Autor: OVSGAgs

• El documento será público y podrá ser encontrado en las plataformas del Observatorio.
• Las personas interesadas podrán llenarlo y presentarlo de manera personal en las oficinas correspondientes.
• Es una herramienta ante un aumento que favorece la violencia social y económica.

El reciente aumento a la tarifa del transporte público en Aguascalientes es una forma de violencia social y económica para distintos sectores de la población que sobrevive con los ingresos mínimos en una economía precarizante y centralizada. Ante ello, como parte de las acciones sociales y jurídicas necesarias para hacer frente a este tipo de violencias, el equipo jurídico del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes presentará, este lunes 27 de enero, un amparo de acceso público que permita, para quien así lo desee, contar con una herramienta para hacer frente a este aumentó a la tarifa del transporte público.

“En este caso no hablamos de un amparo público, sino de una demanda de amparo de fácil llenado para que cualquiera que tenga interés en promover su amparo lo pueda hacer. De tal suerte que no necesiten acudir con algún o alguna abogada. La demanda está redactada en lenguaje comprensible para que las personas que lo utilizarán y no están familiarizadas con lenguaje jurídico comprendan el documento que van a firmar”, puntualizó Luis Dena, integrante del equipo jurídico del Observatorio.

De acuerdo con el abogado del Observatorio, “el argumento central del amparo es la falta de asequibilidad del transporte público. La constitución mexicana contempla, en su artículo primero, el principio pro-persona que, para este caso, debe entenderse como la necesidad de brindar la más amplia protección de derechos fundamentales, acudiendo incluso a aquellos derechos que, sin estar contemplados en la constitución de forma directa, se encuentran recogidos en ordenamientos diversos como es el caso de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes. La ley de movilidad establece en su artículo 5°, Fracción I, el principio de accesibilidad universal, este principio busca que el transporte público esté al alcance de toda la ciudadanía”, continuó.

El Observatorio presenta este amparo ya que es el instrumento más eficaz para la protección de los derechos humanos que contempla nuestra legislación, de acuerdo con el abogado Luis    Dena, el amparo será un documento público, cuyo formato podrán encontrar en las plataformas del Observatorio y le servirá a todas aquellas personas interesadas, únicamente tendrán que llenar los espacios en blanco con su información correspondiente, firmarlo y presentarlo, con copia de identificación personal y cuatro copias del documento en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en Aguascalientes.

Este aumento es parte de las distintas violencias institucionales del Estado, carente de análisis desde los derechos humanos y perspectiva de género, siendo un detonante de la violencia social y en detrimento de las poblaciones vulnerables, finalizó Mariana Ávila Montejano, presidenta de la mesa directiva del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.

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Las acciones públicas de protesta que hemos emprendido a través del tendedero de agresores de Aguascalientes tienen por objetivo construir un ejercicio para que las mujeres que hemos sido víctimas de distintas violencias en distintos espacios de nuestra vida, podamos denunciar sin temor a más violencia o represalias, al señalamiento social y la impunidad.

Son acciones que nos permiten recuperar nuestra voz y sobreponernos a la impunidad social e institucional que favorece a los agresores y nos relega al olvido, al miedo, nos coacciona a abandonar nuestras denuncias, a tener vergüenza por estar enojadas, por nuestros duelos.

Nuestro último tendedero ha traído consigo una serie de mensajes que buscan amedrentarnos, intimidándonos con posibles denuncias, con chantaje emocional y “moral”, como si las agresoras fuéramos nosotras y las denunciantes y no los hombres que nos han golpeado, acosado, violado, asesinado, como si el gran enemigo fuéramos nosotras y nuestras abuelas, madres, hermanas, amigas e hijas que lloran nuestras ausencias, los golpes en nuestros cuerpos, el abuso.

Este posicionamiento es para las abuelas, madres, hermanas, hijas, amigas y compañeras de los distintos hombres agresores que han sido denunciados en estas acciones públicas de denuncia.

