Autor: OVSGAgs

Al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes

A Movimiento Regeneración Nacional

De manera pública se ha dado a conocer una denuncia por violencia sexual contra un integrante de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), alrededor de esta denuncia, sin embargo, han girado una serie de especulaciones y desacreditaciones en contra de la denunciante, recurriendo a otros espacios de su vida personal para poner en duda su testimonio, estrategia que es muy usada cuando una mujer denuncia, de manera pública y privada, que ha sido víctima de algún tipo de violencia.

Esto es preocupante por el escenario que supone el que instituciones, militancias y espacios de poder sean omisos en sus posiciones sobre los distintos tipos de violencias y no propicien escenarios de seguridad para todas y todos, además.

Preocupa, además, que pese al esfuerzo de distintas colectivas y asociaciones a nivel internacional, nacional y local, las víctimas de cualquier tipo de violencia, al momento de hacer pública su denuncia, se desacredite su testimonio, recurriendo a su vida personal, amistades, relaciones sociales e ideologías. Esto supone un proceso de revictimización que deviene, la mayor parte de las veces, en que la víctima se retracte de su denuncia, obligada por el acoso selectivo.

Lamentamos el silencio de las organizaciones que se han propuesto combatir la violencia política y esperamos la pronta intervención de las instituciones que tienen la responsabilidad de investigar, atenderla y combatirla.

Ante un Estado que nos quiere calladas, sumisas y enclaustradas, la denuncia pública supone un ejercicio subversivo a la violencia machista y feminicida, por lo cual exigimos:

• Que espacios e instituciones no fortalezcan perfiles con antecedentes de violencia
• Que partidos políticos no permitan ningún tipo de violencia contra las mujeres.
• Que todos los partidos políticos registrados en el Estado se posicionen contra la violencia de género.
• Que ningún hombre con antecedentes de violencia participe en la creación de políticas públicas o en la toma de decisiones que afecten a la Ciudadanía.

Ante el acoso, la desacreditación y la violencia, nosotras te creemos, tu denuncia, así como la de cualquier mujer víctima de cualquier tipo de violencia es importante en la lucha por el acceso a la justicia, la reparación y la no repetición.

Porque no estás sola

Porque vivas y libres nos queremos

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes

El día 8 de marzo se conmemora una lucha histórica y continua de todas las mujeres por reivindicar nuestros derechos y exigir que estos sean respetados y garantizados en condiciones de igualdad. En un país donde se asesinan 9 mujeres al día, donde muchos feminicidios son cubiertos como suicidios y existe una violencia estructural, simbólica y cultural sobre nosotras, salimos para hacernos visibles.

Las mujeres tomamos los espacios públicos para exigir que terminen las violencias sobre nuestros cuerpos y que el Estado se responsabilice de lo que es su obligación, la seguridad, la integridad y la garantía a vivir una vida libre de violencia.

Alrededor del mundo, las mujeres nos manifestamos porque cada una de nosotras tenga acceso a la educación, a la salud sexual y reproductiva, al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, a un trabajo digno. Tomamos las plazas públicas, colgamos mantas en los puentes, salimos a las principales avenidas, nos hacemos visibles. Seguimos y nos mantenemos en las luchas feministas, las luchas de las jornaleras y obreras, de las mujeres migrantes, las mujeres jefas de familia, las mujeres lesbianas, las mujeres trans, las mujeres afrodescendientes, mestizas, indígenas.

De un punto a otro alrededor del planeta, alzamos una vez más la voz para denunciar este sistema que nos quiere calladas y oprimidas, que reprime y mutila nuestros cuerpos. Seguimos manifestándonos así porque el patriarcado y el capitalismo rapaz nos explota, invisibiliza las redes y las luchas. Porque históricamente las mujeres hemos sido relegadas al trabajo doméstico, violentadas y agredidas en el espacio público y privado por quienes ostentan el poder en las familias, el gobierno y los trabajos. Porque a nosotras nos atraviesa toda una violencia que se ha mantenido cobijada en las antiguas estructuras patriarcales, una violencia que no cede, que no se detiene.

Nos mantenemos y avanzamos juntas, tejiendo redes, reconociéndonos en las otras, exigiendo justicia para quienes fueron víctimas de los feminicidios, desapariciones, explotación sexual, crimen organizado, obligadas a una maternidad forzada. Por ellas, por cada una de nosotras, por las que ahora están ausentes y por quienes están por llegar, porque cada niña, mujer y adolescente en el mundo tenga las mismas oportunidades y condiciones de igualdad, salimos a la calle.

