Autor: OVSGAgs

En el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, más de 30 organizaciones feministas, indígenas y de derechos humanos, así como con instituciones académicas y de gobierno, lanzan el Pacto Nacional por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género.

Durante la presentación, participaron representantes de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Red Nacional de Refugios y EQUIS Justicia para las Mujeres, organización que articula estos esfuerzos. Las participantes destacaron que este Pacto abre el camino para la construcción de un modelo de justicia abierta, centrado en la participación ciudadana, que genere las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la información y al acceso a la justicia para todas las personas, colectivos y pueblos, de tal manera que nadie se quede atrás.

El Pacto supone un compromiso de dos años entre academia, ciudadanía y gobierno, para trabajar de manera conjunta en la implementación de 7 líneas estratégicas y 20 acciones, a desarrollarse en 5 etapas distintas por parte de los Poderes Judiciales, así como por los institutos locales de transparencia.

Así, la intención es que las instituciones de justicia y los órganos garantes de la transparencia del país implementen acciones y políticas de transparencia y protección judicial, de la mano de organizaciones de la sociedad civil y academia, todo ello para atender, de manera sensible y humana, las necesidades y expectativas de justicia de la población.

En el documento del Pacto destacan:

“Este es un llamamiento a todos los poderes judiciales del país, así como a los
institutos locales de transparencia para dar un paso adelante por la justicia abierta
bajo los principios de colaboración, participación, diálogo horizontal, y rendición de
cuentas. Un llamado para impulsar políticas y acciones que garanticen el acceso a la
información y a una justicia con perspectiva de género.”

El seguimiento al cumplimiento de las estrategias y acciones antes mencionadas se realizará
mediante la Cartografía de la justicia abierta, la cual mostrará los avances de este Pacto. Este
instrumento de medición y seguimiento estará disponible en el sitio:
http://www.pactojusticiaabierta.mx

La convocatoria para que Poderes Judiciales e institutos de transparencia suscriban el Pacto, así
como para que universidades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales se sumen como impulsoras del mismo, estará abierta hasta el 5 de noviembre.

El formato para suscribirse está disponible en el sitio web.

Juntas construyendo justicia

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, APIS Sureste, Fundación para la Equidad A.C., Alternativas Pacíficas A.C., Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), Centro Interdisciplinario de Derechos Infancia y Parentalidad A.C. (CIDIP), Colectivo de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos A.C. (CLEIDH), Red de Abogadas Indígenas (RAI), Colectivo Mujer y Utopía A.C., Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), Derechos, Autonomías y Sexualidades A.C. (DAS Cancún), Data Cívica A.C., Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social, A.C. , Equifonia, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C., Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), INCIDE Femme, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), Intersecta A.C., Ixmucane A.C., Ligalab Ideas que Unen A.C, Luchadoras A.C., Mujeres Solidarias en la Acción Social de la Laguna A.C. (MUSAS), Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes A.C., Red de Abogadas Indígenas (RAI), Red de Abogadas Violeta, Red La Morada, Red Nacional de Refugios (RNR), Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche A.C (REDMYH), Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. (UNASSE) y Yarika Creación sin límite, A. C.

• Durante 2021 son tres los casos que ha acompañado el Observatorio. 

• Acompañar es generar redes para evitar la criminalización de las mujeres por el derecho a decidir sobre sus cuerpos. 

Durante el último año, al menos son tres los casos de mujeres que han sufrido un aborto y que, resultado de la revictimización médica y judicial, han intentado ser criminalizadas por autoridades de Aguascalientes y en los cuales el Observatorio ha liderado el proceso de acompañamiento local a través de la generación de distintos recursos jurídicos, económicos y sociales para las mujeres que han intentado ser criminalizadas. 

Dentro del trabajo organizado del Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado, se han establecido redes locales y nacionales para el acompañamiento de mujeres que deciden interrumpir su embarazo y mujeres que al sufrir un aborto son criminalizadas por las Instituciones; “el Observatorio acompaña jurídica, psicológica y socialmente a las mujeres víctimas de distintos tipos de violencia, incluida la violencia obstétrica que viven las mujeres que al acudir a instancias médicas por temas relacionados a un aborto, son criminalizadas, cuestionadas y se les ha intentado iniciar procesos judiciales”, comentó Mariana Ávila Montejano, fundadora del OVSG. 

