Siempre deberá existir personal médico dispuesto y comprometido con sus pacientes, con una verdadera y muy alta vocación de servicio, comprensiva de los derechos de sus pacientes y a la altura de su tarea de rango constitucional de procurárselos con la mayor claridad posible sin juicios morales de por medio. El Estado tiene la obligación de asegurar, por todos los medios posibles, que se garantice el derecho de las personas a la protección de su salud y a ser beneficiarias de los procedimientos necesarios.

-Ministra Margarita Ríos Farjat

En agosto, IMPUNIDAD|CERO publicó una investigación relativa a la impunidad administrativa, este estudio “identifica los canales de denuncia, queja y reporte de faltas administrativas; estudia los métodos de los órganos encargados de investigar y sancionar estas conductas; analiza cómo se sistematiza esta información por parte de las instituciones encargadas de hacerlo; y evalúa cómo se sanciona cualquier conducta irregular de las personas servidoras públicas, de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y las fiscalías, a nivel estatal y federal”.

Dentro de los principales resultados, destaca la Fiscalía de Aguascalientes como la institución con mayor impunidad administrativa en el país, esto significa que existe omisión en la investigación y sanción de las irregularidades que puedan cometer las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones, lo que imposibilita la correcta función de la institución, lo que repercute inevitablemente en el proceso de atención de las víctimas y sus familias.

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género siempre hemos insistido a todos los titulares que han pasado por la Fiscalía, a todas las áreas, funcionarias y funcionarios que componen la institución, sobre la necesidad de mejorar los procesos de atención, transparencia y de diálogo con las víctimas y las familias, hemos dado de cuenta de las deficiencias en el seguimiento de las investigaciones; del déficit de personal profesional, y que cuando es contratado nuevo personal carece de experiencia y sensibilidad en la atención pública; de la urgente necesidad de reforzar y ampliar procesos formativos y de sensibilización con perspectiva de género y derechos humanos a todas y todos quienes componen la institución.

Hemos dado cuenta, también, de la intransigencia para recibir retroalimentación y quejas de los servicios que brinda la institución, de la rotación injustificada o mal justificada del personal de investigación, del trato revictimizante y de las múltiples negativas para reunirnos con el Fiscal y en algunos momentos, negar el derecho de las víctimas a ser acompañadas por nosotras.

Somos conscientes de que la omisión e impunidad en la impartición de justicia está atravesada por graves fallas internas de la Fiscalía, y de otras instituciones que atienden víctimas; que el pacto patriarcal de protección entre agresores funciona también a escala burocrática y que en esto, las víctimas y sus familias siguen siendo quienes reciben las principales consecuencias.

Pese a las negativas de la Fiscalía de reconocer sus claras deficiencias, hacemos un llamado a dejar de buscar la confrontación con las familias, las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil y trabajar en el seguimiento a sus protocolos internos que obliguen al servicio público sin omisiones ni impunidad, que la Fiscalía trabaje por el derecho de todas las víctimas a la verdad, la memoria y la justicia.

El silencio no nos protege

Vivas y Libres nos queremos.

Aguascalientes, Ags., 14 de septiembre de 2021

A la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Al fiscal general Jesús Figueroa Ortega.

A la opinión pública.

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), acompañantes jurídicos en el caso de Montserrat Johana Vargas García, encontrada sin vida el pasado 14 de diciembre, reprobamos las declaraciones que Jesús Figueroa Ortega, fiscal general del estado, ha ofrecido en medios de comunicación en torno a la investigación del caso.

Figueroa Ortega ha declarado públicamente en dos ocasiones, la primera el 15 de diciembre del 2020 y la segunda el 12 de enero del año en curso, que todo apunta a que se trató de un accidente, aún y cuando la investigación no ha terminado. Consideramos que la pronta conclusión del fiscal daña el proceso y a la familia Vargas García, que han exigido a la Fiscalía General investigar si se trató de un delito.

