En agosto, IMPUNIDAD|CERO publicó una investigación relativa a la impunidad administrativa, este estudio “identifica los canales de denuncia, queja y reporte de faltas administrativas; estudia los métodos de los órganos encargados de investigar y sancionar estas conductas; analiza cómo se sistematiza esta información por parte de las instituciones encargadas de hacerlo; y evalúa cómo se sanciona cualquier conducta irregular de las personas servidoras públicas, de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y las fiscalías, a nivel estatal y federal”.

Dentro de los principales resultados, destaca la Fiscalía de Aguascalientes como la institución con mayor impunidad administrativa en el país, esto significa que existe omisión en la investigación y sanción de las irregularidades que puedan cometer las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones, lo que imposibilita la correcta función de la institución, lo que repercute inevitablemente en el proceso de atención de las víctimas y sus familias.

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género siempre hemos insistido a todos los titulares que han pasado por la Fiscalía, a todas las áreas, funcionarias y funcionarios que componen la institución, sobre la necesidad de mejorar los procesos de atención, transparencia y de diálogo con las víctimas y las familias, hemos dado de cuenta de las deficiencias en el seguimiento de las investigaciones; del déficit de personal profesional, y que cuando es contratado nuevo personal carece de experiencia y sensibilidad en la atención pública; de la urgente necesidad de reforzar y ampliar procesos formativos y de sensibilización con perspectiva de género y derechos humanos a todas y todos quienes componen la institución.

Hemos dado cuenta, también, de la intransigencia para recibir retroalimentación y quejas de los servicios que brinda la institución, de la rotación injustificada o mal justificada del personal de investigación, del trato revictimizante y de las múltiples negativas para reunirnos con el Fiscal y en algunos momentos, negar el derecho de las víctimas a ser acompañadas por nosotras.

Somos conscientes de que la omisión e impunidad en la impartición de justicia está atravesada por graves fallas internas de la Fiscalía, y de otras instituciones que atienden víctimas; que el pacto patriarcal de protección entre agresores funciona también a escala burocrática y que en esto, las víctimas y sus familias siguen siendo quienes reciben las principales consecuencias.

Pese a las negativas de la Fiscalía de reconocer sus claras deficiencias, hacemos un llamado a dejar de buscar la confrontación con las familias, las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil y trabajar en el seguimiento a sus protocolos internos que obliguen al servicio público sin omisiones ni impunidad, que la Fiscalía trabaje por el derecho de todas las víctimas a la verdad, la memoria y la justicia.

El silencio no nos protege

Vivas y Libres nos queremos.

Aguascalientes, Ags., 14 de septiembre de 2021