Porque el silencio no nos protege

Porque vivas y libres nos queremos

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes

A la Comisión Nacional Contra las Adicciones

A la Fiscalía General del Estado

A la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Al Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes

Al Centro de Recuperación y Rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción Zona Uno A.C.

El pasado 19 de febrero fue hecha pública información referente a un intento de secuestro de una mujer que finalmente resultó ser un violento proceso de internamiento por parte del personal del centro de rehabilitación CRREAD (Centro de Recuperación y Rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción Zona Uno A.C.) quien tiene retenida sin su consentimiento a dicha mujer.

De acuerdo con el Artículo 135 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, la utilización de la fuerza física o moral, o vejación de la víctima; se considera como un agravante del delito de privación ilegal de la libertad descrito en el Artículo 134 del mismo ordenamiento. Mientras, el Código Civil del Estado de Aguascalientes, en su Artículo 21, señala que “el mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes salvo las limitaciones que establece la ley”, y si además  no existiera juicio de interdicción y dado que la mujer retenida cuenta con 38 años, está siendo víctima de un delito, por lo que exigimos que las autoridades hagan valer sus derechos y libertades conforme a lo establecido en la ley.

Al momento de los hechos, ocurridos durante la entrada de estudiantes a una escuela privada cerca del fraccionamiento La Querencia, que, además, les colocó en una situación de riesgo; quienes atestiguaron el caso creyeron que se trataba de un secuestro debido a la violencia con la que la privaron de la libertad. Incluso, se presentó un reporte al número de emergencias 911.

Esto, en un país donde se cometen siete feminicidios al día y miles de mujeres permanecen desaparecidas, resulta preocupante y es urgente que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto y eviten este tipo de prácticas. El mensaje de las autoridades no puede ni debe ser de omisión y pasividad.

Exigimos a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, al Gobierno del Estado, a la Fiscalía General del Estado, al Instituto de Saludo del Estado de Aguascalientes, revisar el caso y sancionar a quienes violentan los derechos humanos. Alertamos que estas prácticas pueden ser utilizadas como método para ilícitos como la desaparición de personas y otros tipos de violencia contra las mujeres.

Denunciamos también la falta de políticas públicas encaminadas a la atención oportuna y especializada contra las adicciones y la falta de un centro público especializado en el cuidado de las mujeres para el tratamiento de cualquier adicción. Exigimos también la regulación y sistematización de anexos, estos centros deben contar con personal capacitado y con atención especializada garantizando que éstas se impartan sin ningún tipo de violencia.

Porque el silencio no nos protege

Porque viva y libres nos queremos

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes

Al Gobierno Estatal

A la Fiscalía General del Estado

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Desde 2010 la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha puesto su atención en Aguascalientes en el tema de tortura, de esto da cuenta el “Informe 1/2010 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre lugares de detención e Internamiento que dependen del Gobierno del Estado de Aguascalientes”  dirigido al ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat, dicho informe daba cuenta de las omisiones en la prevención, erradicación y sanción de este delito en el Estado, destacando, también, la ausencia de mecanismos de denuncia que permitieran a las víctimas de tortura el acceso a la verdad y la justicia.

Sin embargo, en el Estado, a través de Instituciones carentes de perspectiva de Derechos Humanos y funcionariado público poco capacitado, este delito nuevamente coloca a Aguascalientes y a la Fiscalía del Estado en una situación crítica en lo referente al respeto íntegro de los Derechos Humanos de todas las personas, esto a través de la Recomendación 17VG/2019 sobre “La investigación de violaciones graves a los Derechos Humanos a la legalidad, seguridad jurídica y a la libertad personal por la detención arbitraria; a la seguridad e integridad personal por actos de tortura; a la seguridad e integridad personal por tratos crueles, inhumanos y/o degradantes; a la seguridad personal e integridad sexual por actos de tortura y violencia sexual; así como al acceso a la justicia y a la verdad en agravio de las víctimas por parte de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes”, girada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Esta recomendación gira en torno a los testimonios de más de 50 víctimas y quejosos que sufrieron actos de tortura, tanto para firmar documentos de auto incriminación, como en casos en los que pese a haber reconocido su participación en hechos delictivos, eran también torturadas y torturados.

El documento de la CNDH emite una serie de recomendaciones que desde el Observatorio de Violencias Social y de Género exigimos sean implementadas, estas referentes a la investigación, sanción y reparación de las distintas violaciones a Derechos Humanos de las víctimas.

