El OVSG ha acompañado jurídica y socialmente casos de aborto en el Estado 

  • Durante 2021 son tres los casos que ha acompañado el Observatorio. 
  • Acompañar es generar redes para evitar la criminalización de las mujeres por el derecho a decidir sobre sus cuerpos. 

Durante el último año, al menos son tres los casos de mujeres que han sufrido un aborto y que, resultado de la revictimización médica y judicial, han intentado ser criminalizadas por autoridades de Aguascalientes y en los cuales el Observatorio ha liderado el proceso de acompañamiento local a través de la generación de distintos recursos jurídicos, económicos y sociales para las mujeres que han intentado ser criminalizadas. 

Dentro del trabajo organizado del Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado, se han establecido redes locales y nacionales para el acompañamiento de mujeres que deciden interrumpir su embarazo y mujeres que al sufrir un aborto son criminalizadas por las Instituciones; “el Observatorio acompaña jurídica, psicológica y socialmente a las mujeres víctimas de distintos tipos de violencia, incluida la violencia obstétrica que viven las mujeres que al acudir a instancias médicas por temas relacionados a un aborto, son criminalizadas, cuestionadas y se les ha intentado iniciar procesos judiciales”, comentó Mariana Ávila Montejano, fundadora del OVSG. 

“Cuando hablamos de acompañamiento, nos referimos al acuerpamiento de las mujeres, a la generación de recursos jurídicos y económicos, así como la generación de estrategias de vinculación con otros organismos y la organización de recursos de comunicación y difusión que permitan a las mujeres contar con distintas posibilidades para no ser revictimizadas ni criminalizadas por el derecho a decidir sobre sus cuerpos”, añadió Ávila Montejano. 

En el marco del #28S día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, “nos gustaría decirle a todas las mujeres del Estado que no están solas, que el OVSG y distintas organizaciones, colectivos, activistas y defensoras están listas para acompañarlas; que nuestro equipo directivo, coordinador,  jurídico, psicológico, de investigación y comunicación está listo para acmMpañarlas en caso de decidir elegir sobre su salud sexual y reproductiva, que abortar no es un delito” finalizó Violeta Sabás, Coordinadora del Observatorio. 

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Objeción de Conciencia: SCJN

Siempre deberá existir personal médico dispuesto y comprometido con sus pacientes, con una verdadera y muy alta vocación de servicio, comprensiva de los derechos de sus pacientes y a la altura de su tarea de rango constitucional de procurárselos con la mayor claridad posible sin juicios morales de por medio. El Estado tiene la obligación de asegurar, por todos los medios posibles, que se garantice el derecho de las personas a la protección de su salud y a ser beneficiarias de los procedimientos necesarios.

-Ministra Margarita Ríos Farjat

IMPUNIDAD ADMINISTRATIVA EN LA FISCALÍA DE AGUASCALIENTES

En agosto, IMPUNIDAD|CERO publicó una investigación relativa a la impunidad administrativa, este estudio “identifica los canales de denuncia, queja y reporte de faltas administrativas; estudia los métodos de los órganos encargados de investigar y sancionar estas conductas; analiza cómo se sistematiza esta información por parte de las instituciones encargadas de hacerlo; y evalúa cómo se sanciona cualquier conducta irregular de las personas servidoras públicas, de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y las fiscalías, a nivel estatal y federal”.

Dentro de los principales resultados, destaca la Fiscalía de Aguascalientes como la institución con mayor impunidad administrativa en el país, esto significa que existe omisión en la investigación y sanción de las irregularidades que puedan cometer las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones, lo que imposibilita la correcta función de la institución, lo que repercute inevitablemente en el proceso de atención de las víctimas y sus familias.

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género siempre hemos insistido a todos los titulares que han pasado por la Fiscalía, a todas las áreas, funcionarias y funcionarios que componen la institución, sobre la necesidad de mejorar los procesos de atención, transparencia y de diálogo con las víctimas y las familias, hemos dado de cuenta de las deficiencias en el seguimiento de las investigaciones; del déficit de personal profesional, y que cuando es contratado nuevo personal carece de experiencia y sensibilidad en la atención pública; de la urgente necesidad de reforzar y ampliar procesos formativos y de sensibilización con perspectiva de género y derechos humanos a todas y todos quienes componen la institución.

Hemos dado cuenta, también, de la intransigencia para recibir retroalimentación y quejas de los servicios que brinda la institución, de la rotación injustificada o mal justificada del personal de investigación, del trato revictimizante y de las múltiples negativas para reunirnos con el Fiscal y en algunos momentos, negar el derecho de las víctimas a ser acompañadas por nosotras.

Somos conscientes de que la omisión e impunidad en la impartición de justicia está atravesada por graves fallas internas de la Fiscalía, y de otras instituciones que atienden víctimas; que el pacto patriarcal de protección entre agresores funciona también a escala burocrática y que en esto, las víctimas y sus familias siguen siendo quienes reciben las principales consecuencias.

Pese a las negativas de la Fiscalía de reconocer sus claras deficiencias, hacemos un llamado a dejar de buscar la confrontación con las familias, las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil y trabajar en el seguimiento a sus protocolos internos que obliguen al servicio público sin omisiones ni impunidad, que la Fiscalía trabaje por el derecho de todas las víctimas a la verdad, la memoria y la justicia.

El silencio no nos protege

Vivas y Libres nos queremos.

Aguascalientes, Ags., 14 de septiembre de 2021

CRISIS MIGRATORIA EN AGUASCALIENTES | Pronunciamiento

Durante los últimos días hemos dado cuenta a través de plataformas digitales, medios de comunicación, organizaciones, defensoras y defensores de Derechos Humanos, de la violencia del Estado Mexicano en contra de las personas migrantes en la frontera sur, donde las imágenes de persecución, violencia, separación y vejaciones a la dignidad humana han demostrado la carencia de una política de atención al problema migratorio con base en los Derechos Humanos.


Durante esta mañana se reportó el “rescate” de 300 personas migrantes en Aguascalientes, incluidas niñas y niños; reportado como “trata”, este supuesto rescate resulta preocupante en el contexto de la persecución del Estado en la frontera sur contra las caravanas migrantes y es alarmante, ya que la intervención de las instituciones de seguridad sin una política migratoria y de atención a poblaciones vulnerables con base en los principios de respeto a la dignidad humana no garantiza que las 300 personas en situación migratoria de verdad estén a salvo y su situación mejore.


Históricamente este tipo de “rescates” no garantiza que las personas en situación migratoria accedan a un proceso digno, seguro y sin discriminación en su tránsito por México y la mayoría de las veces son retornados a sus países de origen, sin conocer el contexto de violencia al que pueden volver.


En este sentido, desde el Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado de Aguascalientes hacemos un llamado al gobierno del Estado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a las instituciones de seguridad a garantizar el trato digno con base en los protocolos de atención y seguridad de personas en situación migratoria, a evitar la criminalización de la migración y la estigmatización en el derecho de todas las personas a migrar.


Condenamos públicamente las acciones de persecución, violencia y trato indigno de México contra las caravanas migrantes en la frontera sur y cuya inexistente política migratoria supone repetidas violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.


El silencio no nos protege
Vivas y Libres nos queremos.
Aguascalientes, Ags., 07 de septiembre de 2021