Como acompañantes jurídicos, señalamos que las autoridades ministeriales no han investigado la muerte de Montserrat Johana de acuerdo al Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género de Muertes Violentas de Mujeres en el Estado de Aguascalientes (P.O. 11 septiembre 2017) que “proporciona las directrices para un actuar inmediato de los cuerpos de investigación, a través de procesos estandarizados y homologados que eviten acciones que vulneren los derechos humanos de las mujeres, de tal modo que, al substanciar una investigación por la privación de la vida de una Mujer de forma violenta, independientemente de que la muerte aparentemente haya sido un suicidio, un homicidio doloso o un Feminicidio” (Prefacio, pag.6).

Por otro lado, el Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (derivado de la Sentencia de Campo Algodonero)  establece que “en los casos de muertes de mujeres aparentemente accidentales, la prudencia exige aplicar el Modelo de Protocolo ante el más mínimo indicio o duda de que se pueda estar frente a una muerte violenta. En ningún caso su aplicación impide la investigación general de los hechos sino que, por el contrario, permite identificar los hechos y asociarlos a un eventual contexto femicida”.

Además, señalamos que la Fiscalía General del Estado no ha realizado el Peritaje Antropológico ni el análisis de contexto necesario en los casos de muertes violentas para conocer el entorno familiar y del espacio en el que perdió la vida Montserrat Johanna, de cinco años, y deben aplicarse todos los instrumentos con los que cuenta el estado para no vulnerar la perspectiva de género y el interés superior de la niñez.

Después de revisar la información contenida en la carpeta de investigación, y con los datos que el equipo jurídico del Observatorio ha recabado, consideramos que la explicación que la Fiscalía ha ofrecido sobre que la niña pudo haber ingresado por su propio pie a la Planta de Tratamiento donde fue encontrada, es inverosímil y desmesuradamente omisa en datos concretos que se encuentran en la propia carpeta.

Nos parece sumamente delicado y violento que el titular de la Fiscalía General apure las conclusiones de un caso que sigue en investigación y que las haga públicas, polarizando a la opinión pública y dañando el acceso a la justicia y la verdad de la familia Vargas García, que ha sido objeto de ofensas y perjurios por parte de conocidos comunicadores, a quienes también llamamos a respetar el debido proceso.

Le exigimos a Figueroa Ortega y al personal de la Fiscalía General del Estado aplicar los protocolos necesarios para esclarecer la muerte de Montserrat Johana y no emitir ninguna conclusión hasta que la investigación haya concluido.

Porque no estamos solas.

Porque el silencio no nos protege.

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA).

Aguascalientes, Ags. 21 de diciembre de 2020 Hacemos del conocimiento público, el desprecio y agravio que la LXIV Legislatura del Estado de Aguascalientes ha venido manifestando con su trabajo legislativo hacia los derechos sexuales y reproductivos de las y los menores y de las mujeres de Aguascalientes.Ha sido evidente que la LXIV Legislatura ignora el carácter sui géneris de los derechos sexuales y reproductivos, ignora el reconocimiento nacional e internacional y el avance de estos derechos en las décadas recientes, así como la significación de estos derechos para la vida de las mujeres, con lo cual se ha caracterizado como la legislatura más conservadora y fundamentalista que ha ocupado el Congreso de nuestro Estado.

Anticipamos que, en la próxima Sesión Ordinaria del Congreso en próximas fechas realizada con la máxima premura y aprovechando vilmente el momento de tragedia y urgencia que se vive, será discutida, por 2da vez la inclusión en la Constitución de Aguascalientes de la protección a la vida desde el momento de la concepción en el artículo 2.

En esta sesión, se dará respuesta a la insistencia de las mentalidades más religiosas y conservadoras de la entidad, dando la espalda y cerrando la puerta a las razones del derecho, la ciencia, las mujeres y la democracia.

Un “Foro” con duración de 1 hora 20 minutos no suple una investigación sociológica, económica, jurídica, estadística, etc. que evidencie con certeza la situación reproductiva de las mujeres en Aguascalientes: sus necesidades, carencias, problemas, etc. aunque sí pueda dar apariencia democrática a una decisión.

