Autor: OVSGAgs

El Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) ratificó y amplío su denuncia por conflicto de interés y por violentar el principio de Parlamento Abierto ante la Contraloría Interna del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. 

 Reiteramos que esta es la primera denuncia a nivel estatal y nacional presentada por una organización civil ante el Sistema Anticorrupción, que en Aguascalientes remitió el tema a la Contraloría Interna del Congreso. 

Daremos seguimiento al conflicto de interés de la diputada panista Paloma Amézquita y el Director General de Servicios Parlamentarios, Javier Soto, con el Frente Nacional por la Familia (FNF). Así como las violaciones al principio de Parlamento Abierto que ocurrieron, por ejemplo, en el proceso legislativo durante la presentación y discusión de la iniciativa de reforma a los artículos 2 y 4 de la Constitución Estatal, que buscaba obstaculizar el avance a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

En principio el OVSG busca fortalecer el mecanismo de vigilancia y seguimiento al que tiene derecho la ciudadanía respecto de los trabajos del Poder Legislativo, ante la omisión de sus obligaciones de transparencia -descritas en el Artículo 55 y 57 de la Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública- al no actualizar los datos que por ley deben ser públicos en la página oficial del Congreso del Estado: http://www.congresoags.gob.mx/Deputy. 

Demandamos, como objetivo principal, que el Congreso del Estado trabaje de forma transparente y abierta en todos los procesos legislativos y se rija bajo los principios de Parlamento Abierto descritos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, que deben contar con mecanismos para garantizar transparencia, máxima publicidad, el derecho al acceso de la información, apertura gubernamental, participación ciudadana y rendición de cuentas. 

El Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) le recuerda a la Fiscalía General del Estado investigar como base mínima bajo los lineamientos establecidos en el Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género de Muertes Violentas de Mujeres en el Estado de Aguascalientes -publicado en el Periódico Oficial del Estado el 11 de septiembre del 2017-, pero sobretodo de acuerdo a lo establecido en el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (feminicidio), cualquier caso que suceda en la entidad, como el ocurrido el viernes 4 de enero en el municipio de Cosío, cuando se registró la muerte de una niña de diez años.

Con base en los lineamientos del Modelo de Protocolo Latinoamericano, la investigación debe ser exhaustiva, esto es, debe agotar todos los medios legales disponibles y estar dirigida a la determinación de la verdad, la captura, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables.

Es indispensable distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Y en el caso de muertes violentas de mujeres o de suicidio, el equipo investigador debe presumir que se trata de un feminicidio.

Los casos socializados como suicidios de mujeres deben ser investigados bajo las indicaciones del Modelo de Protocolo Latinoamericano por tres razones fundamentales: La violencia feminicida es una realidad cotidiana que representa a 9 mujeres y niñas asesinadas cada día en nuestro país; la violencia directa manifestada en muertes violentas de mujeres surge de una continium de violencia y omisiones institucionales que en todos los casos pudo ser evitable.

Además, las autoridades encargadas de la procuración de justicia tienen antecedentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que les han obligado a reponer investigaciones por no investigar con perspectiva de género y archivar casos de muertes violentas de mujeres como suicidios. 

Mientras que en los Aspectos Fundamentales del Protocolo estatal -el cual cuenta con diversas inconsistencias-, se obliga a la Fiscalía General del Estado a hacer una exhaustiva investigación tomando en cuenta el entorno y contexto socio-cultural de la víctima y sus probables antecedentes de violencia en cualquier ámbito, los perfiles de personalidad de la víctima y la interpretación de indicios y/o evidencias de índole imputado.

Según información de medios de comunicación, la muerte de la menor fue confirmada por autoridades estatales aproximadamente a las 22:40 horas del viernes 4 de enero. Por la mañana del sábado 5, los medios confirmaron el motivo definitivo de la muerte y poco antes de las 12 del día la Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección General de Investigación Pericial, dio a conocer el mecanismo y la causa de la muerte. Sin embargo, en un plazo de 12 horas no es posible determinar la muerte violenta de una mujer habiendo tomado en cuenta las investigaciones que deben realizarse siguiendo los protocolos establecidos.

El OVSG seguirá señalando las irregularidades e ineficiencias de las autoridades investigadoras, que invisibilizan la violencia de género y obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres.