“Cuando hablamos de acompañamiento, nos referimos al acuerpamiento de las mujeres, a la generación de recursos jurídicos y económicos, así como la generación de estrategias de vinculación con otros organismos y la organización de recursos de comunicación y difusión que permitan a las mujeres contar con distintas posibilidades para no ser revictimizadas ni criminalizadas por el derecho a decidir sobre sus cuerpos”, añadió Ávila Montejano. 

En el marco del #28S día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, “nos gustaría decirle a todas las mujeres del Estado que no están solas, que el OVSG y distintas organizaciones, colectivos, activistas y defensoras están listas para acompañarlas; que nuestro equipo directivo, coordinador,  jurídico, psicológico, de investigación y comunicación está listo para acmMpañarlas en caso de decidir elegir sobre su salud sexual y reproductiva, que abortar no es un delito” finalizó Violeta Sabás, Coordinadora del Observatorio. 

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Se acerca el #PactoNacional por una #JusticiaAbierta con #PerspectivaDeGénero, un compromiso de colaboración dirigido a Poderes Judiciales e institutos de transparencia.
Participamos más de 20 OSC y academia. ¡Únete!
28 sep, 10:00AM, vía @EquisJusticia
#PactoXlaJusticiaAbierta

Siempre deberá existir personal médico dispuesto y comprometido con sus pacientes, con una verdadera y muy alta vocación de servicio, comprensiva de los derechos de sus pacientes y a la altura de su tarea de rango constitucional de procurárselos con la mayor claridad posible sin juicios morales de por medio. El Estado tiene la obligación de asegurar, por todos los medios posibles, que se garantice el derecho de las personas a la protección de su salud y a ser beneficiarias de los procedimientos necesarios.

-Ministra Margarita Ríos Farjat

En agosto, IMPUNIDAD|CERO publicó una investigación relativa a la impunidad administrativa, este estudio “identifica los canales de denuncia, queja y reporte de faltas administrativas; estudia los métodos de los órganos encargados de investigar y sancionar estas conductas; analiza cómo se sistematiza esta información por parte de las instituciones encargadas de hacerlo; y evalúa cómo se sanciona cualquier conducta irregular de las personas servidoras públicas, de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y las fiscalías, a nivel estatal y federal”.

Dentro de los principales resultados, destaca la Fiscalía de Aguascalientes como la institución con mayor impunidad administrativa en el país, esto significa que existe omisión en la investigación y sanción de las irregularidades que puedan cometer las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones, lo que imposibilita la correcta función de la institución, lo que repercute inevitablemente en el proceso de atención de las víctimas y sus familias.

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género siempre hemos insistido a todos los titulares que han pasado por la Fiscalía, a todas las áreas, funcionarias y funcionarios que componen la institución, sobre la necesidad de mejorar los procesos de atención, transparencia y de diálogo con las víctimas y las familias, hemos dado de cuenta de las deficiencias en el seguimiento de las investigaciones; del déficit de personal profesional, y que cuando es contratado nuevo personal carece de experiencia y sensibilidad en la atención pública; de la urgente necesidad de reforzar y ampliar procesos formativos y de sensibilización con perspectiva de género y derechos humanos a todas y todos quienes componen la institución.

Hemos dado cuenta, también, de la intransigencia para recibir retroalimentación y quejas de los servicios que brinda la institución, de la rotación injustificada o mal justificada del personal de investigación, del trato revictimizante y de las múltiples negativas para reunirnos con el Fiscal y en algunos momentos, negar el derecho de las víctimas a ser acompañadas por nosotras.

Somos conscientes de que la omisión e impunidad en la impartición de justicia está atravesada por graves fallas internas de la Fiscalía, y de otras instituciones que atienden víctimas; que el pacto patriarcal de protección entre agresores funciona también a escala burocrática y que en esto, las víctimas y sus familias siguen siendo quienes reciben las principales consecuencias.