La iniciativa que pretenden aprobar es inconstitucional por: Se violan los derechos fundamentales porque al reformar el artículo 2 de la constitución de Aguascalientes obliga a sancionar penalmente el aborto, reconoce indebidamente como persona al concebido y no nacido, restringe inadecuadamente los derechos de las mujeres

Es inconstitucional porque al ampliar los derechos restringe a su vez los derechos fundamentales de las mujeres para crear nuevos sujetos de derecho.

Se afectan diversos derechos de las mujeres, como su derecho a la vida, a la libertad, a la protección de la salud, a la libertad sobre su cuerpo, a la igualdad de género, a la no discriminación, a la libertad reproductiva, a la libertad sexual, tutelados por diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados y convenciones internaciones en materia de derechos humanos.

Se basa en una errónea interpretación de diversos tratados internacionales, pues no hay instrumento internacional alguno que obligue al Estado mexicano a considerar que la vida del nasciturus está protegida desde la concepción.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece que los no nacidos sean personas, individuos o sujetos jurídicos o normativos y sólo los reconoce como bienes jurídicamente protegidos y reconoce derechos fundamentales para la persona jurídica es decir, para el individuo que ha nacido y cuando hace referencia a la concepción y a la gestación, lo hace siempre en función de los derechos de la mujer embarazada.

No olviden que las mujeres constituimos el 52% del padrón electoral del Estado de Aguascalientes y que así como han usado el argumento de “deuda electoral” para promover iniciativas violatorias de derechos humanos e inconstitucionales les decimos que en las próximas elecciones donde se renovará el congreso no daremos ni un voto a todos aquellos partidos políticos que voten a favor de reformas que continúan criminalizando y prohibiendo el avance en nuestros derechos tampoco a las y los legisladores actuales que busquen la reelección.

De aprobar tenemos listo el recurso de inconstitucionalidad que será presentado en la Suprema Corte de Justicia y utilizaremos todos los recursos legales para que se sume una más a su expediente y la segunda por vulnerar los derechos humanos.Les recordamos que su obligación como legisladores es trabajar por el avance en los derechos humanos de todas las personas incluidos los derechos de las mujeres, no nos interesa que usen un pañuelo verde o morado lo que nos interesa es que hagan su trabajo apegado a derechos humanos, desde la laicidad, la ciencia y la escucha de las diversas voces.Organizaciones, Colectivas y agrupaciones feministas firmantes

CECADEC, CEDEMAC, CEPAZ, CIDE Fem, Códice, AC. Colectiva Feminista Aguascalientes, Colectivo Raíz, Comunidad Feminista Ags, Cultivando Género AC., Diversex, Impúlsalas AC, ISES, Laboratorio de arte feminista, Las te de Luna, Las Nombramos, Mexicanas en Acción Positiva A. C, Morras Help Morras, Mucha Muchacha, Mujer Entrópica, Observatorio ciudadano de agendas de género, Observatorio de violencia social y de género de Aguascalientes. Red Mexicana de Mujeres Trans, Redser, Salvemos la pona, Terfu, VIHDHA A. C.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han registrado más 115 mil llamadas de emergencia por problemas de violencia sexual, violencia familiar, social, entre otras, mostrando un incremento del 28% en marzo con respecto a enero 2020 derivado de la crisis sanitaria por la pandemia que hemos vivido en 2020. 

La COVID-19 además de ser una emergencia sanitaria, es un emergencia social en tanto las consecuencias que ha tenido y tienen en la vida cotidiana de niñas, mujeres y adolescentes; consecuencias sociales que ponen de manifiesto los niveles de desprotección y peligro que viven mujeres y niñas en la vida cotidiana en su contacto directo y forzado con sus agresores, quienes rodeados de la impunidad de los espacios privados y familiares, ejercen distintos tipos de violencia. 