Abuelas madres, hermanas, hijas, amigas, compañeras:

– No es su culpa y no es su responsabilidad, la socialización masculina de una sociedad patriarcal y violenta es la responsable de la violencia de los agresores y su impunidad.

– No queremos vulnerarlas y colocarlas en situaciones que las dañen de alguna forma.

– Entendemos el difícil proceso de confrontación psicosocial que implica ver las fotos de los agresores. Las acompañamos.

– Les creemos a las denunciantes. En un país que no nos cree, que incluso muertas no nos da justicia y justifica a nuestros asesinos, creerles a las mujeres es el primer paso para la verdad y la justicia.

– Les creemos a ellas.

– Si nos necesitan estaremos con ustedes acompañándolas.

– Sus nietos, hijos, hermanos, padres, amigos y compañeros agresores no van a gozar del beneficio de nuestro silencio, de la impunidad del pacto patriarcal.

– Todos los agresores necesitan reestructurar sus procesos de socialización y violencia, afrontar las consecuencias de sus acciones violentas.

– Los agresores son ellos, no ustedes.

Porque el silencio no nos protege

Porque vivas y libres nos queremos.

El sábado 30 de noviembre y el domingo 01 de diciembre se llevará a cabo el Primer Encuentro Nacional de Mujeres que Buscan en Aguascalientes capital. Este encuentro fue convocado por el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes con el objetivo de favorecer la articulación de mujeres que, desde organizaciones, colectivos o individualmente, permanecen en la búsqueda de sus hijas, hijos o familiares víctimas de desaparición forzada.

“Este es un ejercicio colectivo que busca fortalecer redes de apoyo entre distintas mujeres, activistas o no, que con sus herramientas y desde distintos espacios buscan a sus hijas, hijos o algún familiar que fue víctima de desaparición forzada, y también, darles herramientas básicas para el fortalecimiento de su búsqueda desde la experiencia de otras organizaciones, otras buscadoras y otros activismos” comentó Violeta Sabás, coordinadora del OVSG.

“El interés por lograr este primer encuentro nacional, se enfatiza en el contexto Estatal y Nacional de desapariciones forzadas, instituciones omisas y violencia de género, buscamos un espacio que nos permita organizarnos y articularnos con otras mujeres que luchan por la verdad, la memoria y la justicia”, enfatizó Mariana Ávila Montejano, presidenta de la mesa directiva del Observatorio.

Las actividades que se llevarán a cabo durante estos dos días incluyen conferencias, talleres, una manifestación y mesas de trabajo alrededor del trabajo de cada una de las asistentes, los derechos de las víctimas de desaparición forzada y sus familias, así como de los instrumentos jurídicos en México de los derechos de las personas activistas, defensoras de derechos humanos y buscadoras.

• En caso de ganarse, el amparo obligaría a las autoridades a crear y poner en funcionamiento, a la brevedad, la Comisión Local de Búsqueda

El pasado 14 de noviembre, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes aceptó el amparo interpuesto por el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes en lo relativo a las omisiones de trámites y procedimientos que ordena la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El amparo consiste en reclamar la omisión de las autoridades de Aguascalientes para crear la Comisión Local de Búsqueda de personas, se fundamenta en el artículo 4° transitorio de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, comentó Luis Dena, integrante del equipo jurídico del Observatorio. En caso de ganarse, el amparo obligaría a las autoridades a crear y poner en funcionamiento, a la brevedad, la Comisión Local de Búsqueda, continuó Dena.

La Comisión es una responsabilidad que las autoridades del Estado se han negado a atender en las instancias correspondientes, a fin de dar cumplimiento a los ordenamientos a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.

Este amparo es promovido por el OVSG en tanto la creación de dicha comisión busca garantizar el derecho a la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición en casos de la desaparición forzada de personas en Aguascalientes, enfatizó Luis Dena, abogado del Observatorio.