Comenzamos un año más, uno donde no estamos todas, donde no estamos todos.
Les seguimos buscando.
https://bit.ly/2TvkfG1
#NoEstánSolas

Para el Observatorio de Violencia Social y de Género es importante reconocer el triunfo legislativo y democrático que, a través de la lucha desde la sociedad civil organizada, activistas feministas y defensoras de derechos humanos, se logró el jueves 27 de diciembre en el Congreso del Estado. Desde el Observatorio seguiremos luchando contra todo aquello que pretenda menoscabar la libertad de las mujeres. No perderemos los derechos conquistados y alzaremos la voz cuando se quiera legislar desde la ilegalidad y desde concepciones morales, religiosas y parciales.  

 Retomamos lo señalado durante el debate parlamentario: 

“(…) esta iniciativa lo único que puede generar es un retroceso a la conquista de derechos hacia la sociedad igualitaria que todos deseamos. (…) El punto no es debatir interrupción del embarazo si o no, lo que debemos debatir es interrupción legal o interrupción clandestina. Esta propuesta de defender la vida lo único que hace es criminalizar a la mujer. Sé que no somos mayoría los que defendemos estos temas, porque en la historia, la conquista de los derechos siempre han sido una victoria que se arranca al opresor. Las mujeres están conquistando el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida. (…) este es el siglo de los derechos de las mujeres, más tarde o más temprano, las mujeres van a conquistar los derechos que reclaman. Saquemos de la clandestinidad la interrupción de los embarazos. La propuesta de reforma pareciera que fue inofensiva, sin embargo, tiene mucho fondo. De aprobarse, se cerrarían las puertas y las posibilidades de aprobar el derecho inalienable que tienen las mujeres a decidir sobre su sexualidad.

 La no aprobación de la iniciativa que buscaba “proteger la vida desde la fecundación”, es un triunfo de la participación informada y la prueba de que no pueden imponerse ante los derechos humanos y su progresividad, ni la iglesia puede dictar la agenda legislativa de nuestro estado, ni las legisladoras y legisladores pueden actuar de manera negligente. 

Sentenciamos el voto por cédula, -es decir, secreto-, aprobado por 21 de los 27 legisladores. Como electoras, exigimos conocer el sentido del voto de las diputadas y los diputados que conforman el Pleno Legislativo. La discrecionalidad socava la libertad de expresión, de acceso a la información y viola lo estipulado en el artículo 145 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en donde se señala que las votaciones de reformas a la Constitución deberán ser nominales, es decir, públicas. 

Pedimos a las 14 diputadas que integran el Pleno Legislativo que luchen a las mujeres que votaron por ellas y hagan de nuestra lucha, su lucha y la de todas. 

No quitaremos el dedo del renglón. El Observatorio seguirá pendiente de la resolución que dicte la Contraloría del Congreso Estatal respecto de la denuncia que presentamos ante el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes -la primera en su tipo a nivel nacional- por el conflicto de intereses de Javier Soto, Director de Servicios Parlamentarios y su activismo dentro del Frente Nacional por la Familia, así como el de la diputada panista que lo cobija, Paloma Amézquita, presidenta de la Comisión Legislativa de la Familia y los Derechos de la Niñez. La separación iglesia-estado exige a los servidores públicos trabajar con imparcialidad y eso les exigimos. Denunciamos también la falta de transparencia en el proceso legislativo que se mantuvo con la presentación del dictamen que buscaba reformar los artículos 2 y 4 de la Constitución local.

 Ante el triunfo hoy conquistado, no olvidemos que la lucha continúa. Seguiremos exigiendo que la legislación proteja la progresión de los Derechos Sexuales, Reproductivos y la salud integral, que el Estado permita el aborto seguro, que se mejoren los mecanismos de acceso a la justicia de las mujeres y que se avance en la progresividad de los derechos y los Tratados Internacionales firmados por México.

Con 17 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, la iniciativa que pretendía la “protección” de la vida desde la fecundación NO se aprobó.
Gracias a todas las personas que, desde sus espacios y sus luchas, caminaron juntas por el respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres de Aguascalientes.
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Al Congreso del Estado

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos

A la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes

En estas horas se ha hecho público un llamado por parte del Obispo de Aguascalientes, USEM Aguascalientes, COPARMEX y Consejo de Laicos a la violencia contra las personas que se manifiesten mañana a favor del aborto legal, seguro y por el reconocimiento pleno de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres de Aguascalientes.