Esto aunado al aumento de la violencia feminicida en el país y en el Estado, a la represión de las manifestaciones de mujeres, colectivas y organizaciones, a los mensajes de odio para mujeres lesbianas y trans, y los mensajes generalizados de deslegitimación de las protestas feministas, nos colocan en un lugar de emergencia para garantizar a todas las mujeres el acceso a una vida libre de todas las violencias. 

En el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, desde el OVSG de Aguascalientes nos pronunciamos por la urgente articulación de todas las instituciones para la aplicación de las normas internacionales y nacionales para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias durante este encierro forzado, nos pronunciamos por la eliminación de todos los dicursos públicos que, solapados por una misógina interpretacion de la libertad de expresión, incitan al odio contra las mujeres, favoreciendo la violencia feminicida.  

Nos pronunciamos por la urgente profesionalización del personal de atención de emergencias para evitar la revictimización, negligencia y omisión en la atención de las llamadas y casos de violencia reportados por niñas y mujeres durante el encierro derivado de esta pandemia global. 

Nos pronunciamos por el respeto a la identidad y dignidad de mujeres trans y mujeres no cisheterosexuales que se han vuelto blanco de grupos conservadores y religiosos. 

Nos pronunciamos por la autonomía económica de las mujeres, por el reconocimiento y remuneración de su trabajo como cuidadoras y jefas del hogar. Reconociendo la violencia económica y social que viven en tanto la generalización del deber ser de las mujeres desde una lógica patriarcal. 

Nos pronunciamos por garantizar la accesibilidad e inclusión a la vida pública y social de mujeres con discapacidad, que históricamente han sido víctimas de todas las violencia y se les ha negado y niega el reconocimiento jurídico, social e histórico en la toma de decisiones. 

Nos pronunciamos por distancias seguras y sin violencias para todas las mujeres.

Para todas nosotras, que en el cruce de nuestras diferencias, acompañamos la lucha por el acceso de todas a una vida libre de violencias. 

¡No estamos solas! 

Vivas y libres nos queremos. 

05/OCT La familia de Christian, quien fue desaparecido en 2016, se presenta a Fiscalía a declarar sobre información recibida de posible ubicación en un predio.

09/OCT -Inicia la búsqueda en el predio señalado con la participación de la mamá y hermano de Christian, y el OVSG. -Autoridades se presentan sin herramientas de búsqueda-En la búsqueda un policía ministerial acusa a Daniel, hermano de Christian, de saber su paradero.

14/OCT Previo a la 2a búsqueda en el predio, el hermano de Christian es detenido en su casa, acusado de robo; horas y distancias no coinciden con la declaración. Daniel es llevado al CERESO en espera de la judicialización del caso.

21/OCT Al no acreditarse ningún delito, debido a la falta de consistencia de la denuncia y ninguna evidencia, se ordena la libertad de Daniel.

Durante esta mañana un programa de radio sin código de ética filtró información de la que sólo la Fiscalía General del Estado tenía conocimiento sobre la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada en el espacio Tres Centurias.

Esta información llevó a una serie de comentarios por parte de sus dos conductores desacreditando no sólo el trabajo del Observatorio y de las familias, sino generando una serie de comentarios misóginos y despectivos hacia Mariana Ávila Montejano, cofundadora y directora, y contra Violeta Sabás, cofundadora y coordinadora de esta Organización, ataques que en un contexto feminicida nos resultan alarmantes.

Le recordamos a los “comunicadores” que todas nuestras acciones y trabajo se guían por los protocolos internacionales y nacionales en materia de Desaparición Forzada y perspectiva de género, las autoridades están obligadas a seguirlos, aunque no quieran y aunque obstaculicen la correcta aplicación de los mismos.

Resultan preocupantes sus comentarios atacando a las familias y el dolor al buscar a sus familiares desaparecidos luego de que en días pasados reportamos la detención arbitraria de dos integrantes del Colectivo de familias que han participado en las búsquedas y a quienes “al final” no se les acreditó ningún cargo; pareciera entonces, este repentino ataque de este “medio” de comunicación, parte de la articulación de acciones para intimidarnos.