En términos jurídicos el amparo implica que se obedezca el mandamiento del Congreso de la Unión y se cree la comisión local de búsqueda de personas, a fin de coadyuvar con la fiscalía local para encontrar a personas desparecidas en el Estado. En el amparo se plantea como un acto inconstitucional e inconvencional que las autoridades locales hayan evitado la creación de la comisión local de búsqueda de personas, ya que los familiares de las víctimas de este delito tienen derecho a conocer la verdad sobre el paradero de sus familiares y el Estado tiene la obligación de activar los mecanismos de búsqueda más eficaces que la ley le provee, finalizó el abogado.

Este amparo es un recurso jurídico que el Observatorio interpone, a la par del acompañamiento social y jurídico que brinda a las familias de personas desaparecidas en el Estado, con el fin de agotar los recursos que permitan a las víctimas y sus familias el acceso a la verdad, la memoria y la justicia.

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes

Los tendederos para visibilizar hombres agresores son un ejercicio colectivo por la justicia y la memoria social, resultado de la impunidad de las instituciones que protegen a los hombres agresores, retardan procesos para acceder a la justicia y revictimizan a las mujeres que han sido víctimas de distintas violencias.

Hace unos meses, en el contexto del #MeToo, la voz social y la impunidad institucional clamaban por el derecho de los agresores al “debido proceso”, se desgastaron en columnas, notas y publicaciones ante el “desprestigio” de los hombres, por las “consecuencias” en su vida personal y familiar, hoy, sabemos de al menos dos hombres agresores becados por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), que recibirán entre 8 y 30 mil pesos mensuales para “generar obra”, mientras las mujeres que fueron violentadas por ellos siguen siendo perseguidas en redes sociales y por los círculos familiares y las cadenas de impunidad de esos hombres ¿Desprestigio? Ninguno ¿Consecuencias? Ninguna.

Este ejercicio de visibilización es un esfuerzo articulado de mujeres aliadas ante el estado que garantiza la impunidad para los agresores y vulnera a las mujeres que han sido violentadas, es un ejercicio por la memoria social, para no olvidar que los jefes de prensa siguen siendo jefes de prensa, que los reporteros siguen reportando en sus medios, que los “artistas” siguen siendo becados, que los políticos siguen apareciendo en fotos con otros funcionarios públicos; porque en este país feminicida, a ellos, los agresores, no les pasa nada.

Que este tendedero para visibilizar hombres agresores en Aguascalientes sirva para recordar:

1. Que ninguna mujer está sola, que muchas otras las acompañan, que les creemos.
2. Que no olvidamos. Que cada agresor recuerde que no descansaremos hasta que todas las mujeres vivan libres de violencia.
3. A las autoridades: Que tienen una deuda histórica, porque su justicia no es nuestra justicia y porque los procesos que nos ofrecen son tortuosos y revictimizantes.

Porque no estamos solas,

porque el silencio no nos protege.

En un video propagado en redes sociales, aparece un policía ministerial (actualmente cesado) de Aguascalientes que saca su pistola para atemorizar a ciudadanas/os en lo que parece una riña entre particulares. El hecho no es un caso aislado. Es, con datos comprobables, una actividad común de las corporaciones de seguridad: los casos se cuentan por cientos. Como él, decenas de policías pertenecientes a diferentes corporaciones han utilizado su cargo para trastocar los derechos humanos.

Golpizas, tratos inhumanos, desaparición forzada y cateos ilegales; son parte de los abusos -que por años han sido documentados- a manos de quienes deberían velar por la seguridad de las y los ciudadanos. La brutalidad policíaca sucede en todo el país…y Aguascalientes no es la excepción.