Pese a las negativas de la Fiscalía de reconocer sus claras deficiencias, hacemos un llamado a dejar de buscar la confrontación con las familias, las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil y trabajar en el seguimiento a sus protocolos internos que obliguen al servicio público sin omisiones ni impunidad, que la Fiscalía trabaje por el derecho de todas las víctimas a la verdad, la memoria y la justicia.

El silencio no nos protege

Vivas y Libres nos queremos.

Aguascalientes, Ags., 14 de septiembre de 2021

A la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Al fiscal general Jesús Figueroa Ortega.

A la opinión pública.

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), acompañantes jurídicos en el caso de Montserrat Johana Vargas García, encontrada sin vida el pasado 14 de diciembre, reprobamos las declaraciones que Jesús Figueroa Ortega, fiscal general del estado, ha ofrecido en medios de comunicación en torno a la investigación del caso.

Figueroa Ortega ha declarado públicamente en dos ocasiones, la primera el 15 de diciembre del 2020 y la segunda el 12 de enero del año en curso, que todo apunta a que se trató de un accidente, aún y cuando la investigación no ha terminado. Consideramos que la pronta conclusión del fiscal daña el proceso y a la familia Vargas García, que han exigido a la Fiscalía General investigar si se trató de un delito.

Como acompañantes jurídicos, señalamos que las autoridades ministeriales no han investigado la muerte de Montserrat Johana de acuerdo al Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género de Muertes Violentas de Mujeres en el Estado de Aguascalientes (P.O. 11 septiembre 2017) que “proporciona las directrices para un actuar inmediato de los cuerpos de investigación, a través de procesos estandarizados y homologados que eviten acciones que vulneren los derechos humanos de las mujeres, de tal modo que, al substanciar una investigación por la privación de la vida de una Mujer de forma violenta, independientemente de que la muerte aparentemente haya sido un suicidio, un homicidio doloso o un Feminicidio” (Prefacio, pag.6).

Por otro lado, el Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (derivado de la Sentencia de Campo Algodonero)  establece que “en los casos de muertes de mujeres aparentemente accidentales, la prudencia exige aplicar el Modelo de Protocolo ante el más mínimo indicio o duda de que se pueda estar frente a una muerte violenta. En ningún caso su aplicación impide la investigación general de los hechos sino que, por el contrario, permite identificar los hechos y asociarlos a un eventual contexto femicida”.

Además, señalamos que la Fiscalía General del Estado no ha realizado el Peritaje Antropológico ni el análisis de contexto necesario en los casos de muertes violentas para conocer el entorno familiar y del espacio en el que perdió la vida Montserrat Johanna, de cinco años, y deben aplicarse todos los instrumentos con los que cuenta el estado para no vulnerar la perspectiva de género y el interés superior de la niñez.

Después de revisar la información contenida en la carpeta de investigación, y con los datos que el equipo jurídico del Observatorio ha recabado, consideramos que la explicación que la Fiscalía ha ofrecido sobre que la niña pudo haber ingresado por su propio pie a la Planta de Tratamiento donde fue encontrada, es inverosímil y desmesuradamente omisa en datos concretos que se encuentran en la propia carpeta.

Nos parece sumamente delicado y violento que el titular de la Fiscalía General apure las conclusiones de un caso que sigue en investigación y que las haga públicas, polarizando a la opinión pública y dañando el acceso a la justicia y la verdad de la familia Vargas García, que ha sido objeto de ofensas y perjurios por parte de conocidos comunicadores, a quienes también llamamos a respetar el debido proceso.

Le exigimos a Figueroa Ortega y al personal de la Fiscalía General del Estado aplicar los protocolos necesarios para esclarecer la muerte de Montserrat Johana y no emitir ninguna conclusión hasta que la investigación haya concluido.

Porque no estamos solas.

Porque el silencio no nos protege.

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA).