Estos llamados a la violencia a través de grupos de choque son una muestra más de las fallas de legisladoras y legisladores, de su negligencia al no ofrecer un sistema de transparencia que garantice la imparcialidad de su trabajo, así como de la pobreza legislativa de diputadas y diputados que están fallando en su deber de representar a todas las personas habitantes del Estado de Aguascalientes.

Contrario a lo que se está difundiendo, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes no está haciendo ningún llamado al choque, la violencia, la mentira y la agresión, no está convocando a ningún acto que violente y atente contra la integridad y seguridad de ninguna persona, sin excepción; por el contrario, hace un llamado al respeto del derecho a la manifestación pacífica, al diálogo y, sobre todo, hace un llamado a que el Congreso asuma sus compromisos con el Estado  Mexicano, con los principios jurídicos de progresividad de los Derechos Humanos y a legislar con perspectiva de género, reconociendo la deuda histórica con las mujeres del Estado.

Responsabilizamos a Paloma Amézquita y Gustavo Baéz, así como a legisladoras y legisladores por cualquier acto de violencia que grupos conservadores hagan en contra de cualquier manifestante, hacemos responsable al Congreso del Estado por el contexto de violencia que su opacidad, negligencia y falta de imparcialidad ha generado, favoreciendo situaciones de vulnerabilidad contra las mujeres en Aguascalientes, organizaciones de la sociedad civil a favor del derecho a decidir y contra activistas y defensoras de Derechos Humanos que, desde el estado de derecho, el conocimiento social e histórico, encabezan la lucha por el derecho de todas las mujeres a vivir una vida digna y libre de violencia.

Porque el silencio no nos protege

Porque no estamos solas

Aguascalientes, Ags a 26 de diciembre de 2018

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes

Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes

Lic. Jorge Humberto Mora Muñoz

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Aguascalientes

Por medio de la presente denunciamos el conflicto de interés que vulnera el principio de parlamento abierto establecido en el Artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y el Artículo 3° de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

A partir de la reforma constitucional en materia de Transparencia se detonó un cambio institucional de gran escala que involucra a los Poderes de la Unión y a todos los niveles de gobierno en su obligación de garantizar el derecho de acceso a la información, a la apertura gubernamental, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

Desde septiembre del año 2011 México fue cofundador de la iniciativa multilateral denominada Alianza por el Gobierno Abierto, dirigida a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza (LOWG por sus siglas en inglés).

A partir de esta apertura y para su cumplimiento por parte del Poder Legislativo, el principio del parlamento abierto ha sido descrito, normativamente más no en la práctica, como el principio básico de la función legislativa, mismo que se centra en el impulso de una participación ciudadana efectiva en el proceso de formulación de políticas, garantizando el acceso a la información sobre las leyes, así como oportunidades para influir en las deliberaciones legislativas.

En septiembre de 2012, una red de organizaciones civiles lanzaron la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria, la cual ha puesto en marcha un debate en curso entre la sociedad civil y los parlamentos para la apertura de datos parlamentarios y ha ayudado a fortalecer la colaboración entre la sociedad civil y los parlamentos en una serie de países.

En México, la Alianza para el Parlamento Abierto (APA) es un espacio de encuentro de organizaciones de la sociedad civil, instituciones legislativas y órganos garantes de acceso a la información y protección de datos personales, cuyo objetivo es lograr que los 34 instituciones legislativas en México cumplan con los principios y acciones de un parlamento abierto.

Elementos que distinguen a un Parlamento Abierto:

1. Derecho a la Información. Garantizan el derecho de acceso a la información sobre la que producen, poseen y resguardan, mediante mecanismos, sistemas, marcos normativos, procedimientos, plataformas, que permitan su acceso de manera simple, sencilla, oportuna, sin necesidad de justificar la solicitud e imparciales.

2. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. Promueven la participación de las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas; utilizan mecanismos y herramientas que facilitan la supervisión de sus tareas por parte de la población, así como las acciones de control realizadas por sus contralorías internas y los demás organismos legalmente constituidos para ello.

3. Información parlamentaria. Publican y difunden de manera proactiva la mayor cantidad de información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con actualización periódica, sobre: análisis, deliberación, votación, agenda parlamentaria, informes de asuntos en comisiones, órganos de gobierno y de las sesiones plenarias así como de los informes recibidos de actores externos a la institución legislativa.