Según la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHA), las denuncias contra policías, con mayor frecuencia municipales, corresponden a más del 80 por ciento del número de quejas que se reciben anualmente. Sin embargo, en el registro de las recomendaciones emitidas por dicho órgano, decenas de casos involucran también a policías estatales y ministeriales

I. Violencia de estado

De las 53 recomendaciones por expediente giradas por la CEDHA durante 2019, 43 corresponden a quejas presentadas por ciudadanas y ciudadanos en contra de policías, es decir, más del 90% de las denuncias tienen ver con la violencia que propaga el estado a través de sus corporaciones de seguridad.

Trece son casos en donde policías lesionaron a personas ya detenidas; 11 se refieren a tratos crueles, inhumanos o degradantes; y siete a casos donde se registró tortura.

Los testimonios son abrumadores, dolorosos, impunes. En la recomendación 70/17, una persona denunció haber sido torturada tanto por policías estatales como por policías ministeriales durante un interrogatorio.

En la 329/15, una mujer fue agredida físicamente al momento de ser detenida y también cuando se encontraba dentro de su celda, el caso ocurrió en Calvillo.

En la 375/18 con una videograbación como prueba, se documentó que un hombre fue maltratado por policías municipales de Rincón de Romos. Y pese a que existe la grabación, los responsables de las agresiones aún no han sido identificados.

En la 81/19 el propio Director de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de El Llano y policías a su cargo, detuvieron y agredieron físicamente a una persona y no la presentaron ante el juez municipal.

En la 48/19 una mujer sufrió agresiones por parte de policías municipales de Aguascalientes, quienes le tomaron fotografías que después fueron publicadas en medios de comunicación, acusándola de hechos que no cometió.

El año pasado, las cosas no fueron muy diferentes. De las 98 recomendaciones por expediente giradas por la CEDHA, 82 corresponden a casos de violencia perpetrada desde las dependencias de seguridad pública y  la Fiscalía General del Estado.

En otro expediente, el 76/18, se denunció que elementos de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes detuvieron a una persona -sin especificar si mujer u hombre- y la golpearon en la cara, además «al transportarla en la patrulla otro oficial le abrió la cabeza, y al encontrarse en la patrulla un oficial del sexo masculino le jaló el cabello, llevándola al C-4. Al encontrarse en dicho lugar uno de los elementos aprehensores sacó de una bolsa un cuchillo obligándola a tocarlo, para después ser trasladada por cuatro agentes a las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado”, señala el documento.

La cuenta regresiva lleva a 2017, año en que elementos de la Secretaría de Seguridad Municipal acorralaron a dos camiones en los que viajaban estudiantes de la escuela normal rural Vasco de Quiroga, situada en Tiripetío, Michoacán. Los estudiantes, que terminaron golpeados en terrenos baldíos, perseguidos en azoteas, mordidos por perros policías y apedreados; iban de salida hacia Michoacán cuando esquirlas lanzadas desde un grupo de policías antimotines detuvo las llantas de sus camiones.

Estaban en Aguascalientes apoyando las protestas emprendidas por sus compañeras de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, quienes también ha sufrido a manos de policías, especialmente en 2010, cuando las desalojaron con violencia del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA).

El otro caso se encuentra inscrito en el expediente 181/17, ahí se relata cómo seis hombres fueron brutalmente golpeados por policías municipales de Aguascalientes en la comunidad “El Soyatal”. Tras las agresiones, algunas de las víctimas tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente. En este caso, como en el de los normalistas y en otros cientos más, los responsables permanecen impunes.

Entre las víctimas de las corporaciones se seguridad, hay personas que fueron golpeadas con palos de beisbol (expediente 264/14), o rociadas con gas pimienta y llevadas a lotes baldío donde recibieron descargas eléctricas (expediente 30/18), así como adolescentes que fueron golpeados y desnudados luego de ser detenidos sin haber cometido ningún delito (expediente 131/18).