Aguascalientes, Ags. 21 de diciembre de 2020 Hacemos del conocimiento público, el desprecio y agravio que la LXIV Legislatura del Estado de Aguascalientes ha venido manifestando con su trabajo legislativo hacia los derechos sexuales y reproductivos de las y los menores y de las mujeres de Aguascalientes.Ha sido evidente que la LXIV Legislatura ignora el carácter sui géneris de los derechos sexuales y reproductivos, ignora el reconocimiento nacional e internacional y el avance de estos derechos en las décadas recientes, así como la significación de estos derechos para la vida de las mujeres, con lo cual se ha caracterizado como la legislatura más conservadora y fundamentalista que ha ocupado el Congreso de nuestro Estado.

Anticipamos que, en la próxima Sesión Ordinaria del Congreso en próximas fechas realizada con la máxima premura y aprovechando vilmente el momento de tragedia y urgencia que se vive, será discutida, por 2da vez la inclusión en la Constitución de Aguascalientes de la protección a la vida desde el momento de la concepción en el artículo 2.

En esta sesión, se dará respuesta a la insistencia de las mentalidades más religiosas y conservadoras de la entidad, dando la espalda y cerrando la puerta a las razones del derecho, la ciencia, las mujeres y la democracia.

Un “Foro” con duración de 1 hora 20 minutos no suple una investigación sociológica, económica, jurídica, estadística, etc. que evidencie con certeza la situación reproductiva de las mujeres en Aguascalientes: sus necesidades, carencias, problemas, etc. aunque sí pueda dar apariencia democrática a una decisión.

La iniciativa que pretenden aprobar es inconstitucional por: Se violan los derechos fundamentales porque al reformar el artículo 2 de la constitución de Aguascalientes obliga a sancionar penalmente el aborto, reconoce indebidamente como persona al concebido y no nacido, restringe inadecuadamente los derechos de las mujeres

Es inconstitucional porque al ampliar los derechos restringe a su vez los derechos fundamentales de las mujeres para crear nuevos sujetos de derecho.

Se afectan diversos derechos de las mujeres, como su derecho a la vida, a la libertad, a la protección de la salud, a la libertad sobre su cuerpo, a la igualdad de género, a la no discriminación, a la libertad reproductiva, a la libertad sexual, tutelados por diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados y convenciones internaciones en materia de derechos humanos.

Se basa en una errónea interpretación de diversos tratados internacionales, pues no hay instrumento internacional alguno que obligue al Estado mexicano a considerar que la vida del nasciturus está protegida desde la concepción.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece que los no nacidos sean personas, individuos o sujetos jurídicos o normativos y sólo los reconoce como bienes jurídicamente protegidos y reconoce derechos fundamentales para la persona jurídica es decir, para el individuo que ha nacido y cuando hace referencia a la concepción y a la gestación, lo hace siempre en función de los derechos de la mujer embarazada.

No olviden que las mujeres constituimos el 52% del padrón electoral del Estado de Aguascalientes y que así como han usado el argumento de “deuda electoral” para promover iniciativas violatorias de derechos humanos e inconstitucionales les decimos que en las próximas elecciones donde se renovará el congreso no daremos ni un voto a todos aquellos partidos políticos que voten a favor de reformas que continúan criminalizando y prohibiendo el avance en nuestros derechos tampoco a las y los legisladores actuales que busquen la reelección.

De aprobar tenemos listo el recurso de inconstitucionalidad que será presentado en la Suprema Corte de Justicia y utilizaremos todos los recursos legales para que se sume una más a su expediente y la segunda por vulnerar los derechos humanos.Les recordamos que su obligación como legisladores es trabajar por el avance en los derechos humanos de todas las personas incluidos los derechos de las mujeres, no nos interesa que usen un pañuelo verde o morado lo que nos interesa es que hagan su trabajo apegado a derechos humanos, desde la laicidad, la ciencia y la escucha de las diversas voces.Organizaciones, Colectivas y agrupaciones feministas firmantes