En este sentido, no sólo se debe reconocer la omisión que prevalece desde 2010 en la prevención, erradicación y sanción del delito de Tortura y otros que atenten contra la dignidad de todas las personas en todos los espacios de impartición de justicia, sino también, dar garantías de una investigación diacrónica que dé cuenta de la actuación particular de funcionarios y funcionarias públicos en la comisión de este delito.

Por lo tanto, el Estado y la Fiscalía, en su obligación local, nacional e internacional en lo relativo al respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, deben

• Emitir una respuesta pronta e imparcial en el plazo emitido para aceptar la recomendación de la CNDH.
• Garantizar la seguridad de todas las víctimas que sufrieron actos de tortura.
• Garantizar el acceso al Fondo de Víctimas a quienes sufrieron de la comisión de este delito.
• Investigación imparcial de todo el funcionariado público señalado en las denuncias de las víctimas.
• Que las investigaciones den cuenta de la actuación particular de cada funcionario público en todos los niveles de gobierno de administraciones pasadas, presentes y futuras.
• Reparación y garantía de no repetición para todas las víctimas de tortura.
• Que funcionarios públicos señalados en esta investigación no participen nuevamente en algún cargo que involucre la atención a víctimas y la impartición de justicia.
• Que las instituciones de impartición de justicia y de atención a víctimas estén integradas por personal con el perfil adecuado y capacitado en perspectiva de género y derechos humanos.

La omisión histórica de Aguascalientes y sus instituciones en la prevención, erradicación y sanción de la tortura es uno de los principales obstáculos en la garantía de verdad y justicia para todas y todos.

Porque el silencio no nos protege

Porque viva y libres nos queremos.

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes

A la Fiscalía General del Estado

La semana pasada se hizo pública información referente al caso del tráiler localizado en Jalisco donde se encontraron personas sin vida no identificadas, esta información hacía mención de que, producto de distintas pruebas genéticas, el cuerpo de una persona de Aguascalientes había sido identificado, las notas y también las declaraciones del Fiscal del Estado indicaban que la familia de la persona ya había sido contactada.

Resultan, producto de las notas y declaraciones, una serie de dudas de Colectivo de Familias de Personas Desaparecidas de  Aguascalientes y que acompaña el Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado, esto ante la falta de comunicación entre las familias y las autoridades, ya que si bien nos adherimos al respeto del derecho a la protección de datos personales y la no revictimización de la familia de la persona identificada, resulta fundamental que se informe referente a cuál de todos los procesos de toma de muestras pertenece la identificación del cuerpo y en consecuencia, las Familias de personas desparecidas en el Estado puedan ser informada del seguimiento respecto a las pruebas genéticas que a ellas se les hicieron. Que las autoridades les confirmen personalmente que su familiar no fue identificado en los cuerpos localizados en Jalisco. Necesitan información y certezas que no llegan.

Pese a distintos mensajes institucionales emitidos por distintas autoridades que apuestan por transparencia, comunicación y diálogo, la información brindada a las familias sigue resultando insuficiente, generando mayor incertidumbre para ellas, que debido a la ausencia de alguna autoridad que se comunique, tienen que recurrir a otras formas de información a fin de encontrar elementos que les permitan conciliar la angustia y desesperación, y, entonces, continuar la búsqueda.

Es urgente que las autoridades se comuniquen con las familias, que establezcan un diálogo que ofrezca certezas, por ello instamos a las instancias correspondientes a:

• Informar a las familias sobre el seguimiento a las pruebas genéticas que se les realizaron en Jalisco.
• Comunicarse directamente con cada una de las familias de los casos del Colectivo de Familias de Personas Desaparecidas de Aguascalientes a fin de informarles si su familiar fue localizado, o no, en el caso del tráiler de Jalisco.
• Establecer canales de comunicación que, en casos de incertidumbre como este, informen y actualicen a las familias.

Hace falta información, hacen falta mecanismos que otorguen certezas y no revictimicen a las familias de personas desaparecidas en el Estado.

Porque el silencio no nos protege

Porque no están solas

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.

A los mismos de siempre

Ha sido del conocimiento público los testimonios de intentos de secuestro de mujeres cerca de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, visibilizando, nuevamente, la crisis de seguridad para las mujeres del Estado.  Esto surge en el contexto de múltiples testimonios de mujeres que han sido víctimas de estos intentos en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo-Metro en la Ciudad de México, al mismo tiempo, hemos visto la desarticulación local y federal para una reacción inmediata a esta crisis de violencia.