Las mujeres frecuentemente sufren violencia sexual. En el expediente 213/16, una mujer denunció que un elemento de la Policía Municipal  de Aguascalientes la insultó y la siguió hasta su casa, “durante el trayecto continuó con su actitud agresiva pues dicho elemento es vecino de puerta de la quejosa, también la amenazó con causarle un mal a su integridad corporal. Días después, el mismo policía la insultó al decirle que era una puta, que la iba a matar también y a sus padres. Lo reportaron con el Secretario de Seguridad Pública quien les dijo que iba a hablar con él”, señala el documento. “Iba a hablar con él”, fue toda la respuesta ante una amenaza de muerte.

II. Muchas quejas, pocas investigaciones, nulas sentencias

Según solicitudes de transparencia enviadas por el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), de 2010 a la fecha se han abierto 133 investigaciones en contra de policías municipales, estatales o ministeriales por los delitos de tortura, desaparición forzada, abuso de autoridad, lesiones, robo, amenazas, corrupción, privación ilegal de la libertad, uso desmedido de la fuerza, secuestro, narcomenuedo y violación sexual.

A comparación con el número de quejas resueltas por la CEDHA, son pocos los casos de violencia policíaca que llegan a judicializarse.  El año con mayor número de carpetas iniciadas fue 2010, con 27; seguido de 2018, con 22. Y durante este 2019 ya son 10 elementos bajo investigación: más de uno por mes.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal respondió que de los 37 correctivos disciplinarios que ha impuesto la Comisión de Honor y Justicia a policías, únicamente cuatro fueron suspensiones definitivas por recomendación de la CEDHA, mientras que seis elementos fueron dados de baja por pérdida de confianza, y el resto amonestados por incumplir con sus obligaciones o por faltar al trabajo.

Sobre la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio capital, Antonio Martínez Romo, su titular; anunció que al menos 16 elementos estaban siendo investigados: ocho por la Comisión de Honor y Justicia, ocho por la Fiscalía General. Mientras que otros 14 estaban por sumarse a la lista.

Entre los casos de los que se espera resolución este año, se encuentra el de seis ex policías ministeriales, entre ellos el ex titular de la corporación, René Carrillo; acusados de la desaparición forzada de un hombre en diciembre en 2018. Cinco de los acusados se encuentran recluidos en espera

La Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso, mostró como prueba ocho llamadas telefónicas entre los acusados en donde discutían sobre la desaparición de la víctima, incluso de no investigar, de perder las pruebas, de permitir que la impunidad los arropara.

III. La violencia en el país

A mediados de agosto, cientos de mujeres salieron a las calles de la Ciudad de México para exigir justicia luego de que cuatro policías violaran a una adolescente en la alcaldía de Azcapotzalco. Su grito fue el grito de todas, pero la exigencia sigue sin resolverse: a menos de quince días de la protesta, una mujer fue violada por el mismo Ministerio Público al que acudió para presentar una denuncia.

Datos de Amnistía Internacional publicados en 2018, revelan que de 100 casos documentados de mujeres presas, 72 sufrieron actos de violencia sexual al ser detenidas o en las horas siguientes a su puesta a disposición, y otras 33 denunciaron haber sufrido abuso sexual.

Por su parte, el World Justice Project encontró que 8 de cada 10 mujeres detenidas en México, entre 2009 y 2016, fueron víctimas de tortura antes de ser presentadas frente al Poder Judicial.

El Estado capacita a las corporaciones policíacas y de seguridad, ¿de dónde vienen las órdenes de golpear, torturar, violar, humillar y dejar impune?.

• Actuaron fuera de protocolo, violando los derechos humanos del padre y del hijo, cometiendo además el delito de privación ilegal de la libertad
• ante la frase que acompañó la detención del joven ‘al rato de lo entregamos’, nos preocupa la integridad física y psicosocial de Leonardo Javier

Luego de que padre e hijo acudiera a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia por abuso de autoridad contra policías que un día antes habían actuado fuera de protocolo, el joven Leonardo Javier Belmares Solís, de 18 años, sin ninguna orden judicial, fuera del debido proceso y en contra de cualquier protocolo, fue detenido por policías estatales, subido a la patrulla, diciéndoles a sus familiares “Al rato te lo entregamos”, sin que hasta el momento se conozca el paradero del Leonardo Javier.