4. Información presupuestal y administrativa. Publican y divulgan información oportuna, detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado al institución legislativa, así como a los organismos que lo integran: comisiones legislativas, personal de apoyo, grupos parlamentarios y representantes populares en lo individual.

5. Información sobre legisladores y servidores públicos. Requieren, resguardan y publican información detallada sobre los representantes populares y los servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración patrimonial y el registro de intereses de los representantes.

6. Información histórica. Presentan la información de la actividad legislativa que conforma un archivo histórico, accesible y abierto, en un lugar que se mantenga constante en el tiempo con una URL permanente y con hiperenlaces de referencia de los procesos legislativos.

7. Datos abiertos y no propietario. Presenta la información con característica de datos abiertos, interactivos e históricos, utilizan software libre y código abierto y facilitan la descarga masiva (bulo) de información en formatos de datos abiertos.

8. Accesibilidad y difusión. Aseguran que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al público, promueven la transmisión en tiempo real de los procedimientos parlamentarios por canales de comunicación abiertos.

9. CONFLICTOS DE INTERÉS. Regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta ética de los representantes.

10. Legislan a favor del gobierno abierto. Aprueban leyes que favorecen políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno, asegurándose de que en todas las funciones de la vida parlamentaria se incorporen estos principios.

En el Estado de Aguascalientes, el 11 de Junio del presente año fue reformado el Artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes para quedar de la siguiente manera:

Artículo 15.- El Poder Legislativo se deposita en una corporación denominada Congreso del Estado. Éste se regirá bajo los principios del modelo de parlamento abierto, por lo que deberá implementar mecanismos que garanticen la transparencia, la máxima publicidad, el derecho de acceso a la información, la apertura gubernamental, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. La ley establecerá los mecanismos a los que hace referencia este Artículo.

Asímismo, el lunes 9 de julio de 2018, fue publicada en la Primera Sección del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, misma que entró en vigor el 14 de septiembre del presente año y que abrogó la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, publicada en el Decreto Número 364 de la LIX Legislatura, de fecha 04 de febrero de 2008, con la finalidad de dar cumplimiento a Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, mismo que queda establecido en su Artículo 3° y 148 de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3°.- El ejercicio del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes se deposita en una Asamblea denominada Congreso del Estado, que procurará un orden público, justo y eficaz, a través de leyes y decretos en el ámbito de su competencia, conciliando y sumando los distintos intereses legítimos de la sociedad.

Este Poder se regirá bajo los principios del modelo de parlamento abierto, por lo que deberá implementar mecanismos que garanticen la transparencia, la máxima publicidad, el derecho de acceso a la información, la apertura gubernamental, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

ARTÍCULO 148.- El Congreso del Estado EN RESPETO DE LOS PRINCIPIOS DEL MODELO DE PARLAMENTO ABIERTO, implementar mecanismos que garanticen la transparencia, la máxima publicidad, el derecho de acceso a la información, la apertura gubernamental, la participación ciudadana y la rendición de cuentas; a través de mecanismos que garanticen la publicidad de Información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales del Estado de Aguascalientes.

Para tal efecto, su actuar atenderá lo dispuesto por las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Sin embargo, dichos preceptos no han sido vulnerados de manera reciente por la Presidenta de la Mesa Directiva del presente periodo ordinario de sesiones y Presidenta de la Comisión de la Familia y de los Derechos de la Niñez, al haber dado trámite de manera furtiva un dictamen para la reforma al Artículo 2° y 4° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en contubernio con el Director de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado, quien además incurre en un claro conflicto de interés descrito por la Alianza para el Parlamento Abierto, principio signado por las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión, por el representante del INAI, por representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil impulsoras de la apertura legislativa el 22 de septiembre de 2014 y que tuviese como testigo al representante de la Conferencia Permanente de Congresos Locales.

De la Presidencia de la Mesa Directiva denunciamos la violación al Artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes vigente que establece que la Mesa Directiva observará en su actuación los principios de objetividad e imparcialidad.

Para sesión ordinaria del 13 de diciembre de 2018 el Frente Nacional por la Familia hizo un llamado a todos sus integrantes para que portaran un pañuelo azul, mismo que fue portado por la Presidenta de la Mesa Directiva.