No los tenemos miedo a ustedes, que desde un micrófono desatan la violencia contra familias y el Observatorio. No nos intimidan y no cesaremos en el acompañamiento que damos a las familias por el acceso a la verdad, la justicia y la memoria.

Al Observatorio nadie le paga, el autofinanciamiento es resultado de nuestro trabajo profesional articulado desde el área de comunicación hasta el área jurídica, no recibimos ningún financiamiento por estas acciones, aunque pretendan desacreditarnos sugiriendo que somos “pagadas”.

Tampoco estamos asociadas con ningún grupo o con algún personaje político o de interés político; sólo trabajamos con familias y nos articulamos nacionalmente con organizaciones y colectivos de búsqueda de personas y de violencia feminicida.

Desde el Observatorio nos seguiremos movilizando para hacer el trabajo que por años las autoridades no han hecho, reflejado en el nulo avance de las investigaciones, en carpetas casi vacías, en indicios perdidos, en testigos que ya no son localizados.

¿A eso le teme el programa de radio?

¿A un grupo de familias buscando a sus familiares?

¿A activistas articuladas que buscan verdad y justicia?

El silencio no nos protege

¡NO LES TENEMOS MIEDO!

• El OVSG y familiares esperaron la llegada de la Fiscalía General del Estado y no se presentaron
• Las organizaciones no pueden desestimar ninguna denuncia porque así han encontrado personas en otros estados

Susana Rodríguez para OVSG

La mañana de este sábado después de alrededor de cinco horas de espera, integrantes del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSG) y familiares de personas desaparecidas se quedaron esperando sin resolución en el predio donde por medio de una denuncia anónima se presume que podrían encontrarse algunas de las víctimas de desaparición forzada.

Fue el miércoles pasado, cuando por medio de las redes sociales, integrantes del observatorio recibieron una denuncia anónima donde señalaban un par de predios en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias, en los que posiblemente podrían encontrarse víctimas de desaparición forzada entre 2010 y 2015 en Aguascalientes.

Una vez recibida la denuncia, el Observatorio dio parte a la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Gobierno y la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda, sin embargo las autoridades solicitaron cumplir con el procedimiento de interponer una denuncia para entonces proceder a la búsqueda en los lugares.

De acuerdo al Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas se debe actuar ante la petición de cualquier denunciante, sin especificar que esta deba hacerse por escrito y ante el Ministerio Público.

Debido a la pasividad de la autoridad y con previo aviso a la fiscalía, el Observatorio decidió por cuenta propia hacer la intervención directa este sábado pasado comenzando por llamar al 911. Casi de forma inmediata llegaron al velódromo varias patrullas de la Policía Municipal y Estatal, más tarde acudió personal de la Policía Ministerial y la Guardia Nacional.

Alrededor de las dos de la tarde, luego de un altercado con el personal de seguridad ahí presente, desalojaron del lugar a uno de los familiares, específicamente el papá de Sergio de Lara Quezada, retiraron todas las unidades y personal de las corporaciones y a las demás personas (activistas y familiares) las dejaron encerradas dentro de las instalaciones del velódromo. Los hechos fueron denunciados en tiempo real en las redes sociales del Observatorio.

Según las estadísticas de la Fiscalía General del Estado tienen 235 carpetas de investigación de personas desaparecidas, el observatorio acompaña 14  procesos (7 de Aguascalientes, 6 en Jalisco y 1 en Tamaulipas), en particular el de Sergio de Lara Quezada, desaparecido hace 9 años en Villa Hidalgo Jalisco, el 30 de agosto de 2011 salió a las ocho de la mañana a trabajar y  no volvió, su familia hasta la fecha no ha tenido conocimiento de avance alguno en la investigación de su caso.

En entrevista con Violeta Sabas, coordinadora del OVSG precisó que las denuncias son muy valiosas para las organizaciones civiles y no pueden desestimarse pues de acuerdo a experiencias en otras entidades como Veracruz, esta información ha destapado fosas donde efectivamente han encontrado personas desaparecidas.