Previo a este hecho, al cometer una infracción vial, padre e hijo fueron parados por una patrulla, actuando con abuso al golpear al padre y reteniéndoles el automóvil donde se trasladaban. Ante estos hechos se presentaron a denunciar el abuso de autoridad, al ser vistos por esos policías antes de llegar a las instalaciones de la Fiscalía, fueron interceptados y desde entonces se desconoce el paradero de Leonardo Javier Belmares Solís.

“Actuaron fuera de protocolo, violando los derechos humanos del padre y del hijo, cometiendo además el delito de privación ilegal de la libertad, colocando en una situación de vulnerabilidad al joven”, “ante la frase que acompañó la detención del joven ‘al rato de lo entregamos’, nos preocupa la integridad física y psicosocial de Leonardo Javier”.

“La familia se presentó ya al C4, sin embargo, la última información que se les dio es que no se tenía conocimiento del paradero del joven”, “por esto exigimos a las autoridades la presentación del joven e investigación a los policías involucrados”, “Responsabilizamos a las autoridades estatales de cualquier acción que atente contra la dignidad, la libertad y la vida de Leonardo Javier Belmares Solís”, finalizó el OVSG.

A la Fiscalía General del Estado

A la opinión pública en general

Pese a la insistencia en que las instituciones de impartición de justicia y atención a víctimas estén y sean integradas por personal capacitado, formado integralmente y actualizado en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, a fin de garantizar la verdad, la justicia, la reparación y no repetición a las víctimas y su familia, mostramos nuestra preocupación ante el posible nombramiento de Gabriel Alejandro Mercado Rentería como encargado de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas.

Durante el tiempo que estuvo a cargo del Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes de la Fiscalía General del Estado, su actuar nunca fue el adecuado para el trato con las familias de las personas desaparecidas y fue incapaz de implementar protocolos para la búsqueda efectiva. Resultando, la mayoría de las veces, en procesos revictimizantes para las víctimas y sus familias. Llegando a preguntarles directamente que cuánto les pagaba el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes para llevar y acompañar sus casos, además de que impedía el correcto acompañamiento del Observatorio con las familias, violentando el derecho de todas las víctimas al acompañamiento, sea este o no de abogadas y abogados. Trato no profesional, violento y contrario a lo esperado por servidores públicos en cargos que deberían favorecen la atención.

Su posible nombramiento como encargado de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas sin ningún presupuesto especial asignado, sin reestructuración e integración de personal, y con los antecedentes en CAPEA, parecería una simulación para cumplir un requisito burocrático y no un compromiso con la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas en el Estado.

El posible nombramiento de Gabriel Alejandro Mercado Rentería significaría un retroceso para la Fiscalía y para la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas y sus familias, ya que no ha mostrado ser capaz de establecer un trato especializado, digno y respetuoso que favorezca la verdad y la justicia.

Ante ello, pedimos a la Fiscalía General del Estado

• No incluir a Gabriel Alejandro Mercado Rentería en la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas.
• Nombrar a personal capacitado con formación en Derechos Humanos y Perspectiva de género.
• Asignar presupuesto específico para esta Fiscalía.
• Establecer cursos para la correcta atención a víctimas.

Porque no estamos solas

Porque el silencio no nos protege

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.

• El uso obligatorio de faldas en escuelas públicas y privadas fomenta estereotipos de género que discrimina a niñas y adolescentes.
• El uso de uniformes neutros no quita derechos de madres y padres a formar y educar a sus hijas e hijos

De acuerdo con un estudio realizado en una institución educativa de Perú, que muestra uno de los principales acercamientos al análisis de cómo los uniformes escolares favorecen el desarrollo de niños y no así el de niñas, se da cuenta de la vivencia particular de niñas y adolescentes en relación con el uso obligatorio de la falda como parte de sus uniformes, las desventajas en su desarrollo y formación escolar, así como la exclusión que les significa no poder formar parte de las mismas actividades educativas y recreativas, fundamentales en su desarrollo.