CECADEC, CEDEMAC, CEPAZ, CIDE Fem, Códice, AC. Colectiva Feminista Aguascalientes, Colectivo Raíz, Comunidad Feminista Ags, Cultivando Género AC., Diversex, Impúlsalas AC, ISES, Laboratorio de arte feminista, Las te de Luna, Las Nombramos, Mexicanas en Acción Positiva A. C, Morras Help Morras, Mucha Muchacha, Mujer Entrópica, Observatorio ciudadano de agendas de género, Observatorio de violencia social y de género de Aguascalientes. Red Mexicana de Mujeres Trans, Redser, Salvemos la pona, Terfu, VIHDHA A. C.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han registrado más 115 mil llamadas de emergencia por problemas de violencia sexual, violencia familiar, social, entre otras, mostrando un incremento del 28% en marzo con respecto a enero 2020 derivado de la crisis sanitaria por la pandemia que hemos vivido en 2020. 

La COVID-19 además de ser una emergencia sanitaria, es un emergencia social en tanto las consecuencias que ha tenido y tienen en la vida cotidiana de niñas, mujeres y adolescentes; consecuencias sociales que ponen de manifiesto los niveles de desprotección y peligro que viven mujeres y niñas en la vida cotidiana en su contacto directo y forzado con sus agresores, quienes rodeados de la impunidad de los espacios privados y familiares, ejercen distintos tipos de violencia. 

Esto aunado al aumento de la violencia feminicida en el país y en el Estado, a la represión de las manifestaciones de mujeres, colectivas y organizaciones, a los mensajes de odio para mujeres lesbianas y trans, y los mensajes generalizados de deslegitimación de las protestas feministas, nos colocan en un lugar de emergencia para garantizar a todas las mujeres el acceso a una vida libre de todas las violencias. 

En el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, desde el OVSG de Aguascalientes nos pronunciamos por la urgente articulación de todas las instituciones para la aplicación de las normas internacionales y nacionales para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias durante este encierro forzado, nos pronunciamos por la eliminación de todos los dicursos públicos que, solapados por una misógina interpretacion de la libertad de expresión, incitan al odio contra las mujeres, favoreciendo la violencia feminicida.  

Nos pronunciamos por la urgente profesionalización del personal de atención de emergencias para evitar la revictimización, negligencia y omisión en la atención de las llamadas y casos de violencia reportados por niñas y mujeres durante el encierro derivado de esta pandemia global. 

Nos pronunciamos por el respeto a la identidad y dignidad de mujeres trans y mujeres no cisheterosexuales que se han vuelto blanco de grupos conservadores y religiosos. 

Nos pronunciamos por la autonomía económica de las mujeres, por el reconocimiento y remuneración de su trabajo como cuidadoras y jefas del hogar. Reconociendo la violencia económica y social que viven en tanto la generalización del deber ser de las mujeres desde una lógica patriarcal. 

Nos pronunciamos por garantizar la accesibilidad e inclusión a la vida pública y social de mujeres con discapacidad, que históricamente han sido víctimas de todas las violencia y se les ha negado y niega el reconocimiento jurídico, social e histórico en la toma de decisiones. 

Nos pronunciamos por distancias seguras y sin violencias para todas las mujeres.

Para todas nosotras, que en el cruce de nuestras diferencias, acompañamos la lucha por el acceso de todas a una vida libre de violencias. 

¡No estamos solas! 

Vivas y libres nos queremos. 

05/OCT La familia de Christian, quien fue desaparecido en 2016, se presenta a Fiscalía a declarar sobre información recibida de posible ubicación en un predio.

09/OCT -Inicia la búsqueda en el predio señalado con la participación de la mamá y hermano de Christian, y el OVSG. -Autoridades se presentan sin herramientas de búsqueda-En la búsqueda un policía ministerial acusa a Daniel, hermano de Christian, de saber su paradero.

14/OCT Previo a la 2a búsqueda en el predio, el hermano de Christian es detenido en su casa, acusado de robo; horas y distancias no coinciden con la declaración. Daniel es llevado al CERESO en espera de la judicialización del caso.

21/OCT Al no acreditarse ningún delito, debido a la falta de consistencia de la denuncia y ninguna evidencia, se ordena la libertad de Daniel.