Al mismo tiempo, en distintos medios de comunicación y plataformas digitales, así como desde distintas instituciones, han salido a decir que todo no es sino información falsa y un intento de generar psicosis colectiva.

Sin embargo, hemos de enfatizar que la violencia de género, las desapariciones, feminicidios, violencia sexual en el ámbito público y privado, violencia doméstica, violencia social, política y económica contra las mujeres de Aguascalientes no es algo de ayer, es un problema estructural imbricado en discursos androcéntricos validados por la alianza patriarcal de hombres, de funcionarios e instituciones misóginas y revictimizantes.

Nos están desapareciendo, nos están matando y esa es la realidad en México y en Aguascalientes para las mujeres. Nuestros cuerpos son usados, lastimados y desaparecidos por la omisión y negligencia de todos los órdenes de gobierno, por su insistencia en negar esta realidad y protegerse entre sí.

Es reprobable el intento de deslegitimar esta serie de denuncias en el Estado, es violento llamar psicosis a la realidad de las mujeres aguascalentenses y es deleznable que ninguna funcionaria o funcionario público y que ninguna institución haya salido ya a pronunciarse públicamente por esta crisis de seguridad, que insistimos, no nace y se termina en las denuncias públicas de mujeres víctimas de estos intentos de secuestros.

No hace falta sino revisar los casos que acompaña el Observatorio para dar cuenta de la deuda que tiene el Estado con las mujeres, es inconcebible que la realidad siga siendo objeto de duda y que, mientras tanto, nos sigan desapareciendo y asesinando.

Ante esta crisis de seguridad que ciertos sectores de la sociedad intentan negar y a la cual no ofrecen ninguna respuesta articulada y conforme a los protocolos establecidos, y se limita a tomar estos cosos como hechos aislados, con medidas de forma y no de fondo, llamamos a:

• Exigir a todas las instituciones y a todo el funcionariado público de todos los rangos y de todas las áreas, a presentar su plan de acción y pronunciarse al respecto.
• Que el Estado de Aguascalientes, a través de todos sus niveles de gobierno, articule un plan de acción para atender las violencias que vivimos las mujeres.
• Que ninguna denuncia sea ignorada, que ningún testimonio sea desacreditado bajo las líneas discursivas del patriarcado.

Nuestra seguridad es responsabilidad del Estado y que recaiga en nosotras el cuidado público da cuenta de funcionarias y funcionarios incapaces de ofrecernos seguridad. La respuesta pública no debería ser brindar “recomendaciones” de cuidado, sino reorganización de las estrategias estatales para garantizar nuestra seguridad.

Hasta entonces, la organización colectiva de mujeres es necesaria, el cuidado de nuestras pares resulta fundamental.

Porque estamos solas,

Porque nos han dejado solas.

Vivas y Libres nos queremos.

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes

El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes acompaña distintos casos relacionados con la Patria Potestad y la Guarda y Custodia de hijas e hijos de mujeres víctimas de Feminicidio en el Estado. Sin embargo, durante estos procesos jurídicos específicos, se han identificado una serie de omisiones por parte de los Juzgados Familiares del Poder Judicial del Estado que vulneran los Derechos Humanos de esas niñas, niños y adolescentes.

La patria potestad se ejerce sobre la persona y bienes de las y los hijos, implica la guarda, cuidado, formación y educación, esta puede ser ejercida por la madre, el padre o a falta de ambos, sus ascendientes en segundo grado (abuela y abuelo maternos o paternos).

Sin embargo, en los casos de muertes violentas de mujeres, cuando el padre está siendo investigado o procesado penalmente por el delito de feminicidio de la madre o bien, en los supuestos de ausencia paterna que resulta en el incumplimiento de las responsabilidades que derivan del ejercicio de la patria potestad, las y los jueces deben observar y garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes a través de un juicio pronto y expedito de reconocimiento de Patria Potestad, Guarda y Custodia que tramitan la abuela y abuelo maternos o paternos, quienes, en los casos específicos que acompaña y litiga el Observatorio, se encargan del cuidado y atención de las y los niños y adolescentes por la violencia, irresponsabilidad o ausencia paterna.

El tiempo que tardan los Juzgados Familiares, desde el proceso de notificación, las publicaciones de Edictos, que además representan un gasto para las familias, hasta el reconocimiento de la guarda y custodia, lleva meses y en algunos casos, años, lo que implica una obstaculización en la garantía y ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes.