El uso obligatorio de faldas en escuelas públicas y privadas fomenta estereotipos de género que discrimina a niñas y adolescentes, las exponen a situaciones de violencia, acoso y hostigamiento, en detrimento de su desarrollo escolar y social.

Ante ello, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes se “congratula con la medida establecida en la Ciudad de México en donde se implementarán los uniformes neutros, que no significa otra cosa que niñas y adolescentes puedan usar pantalón de manera libre, sin que se les penalice por ello, una medida que desde hace un par de años hemos tratado de traer a la discusión e implementación en Aguascalientes” comentó Violeta Sabás Díaz de León, Coordinadora del Observatorio.

“El debate en torno a esta medida ha sido dirigido, erróneamente, a pensar en que esto implica imponer el uso de faldas a niños y adolescentes, lo cual es falso, esta medida está dirigida específicamente para que niñas y adolescentes puedan usar pantalón siempre que así lo decidan y sin que esto implique sanciones por parte de escuelas y profesorado”, continuó Sabás Díaz de León.

“La hiper sexualización que los grupos conservadores como el Frente Nacional por la Familia y la Unión Nacional de Padres de Familia imponen a niños, niñas y adolescentes a través de los estereotipos de género, es resultado de discursos sin perspectiva de género, discriminantes y violentos”.

El uso de uniformes neutros no quita derechos de madres y padres a formar y educar a sus hijas e hijos, por el contrario, favorece el que niñas y adolescentes se desarrollen plenamente en todos los espacios de su vida, libres de violencias y ejerciendo todos sus derechos.

“En este panorama, nuevamente pedimos a las instancias y funcionariado correspondientes la implementación de uniformes neutros en escuelas públicas del Estado, en tanto esta medida favorece el desarrollo integral y libre de niñas y adolescentes”, finalizó la Coordinadora del Observatorio.

Más allá del debate público, los uniformes neutros son un paso importante para disminuir las múltiples violencias que viven todos los días las niñas y adolescentes del Estado, su implementación no es un asunto de estereotipos de género, es un asunto de seguridad y garantías de derechos para esas niñas y adolescentes.

Para descargar la tercera parte de este reportaje, puedes hacer clic aquí: #MeToo. Entrega 03. Ximena Antillón

Tras el boom mediático que tuvo el #MeToo en México, lo que nos queda es repasarnos y transformarnos: abrir las puertas al cambio.

Toca imaginar, acompañar y estructurar, dice Ximena Antillón, sicóloga integrante de Fundar, especialista en el acompañamiento psicosocial a familiares y víctimas de violaciones a derechos humanos.

En esta tercera y última entrega, hablaremos sobre qué sigue después de haber escuchado los testimonios de miles de mujeres viviendo acoso y hostigamiento sexual en todas las esferas sociales, y qué tienen que hacer, sobre todo los hombres, al respecto.

Ximena Antillón: Toca acompañar, estructurar

“En el #MeToo hay dos cosas, la primera es que es una respuesta a la negligencia y la descalificación de la violencia contra las mujeres dentro las instancias oficiales, tanto en las autoridades de procuración y administración de justicia, como en las instancias internas de  las universidades, las organizaciones, los medios de comunicación o los gremios.

“Eso nos da dos dimensiones de agenda en donde necesitamos transformar. Por un lado está la agenda de las autoridades, cómo pueden generar mecanismos que sean adecuados para las mujeres, que sean sensibles, que tengan perspectiva de género y atención psicológica. Y por otro lado está la agenda de qué hacemos dentro de las organizaciones y dentro de estos gremios que han venido funcionando como si eso no existiera.