“En muchas ocasiones eso es lo que sucede, incluso en colectivos a nivel nacional les llegan reportes totalmente anónimos… es la experiencia, por eso cualquier información, cualquier dato los colectivos los tomamos muy en serio porque hay muchas posibilidades”, agregó Sabas.

En esta denuncia se señalan concretamente dos puntos, uno ubicado en el velódromo y otro más en la zona arrendada por Grupo Modelo. La intención original, antes del altercado con las autoridades de seguridad, era comenzar con ese primer punto (velódromo) y seguir con el otro.

Después del arribo de policías municipales, estatales, ministeriales y elementos de la Guardia Nacional, la esperanza de las activistas y familiares era la llegada de representantes de la Fiscalía General del Estado, bomberos y personal de protección civil, pero nunca hicieron acto de presencia.

“(Lo que tendría que hacerse) es quitar la losa, la plancha y buscar, son muchos muchos metros para eso es necesario protección civil, bomberos y obviamente la policía y fiscalía, en un inicio está ya acordonada el área, ya con esto lo que se espera es que se quede una patrulla vigilando”, dijo Violeta Sabás antes del altercado con las autoridades.

Independiente de esta intervención, el observatorio en conjunto con el Colectivo de Personas Desaparecidas estaba realizando búsquedas de personas desaparecidas de manera bimestral, aunque durante la pandemia habían cesado un poco, pero la intención es retomarlas.

En días pasados la diputada local del Partido Acción Nacional, Paloma Amézquita, anunció a medios de comunicación que planea presentar durante este periodo otra iniciativa para la criminalización del aborto y de las mujeres en el Estado, su argumento genérico es la defensa de la “vida”, sin sustentos científicos, ni apegados a las normativas jurídicas y tratados nacionales e internacionales en materia de género y derechos humanos. 

El trabajo omiso y revictimizante de Paloma Amézquita como legisladora está en línea con los intereses religiosos y contra el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencias, esto supone el gasto público legislativo en acciones que van contra los principios parlamentarios y democráticos del país, al legislar y escuchar sólo a una parte de la población, favoreciendo la desinformación. 

La amenaza de Paloma Amézquita se suma a las acciones en el país de grupos antiderechos y legisladores como Carlos Leal en Nuevo León, que el pasado 25 de septiembre presentó una denuncia penal en contra de organizaciones, colectivas y activistas que promueven el aborto seguro en aquél Estado. Estos ejercicios buscan intimidarnos, asustarnos y violentarnos a todas las mujeres, en Nuevo León, Aguascalientes y el país, buscan quitarnos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y meternos a la cárcel. 

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes nos pronunciamos contra todas las iniciativas y proyectos de ley que buscan criminalizar a las mujeres en el libre ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, así como sus derechos políticos, sociales y culturales; tales como la libertad de asociación, transito, manifestación y libre expresión.  

Nos pronunciamos contra el trabajo legislativo omiso y el despilfarro del presupuesto público en iniciativas regresivas de los derechos humanos, ya que aunque estén aprobadas y publicadas, estarán sujetas a los ejercicios jurídicos correspondiente en las instancias necesarias. Es decir, aunque las promueven, las aprueben y las publiquen ¡Se van a caer!. 

Le recordamos a las y los legisladores que la autonomía del Estado no les exime de sus responsabilidades con las leyes y tratados nacionales e internacionales firmados y ratificados por México; que todas las propuestas regresivas de los derechos humanos y las acciones que favorezcan la violencia contra las mujeres están sujetas a amparos y que más se va a tardar la aprobación que nosotras en generar herramientas jurídicas para tirarlas. 

No estamos solas, estamos organizadas de manera colectiva en el Estado y en el País, no les tenemos miedo y no tenemos miedo de usar las instituciones y las leyes. No tenemos miedo de manifestarnos, no nos importan las paredes, los monumentos. 

¡Se va a caer! 

Vivas y Libres nos queremos.