La lentitud en estos procedimientos y la falta de una sentencia que reconozca a las abuelas y abuelos la Patria Potestad, Guarda y Custodia, dificulta que puedan garantizarles efectivamente a las niñas, niños y adolescentes su derecho a la educación, salud, esparcimiento y atención médica.

Los Juzgados Familiares del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes no están aplicando los instrumentos locales, nacionales e internacionales sobre Derechos Humanos que garanticen el Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes, justificándose en su obligación de notificar a los padres que están acusados o siendo procesados por feminicidio o ausentes, están vulnerando los derechos humanos de estos últimos de niñas y niños, generando, además, vulnerabilidad a la familia materna que está a cargo de sus nietas o nietos, sin poder darles la protección íntegra debido al desgastante proceso.

La insistencia de los Juzgados Familiares en la búsqueda de los padres ausentes que incurren en irresponsabilidad paterna es resultado de la falta de perspectiva de género y derechos humanos en la administración de justicia que desatiende y vulnera a niñas, niños y adolescentes.

• Pedir la intervención federal en el proceso de investigación de desaparición forzada, ante la omisión y la posible complicidad de autoridades locales.

• Conducirse con estricto apego a los protocolos relacionados con desapariciones forzadas.

• Dejar fuera de la investigación las opiniones y percepciones personales.

• Evitar, a través de cualquier comentario que aluda a la personalidad del acusado, la revictimización de la víctima y su familia.

De acuerdo con organismos internacionales, la desaparición forzada es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley, es decir, detrás de las desapariciones forzadas hay un red de instituciones y servidores públicos que operan desde la impunidad.

Durante los últimos días ha sido del conocimiento público el caso del policía ministerial Jaime Tejada Ponce, alias “comandante Rojo”, como responsable de la desaparición forzada de un hombre el año pasado. También, ha sido del conocimiento de todas y todos, su muerte dentro de las instalaciones del Centro de Reinserción Social para varones de Aguascalientes, y con ello, la posibilidad de acceso a la verdad y la justicia para la víctima de desaparición forzada y su familia ha sido, nuevamente, obstaculizada.

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado hemos sido enfáticas en denunciar irregularidades en las investigaciones, la falta de preparación de servidoras y servidores en la atención a víctimas, constantemente hemos denunciado la ausencia de seguimientos de los protocolos necesarios en determinados casos, así como el retraso de las investigaciones de las personas desaparecidas en Aguascalientes, negligencias que vulneraron la cadena de custodia, donde los testigos cambian de domicilio, favoreciendo la revictimización e impunidad, y con ello la ausencia de verdad y de justicia para las víctimas y sus familias.

En el caso del policía ministerial y su relación con la desaparición forzada no sólo destaca su relación directa con el Estado y las instituciones de impartición de justicia en Aguascalientes, sino que, además, la evidencia fue aportada por la esposa de la víctima a través de los medios de comunicación, hecho que visibiliza, una vez más, el nulo respeto al principio de oportunidad de la debida diligencia y la ausencia de instituciones seguras y funcionariado público capacitado en atención a víctimas.

Este caso público nos alarma porque devela el principal lazo de las desapariciones forzadas: el Estado y sus instituciones, que, por autorización, apoyo e ignorancia, han sido participes en la crisis de seguridad que se vive en el Estado. En este caso, surgen preguntas que es necesario sean respondidas por los poderes estatales de esta y de pasadas administraciones en las cuales participó Jaime Tejeda Ponce, a fin de garantizar que, pese a la muerte del policía ministerial, la investigación por desaparición forzada siga su curso, que se investigue a funcionarias y funcionarios públicos de alto rango, y que se garantice, a través de los lineamientos nacionales e internacionales, instituciones de impartición de justicia apegadas a los Derechos Humanos.

Exigimos, por tanto:

– Una investigación exhaustiva de la persona que fue desaparecida por el policía ministerial, a fin de poder localizarla.

– Que se garanticen las medidas de seguridad para su familia.

– Que sean investigados otros casos en los que pudo existir la participación de Jaime Tejeda Ponce y sus colaboradores en la desaparición forzada de más personas en Aguascalientes.

– Medidas de seguridad para las familias de personas desaparecidas que han señalado anomalías en las investigaciones de sus casos.

– La investigación de la cadena de custodia del director del CERESO.

– Investigación en todas las instituciones de seguridad de las que formó parte el policía ministerial.

En un estado de crisis de seguridad, no podemos permitir que la impunidad se imponga como respuesta ante la exigencia de verdad y de justicia para todas las víctimas y sus familias.

Porque no están solas

Porque vivas y libres nos queremos.