De igual manera denunciamos el conflicto de interés que existe por parte de Javier Soto, Director General de Servicios Parlamentarios del Poder Legislativo de Aguascalientes. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes vigente establece en su Artículo 159:

ARTÍCULO 159.- El Director General de Servicios Parlamentarios vela por la imparcialidad de los servicios a su cargo y realiza la compilación y registro de los acuerdos, precedentes y prácticas parlamentarias.

Irónicamente el concepto de imparcialidad solamente está contenido solamente en los Artículos 30 y 159 de la Ley en mención.

Sin embargo, la denuncia específica del Director General de Servicios Parlamentarios tiene que ver con ser un fuerte activista del mencionado Frente Nacional por la Familia, organización que se le atribuye la propuesta de reforma legislativa, así lo dan cuenta diversas notas e imágenes contenidas en la página de Facebook de dicha organización:

El personaje al centro de la imagen es el actual Director General de Servicios Parlamentarios quien en una nota de La Jornada Aguascalientes del 26 de mayo de 2016 aparece como vocero del Frente Nacional por la Familia, acompañado por María del Carmen Limón y Martha Barba , en la nota titulada “Llaman grupos conservadores a no votar por el PRI”.

De igual manera, aparece en el video publicado el 5 de julio del mismo año, como integrante de la Comisión de Orden de la Marcha por la Familia organizada por el Frente

Recientemente, en fecha del 24 de mayo del presente año, Javier Soto aparece en el Facebook del Frente cuando la entonces candidata a Diputada Local por el Distrito 13 de la Coalición Por Aguascalientes al Frente, signa la Plataforma del FNF.

Muestras que prueban el conflicto de interés en que ha incurrido estos servidores del Poder Legislativo al no transparentar las acciones de cabildeo que eviten conflicto de intereses y aseguren una conducta ética.

Aguascalientes, Ags., a la fecha de su presentación.

El pasado 13 de diciembre se discutieron en el Congreso una serie de adiciones y modificaciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, esta iniciativa fue presentada por Paloma Amézquita Carreón, integrante del entonces Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Encuentro Social, sin embargo, la argumentación que se usó para la presentación a dictamen de esta iniciativa se basó en una definición falsa de la UNESCO, haciendo deficiente y negligente su propuesta.

El principal objetivo de esta propuesta, de acuerdo con documentos públicos, era el reconocimiento de “la primera infancia”, por lo que, para sustentarla, usan una serie de argumentos, sin embargo, en la página 4 del Dictamen aparece como parte del análisis lo siguiente:

“La UNESCO define la primera infancia como un periodo que va desde la gestación hasta los ocho años, y constituye un momento único del crecimiento en que el cerebro se desarrolla notablemente. Durante esta etapa, los niños reciben una mayor influencia de sus entornos y contextos”.

Sin embargo, la que aparece en la UNESCO es diferente[1]:

“La primera infancia se define como un periodo que va del nacimiento a los ocho años de edad, y constituye un momento único del crecimiento en que el cerebro se desarrolla notablemente. Durante esta etapa, los niños reciben una mayor influencia de sus entornos y contextos.”

Remarcamos en negritas las diferencias en las definiciones para enfatizar la forma en que esta iniciativa usó información falsa para posicionar una propuesta encaminada a reforzar los intereses del grupo parlamentario PAN para legislar en relación con la criminalización del aborto.

Este tipo de iniciativas, que usan graves imprecisiones en su marco argumentativo, demuestran la pobreza legislativa de las y los integrantes del Congreso de Aguascalientes, y la necesidad de un Congreso que no apruebe iniciativas guiados por los intereses internos de los grupos parlamentarios y por sus agendas individuales, demuestra, también, la urgencia por legislaciones con perspectiva de género y derechos humanos que respondan a los compromisos de México con el Derecho Internacional en estas materias, y que, sobre todo, respondan a la progresividad de los Derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado.

Esta iniciativa discutida en el Congreso, debido a las distintas negligencias y contraria a la progresividad de derechos que presenta, así como otras que no han sido revisadas ni analizadas, deben estar sujetas al marco de Derecho Internacional, reafirmando el apego a la perspectiva de género y Derechos Humanos, por lo que pedimos a las instancias correspondientes que tomen las medidas necesarias para acatar sus responsabilidades en aras de evitar el retroceso en lo relativo a los derechos de niñas, niños y adolescentes de Aguascalientes.

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[1] https://es.unesco.org/themes/atencion-educacion-primera-infancia