativo?

Otra tendencia que están teniendo sobre todo las universidades y las instituciones educativas  es que dicen que si las alumnas están sufriendo hostigamiento y no denuncian penalmente, entonces no se puede hacer nada.

La ley mexicana establece obligaciones para investigar sobre violaciones a los derechos humanos en todos los ámbitos de competencia. Una escuela tiene obligaciones de investigar, en el ámbito de su competencia, no sea, o investiga como Ministerio Público.

El hostigamiento y acoso sexual están definidos como faltas en el Código Penal, pero también es una prohibición que tienen en el ámbito laboral, y está definido en el ámbito administrativo a través de la Ley general de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta ley establece obligaciones para todas las instituciones en el ámbito administrativo, las universidades tienen obligaciones al respecto.

La Ley General de Víctimas no solo plantea el derecho de la víctima a denunciar o no, sino también a denunciar por la vía que quiera. Cada vía tiene efectos distintos, la vía penal nos lleva a la privación de la libertad si es un delito que corresponde a esa pena. La Ley del Trabajo y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que permiten son acciones que no se quedan solo en la persona que comete el acto, sino en procesos institucionales. La mayoría de las personas que han denunciado o dado su testimonio en redes, ninguna está planteando que los refundan en la cárcel, lo que están planteando es que paren y que no le vuelva a pasar a nadie más, y eso de que ninguna mujer lo sufra más, tiene que ver con la ley laboral y administrativa, que sí les toca a las universidades, a las empresas, a las organizaciones civiles y a toda instancia.

¿Qué son las obligaciones reforzadas de las universidades?

Primero que, en la mayoría de los casos, las mujeres que son víctimas de esa violencia de género son menores de edad y los casos se tienen que investigar de oficio. Por otro lado, son instituciones educativas, su finalidad es educar conforme a lo establecido en el Artículo 3º Constitucional y la Ley General de Educación, tiene que ser una educación para los derechos humanos y un proceso educativo en donde se respeten los derechos humanos, hacer lo contrario es violar la Constitución. Y aunque las universidades sean autónomas, no están fuera de la Constitución.

En la tercera y última entrega, Ximena Antillón, sicóloga integrante de Fundar, especialista en el acompañamiento psicosocial a familiares y víctimas de violaciones a derechos humanos; nos hablará sobre lo que tenemos que repensar después del #MeToo, la estructuración y acompañamiento a víctimas, además de las tareas pendientes de las instituciones.

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