En un video propagado en redes sociales, aparece un policía ministerial (actualmente cesado) de Aguascalientes que saca su pistola para atemorizar a ciudadanas/os en lo que parece una riña entre particulares. El hecho no es un caso aislado. Es, con datos comprobables, una actividad común de las corporaciones de seguridad: los casos se cuentan por cientos. Como él, decenas de policías pertenecientes a diferentes corporaciones han utilizado su cargo para trastocar los derechos humanos.

Golpizas, tratos inhumanos, desaparición forzada y cateos ilegales; son parte de los abusos -que por años han sido documentados- a manos de quienes deberían velar por la seguridad de las y los ciudadanos. La brutalidad policíaca sucede en todo el país…y Aguascalientes no es la excepción.

Según la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHA), las denuncias contra policías, con mayor frecuencia municipales, corresponden a más del 80 por ciento del número de quejas que se reciben anualmente. Sin embargo, en el registro de las recomendaciones emitidas por dicho órgano, decenas de casos involucran también a policías estatales y ministeriales

I. Violencia de estado

De las 53 recomendaciones por expediente giradas por la CEDHA durante 2019, 43 corresponden a quejas presentadas por ciudadanas y ciudadanos en contra de policías, es decir, más del 90% de las denuncias tienen ver con la violencia que propaga el estado a través de sus corporaciones de seguridad.

Trece son casos en donde policías lesionaron a personas ya detenidas; 11 se refieren a tratos crueles, inhumanos o degradantes; y siete a casos donde se registró tortura.

Los testimonios son abrumadores, dolorosos, impunes. En la recomendación 70/17, una persona denunció haber sido torturada tanto por policías estatales como por policías ministeriales durante un interrogatorio.

En la 329/15, una mujer fue agredida físicamente al momento de ser detenida y también cuando se encontraba dentro de su celda, el caso ocurrió en Calvillo.

En la 375/18 con una videograbación como prueba, se documentó que un hombre fue maltratado por policías municipales de Rincón de Romos. Y pese a que existe la grabación, los responsables de las agresiones aún no han sido identificados.

En la 81/19 el propio Director de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de El Llano y policías a su cargo, detuvieron y agredieron físicamente a una persona y no la presentaron ante el juez municipal.

En la 48/19 una mujer sufrió agresiones por parte de policías municipales de Aguascalientes, quienes le tomaron fotografías que después fueron publicadas en medios de comunicación, acusándola de hechos que no cometió.

El año pasado, las cosas no fueron muy diferentes. De las 98 recomendaciones por expediente giradas por la CEDHA, 82 corresponden a casos de violencia perpetrada desde las dependencias de seguridad pública y  la Fiscalía General del Estado.

En otro expediente, el 76/18, se denunció que elementos de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes detuvieron a una persona -sin especificar si mujer u hombre- y la golpearon en la cara, además «al transportarla en la patrulla otro oficial le abrió la cabeza, y al encontrarse en la patrulla un oficial del sexo masculino le jaló el cabello, llevándola al C-4. Al encontrarse en dicho lugar uno de los elementos aprehensores sacó de una bolsa un cuchillo obligándola a tocarlo, para después ser trasladada por cuatro agentes a las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado”, señala el documento.

La cuenta regresiva lleva a 2017, año en que elementos de la Secretaría de Seguridad Municipal acorralaron a dos camiones en los que viajaban estudiantes de la escuela normal rural Vasco de Quiroga, situada en Tiripetío, Michoacán. Los estudiantes, que terminaron golpeados en terrenos baldíos, perseguidos en azoteas, mordidos por perros policías y apedreados; iban de salida hacia Michoacán cuando esquirlas lanzadas desde un grupo de policías antimotines detuvo las llantas de sus camiones.

Estaban en Aguascalientes apoyando las protestas emprendidas por sus compañeras de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, quienes también ha sufrido a manos de policías, especialmente en 2010, cuando las desalojaron con violencia del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA).

El otro caso se encuentra inscrito en el expediente 181/17, ahí se relata cómo seis hombres fueron brutalmente golpeados por policías municipales de Aguascalientes en la comunidad “El Soyatal”. Tras las agresiones, algunas de las víctimas tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente. En este caso, como en el de los normalistas y en otros cientos más, los responsables permanecen impunes.