“Esto (el #MeToo) pasa porque es una respuesta frente a la falta de recursos adecuados y también por que hay una mayor conciencia de la violencia de género. Ahora las mujeres sabemos que hay cosas que hemos vivido toda la vida y hemos normalizado, pero son formas de acoso, hostigamiento y violencia”.

¿Qué sigue para el #MeToo?

Es una estrategia que hay que madurar, en su momento fue muy importante porque ha permitido que las mujeres puedan denunciar porque de otra forma no hubieran denunciado. Haberlo hecho de forma anónima o de forma confidencial es un logro, pero hay que pulirlo, irlo mejorando.

Por un lado, tenemos que  generar mecanismos para evitar lo más posible que puedan colarse denuncias falsas, aunque eso no descalifica el movimiento, hay que tener filtros. Y por otro lado es necesario prever medidas de acompañamiento a las mujeres que se animan a denunciar, porque esto ha generado una respuesta violenta a través de las redes sociales

El #MeToo lo que hace es desestabilizar los mecanismos patriarcales que han ignorado todo el tiempo, que han descalificado y silenciado a las víctimas. El #MeToo desestabiliza eso y lo pone sobre la mesa y en la agenda pública, y detrás de eso hay reacciones que quieren restablecer esos mecanismos y devolver a las mujeres a ese lugar en donde no pueden hablar. Hay que acompañarnos psicológicamente, psicosocialmente y jurídicamente.

¿Qué pasa con las mujeres que denunciaron en el #MeToo?

La experiencia de las mujeres cuando viven o vivieron violencia es que primero hay un proceso interno para reconocer eso como violencia, muchas mujeres no denunciaron en ese momento porque no sabían que se podía denunciar. Y luego, cuando se hace público, también hay proceso de estigmatización y culpabilización de la víctima, que es lo que conocemos cuando nos dicen que es nuestra culpa por como nos vestimos o actuamos.

Las denuncias de hostigamiento sexual siempre implican una relación jerárquica y estas personas están en lugar de poder, así que no solo hay respuestas de criminalización y estigmatización, sino que puede haber también otras represalias en contra de las mujeres. No hay mecanismos que garanticen su protección, por eso, en varios sentidos, el anonimato es valioso, porque es una forma de poder señalar y advertir a otras mujeres que hay hombres peligrosos o que ejercen acoso.

Nos toca dejar de ignorar que esto pasa, descalificarlo y silenciarlo, el #MeToo no solo habla de lo que ya sabemos que ocurre, sino que habla de la magnitud con que ocurre. A partir del reconocimiento tenemos que hacer medidas de prevención, protocolos, medidas de atención, buscar procesos que pongan en el centro a la víctima: sus necesidades, que sean protegidas, que no sean juzgadas.

¿Qué hacer cuando un hombre querido o cercano, es denunciado?

Si estamos socializados en una cultura patriarcal, reproducimos estos modos de violencia. Es importante que dejemos de romantizar a los hombres defensores de los derechos humanos, porque ellos también ejercen acoso desde una relación jerárquica.

Nuestros amigos y compañeros no están exentos de eso, aquí hay una posibilidad de reflexionar y tiene que haber disposición, tenemos que iniciar un proceso de cambio. Los hombres tienen que buscar herramientas, se tienen que hacer cargo, es algo que tienen que trabajar ellos, no recae sobre nosotras.

Las redes sociales se tienen que mantener como un canal de denuncia y también se pueden pensar en otras instancias. Necesitamos habilitar otros recursos en donde se pueda denunciar, a lo mejor no directamente en donde pueda estar el agresor, por eso tenemos que seguir pensando, imaginando. El #MeToo ha mostrado la necesidad de hacerlo y es importante centrarnos en lo que dicen las denuncias, no en las denunciantes.

Es muy importante no perder el foco de la discusión, si los hombres están agrediendo a las mujeres por las denuncias, lo que está mal es que los hombres agredan, y que las personas respondan de forma misógina ante el #MeToo.

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