Entre las víctimas de las corporaciones se seguridad, hay personas que fueron golpeadas con palos de beisbol (expediente 264/14), o rociadas con gas pimienta y llevadas a lotes baldío donde recibieron descargas eléctricas (expediente 30/18), así como adolescentes que fueron golpeados y desnudados luego de ser detenidos sin haber cometido ningún delito (expediente 131/18).

Las mujeres frecuentemente sufren violencia sexual. En el expediente 213/16, una mujer denunció que un elemento de la Policía Municipal  de Aguascalientes la insultó y la siguió hasta su casa, “durante el trayecto continuó con su actitud agresiva pues dicho elemento es vecino de puerta de la quejosa, también la amenazó con causarle un mal a su integridad corporal. Días después, el mismo policía la insultó al decirle que era una puta, que la iba a matar también y a sus padres. Lo reportaron con el Secretario de Seguridad Pública quien les dijo que iba a hablar con él”, señala el documento. “Iba a hablar con él”, fue toda la respuesta ante una amenaza de muerte.

II. Muchas quejas, pocas investigaciones, nulas sentencias

Según solicitudes de transparencia enviadas por el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), de 2010 a la fecha se han abierto 133 investigaciones en contra de policías municipales, estatales o ministeriales por los delitos de tortura, desaparición forzada, abuso de autoridad, lesiones, robo, amenazas, corrupción, privación ilegal de la libertad, uso desmedido de la fuerza, secuestro, narcomenuedo y violación sexual.

A comparación con el número de quejas resueltas por la CEDHA, son pocos los casos de violencia policíaca que llegan a judicializarse.  El año con mayor número de carpetas iniciadas fue 2010, con 27; seguido de 2018, con 22. Y durante este 2019 ya son 10 elementos bajo investigación: más de uno por mes.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal respondió que de los 37 correctivos disciplinarios que ha impuesto la Comisión de Honor y Justicia a policías, únicamente cuatro fueron suspensiones definitivas por recomendación de la CEDHA, mientras que seis elementos fueron dados de baja por pérdida de confianza, y el resto amonestados por incumplir con sus obligaciones o por faltar al trabajo.

Sobre la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio capital, Antonio Martínez Romo, su titular; anunció que al menos 16 elementos estaban siendo investigados: ocho por la Comisión de Honor y Justicia, ocho por la Fiscalía General. Mientras que otros 14 estaban por sumarse a la lista.

Entre los casos de los que se espera resolución este año, se encuentra el de seis ex policías ministeriales, entre ellos el ex titular de la corporación, René Carrillo; acusados de la desaparición forzada de un hombre en diciembre en 2018. Cinco de los acusados se encuentran recluidos en espera

La Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso, mostró como prueba ocho llamadas telefónicas entre los acusados en donde discutían sobre la desaparición de la víctima, incluso de no investigar, de perder las pruebas, de permitir que la impunidad los arropara.

III. La violencia en el país

A mediados de agosto, cientos de mujeres salieron a las calles de la Ciudad de México para exigir justicia luego de que cuatro policías violaran a una adolescente en la alcaldía de Azcapotzalco. Su grito fue el grito de todas, pero la exigencia sigue sin resolverse: a menos de quince días de la protesta, una mujer fue violada por el mismo Ministerio Público al que acudió para presentar una denuncia.

Datos de Amnistía Internacional publicados en 2018, revelan que de 100 casos documentados de mujeres presas, 72 sufrieron actos de violencia sexual al ser detenidas o en las horas siguientes a su puesta a disposición, y otras 33 denunciaron haber sufrido abuso sexual.

Por su parte, el World Justice Project encontró que 8 de cada 10 mujeres detenidas en México, entre 2009 y 2016, fueron víctimas de tortura antes de ser presentadas frente al Poder Judicial.

El Estado capacita a las corporaciones policíacas y de seguridad, ¿de dónde vienen las órdenes de golpear, torturar, violar, humillar y dejar impune?.