Mes: mayo 2019

Para descargar la tercera parte de este reportaje, puedes hacer clic aquí: #MeToo. Entrega 03. Ximena Antillón

Tras el boom mediático que tuvo el #MeToo en México, lo que nos queda es repasarnos y transformarnos: abrir las puertas al cambio.

Toca imaginar, acompañar y estructurar, dice Ximena Antillón, sicóloga integrante de Fundar, especialista en el acompañamiento psicosocial a familiares y víctimas de violaciones a derechos humanos.

En esta tercera y última entrega, hablaremos sobre qué sigue después de haber escuchado los testimonios de miles de mujeres viviendo acoso y hostigamiento sexual en todas las esferas sociales, y qué tienen que hacer, sobre todo los hombres, al respecto.

Ximena Antillón: Toca acompañar, estructurar

“En el #MeToo hay dos cosas, la primera es que es una respuesta a la negligencia y la descalificación de la violencia contra las mujeres dentro las instancias oficiales, tanto en las autoridades de procuración y administración de justicia, como en las instancias internas de  las universidades, las organizaciones, los medios de comunicación o los gremios.

“Eso nos da dos dimensiones de agenda en donde necesitamos transformar. Por un lado está la agenda de las autoridades, cómo pueden generar mecanismos que sean adecuados para las mujeres, que sean sensibles, que tengan perspectiva de género y atención psicológica. Y por otro lado está la agenda de qué hacemos dentro de las organizaciones y dentro de estos gremios que han venido funcionando como si eso no existiera.

“Esto (el #MeToo) pasa porque es una respuesta frente a la falta de recursos adecuados y también por que hay una mayor conciencia de la violencia de género. Ahora las mujeres sabemos que hay cosas que hemos vivido toda la vida y hemos normalizado, pero son formas de acoso, hostigamiento y violencia”.

¿Qué sigue para el #MeToo?

Es una estrategia que hay que madurar, en su momento fue muy importante porque ha permitido que las mujeres puedan denunciar porque de otra forma no hubieran denunciado. Haberlo hecho de forma anónima o de forma confidencial es un logro, pero hay que pulirlo, irlo mejorando.

Por un lado, tenemos que  generar mecanismos para evitar lo más posible que puedan colarse denuncias falsas, aunque eso no descalifica el movimiento, hay que tener filtros. Y por otro lado es necesario prever medidas de acompañamiento a las mujeres que se animan a denunciar, porque esto ha generado una respuesta violenta a través de las redes sociales

El #MeToo lo que hace es desestabilizar los mecanismos patriarcales que han ignorado todo el tiempo, que han descalificado y silenciado a las víctimas. El #MeToo desestabiliza eso y lo pone sobre la mesa y en la agenda pública, y detrás de eso hay reacciones que quieren restablecer esos mecanismos y devolver a las mujeres a ese lugar en donde no pueden hablar. Hay que acompañarnos psicológicamente, psicosocialmente y jurídicamente.

¿Qué pasa con las mujeres que denunciaron en el #MeToo?

La experiencia de las mujeres cuando viven o vivieron violencia es que primero hay un proceso interno para reconocer eso como violencia, muchas mujeres no denunciaron en ese momento porque no sabían que se podía denunciar. Y luego, cuando se hace público, también hay proceso de estigmatización y culpabilización de la víctima, que es lo que conocemos cuando nos dicen que es nuestra culpa por como nos vestimos o actuamos.

Las denuncias de hostigamiento sexual siempre implican una relación jerárquica y estas personas están en lugar de poder, así que no solo hay respuestas de criminalización y estigmatización, sino que puede haber también otras represalias en contra de las mujeres. No hay mecanismos que garanticen su protección, por eso, en varios sentidos, el anonimato es valioso, porque es una forma de poder señalar y advertir a otras mujeres que hay hombres peligrosos o que ejercen acoso.

Nos toca dejar de ignorar que esto pasa, descalificarlo y silenciarlo, el #MeToo no solo habla de lo que ya sabemos que ocurre, sino que habla de la magnitud con que ocurre. A partir del reconocimiento tenemos que hacer medidas de prevención, protocolos, medidas de atención, buscar procesos que pongan en el centro a la víctima: sus necesidades, que sean protegidas, que no sean juzgadas.

¿Qué hacer cuando un hombre querido o cercano, es denunciado?

Si estamos socializados en una cultura patriarcal, reproducimos estos modos de violencia. Es importante que dejemos de romantizar a los hombres defensores de los derechos humanos, porque ellos también ejercen acoso desde una relación jerárquica.

Nuestros amigos y compañeros no están exentos de eso, aquí hay una posibilidad de reflexionar y tiene que haber disposición, tenemos que iniciar un proceso de cambio. Los hombres tienen que buscar herramientas, se tienen que hacer cargo, es algo que tienen que trabajar ellos, no recae sobre nosotras.

Las redes sociales se tienen que mantener como un canal de denuncia y también se pueden pensar en otras instancias. Necesitamos habilitar otros recursos en donde se pueda denunciar, a lo mejor no directamente en donde pueda estar el agresor, por eso tenemos que seguir pensando, imaginando. El #MeToo ha mostrado la necesidad de hacerlo y es importante centrarnos en lo que dicen las denuncias, no en las denunciantes.

Es muy importante no perder el foco de la discusión, si los hombres están agrediendo a las mujeres por las denuncias, lo que está mal es que los hombres agredan, y que las personas respondan de forma misógina ante el #MeToo.

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Al Gobierno de Sinaloa

Al Congreso del Estado de Sinaloa

A las autoridades correspondientes

El día de hoy, el ex fiscal de Aguascalientes, Óscar González Mendívil, fue designado -con el apoyo de 34 votos de las y los diputados locales- como primer comisionado de Atención a Víctimas en el estado de Sinaloa, acción que desde el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSG) reprobamos y consideramos de suma irresponsabilidad.

No olvidamos que en Aguascalientes, durante el periodo en el que González Mendívil fungió como titular de la Procuraduría General del estado y después como primer titular de la Fiscalía General, actuó de manera irresponsable, poco profesional, con información a cuentagotas e investigaciones llevadas a cabo con errores y dadas a conocer a medios de comunicación de forma revictimizante.

Óscar González Mendívil actuó siempre de manera contraria a los derechos de las víctimas reconocidos en el apartado C del Artículo 20 constitucional y existe el riesgo de que vuelva a hacerlo en el cargo para el que ha sido designado.

En cada uno de los casos que acompaña y acompañó el Observatorio, el exfiscal se condujo con indiferencia e indolencia hacia las y los afectados, violando institucionalmente el derecho a la verdad y la justicia que las víctimas tienen en este país.

Durante su administración como fiscal general de Aguascalientes no se recibió la asesoría jurídica adecuada y se vencieron plazos en diversos casos de violencia de género y mujeres desaparecidas; las víctimas no fueron informadas acerca del proceso en el momento en que lo requerían; no se les proporcionó acceso o copias de su expediente; no les fueron admitidas o se prepararon pruebas; no recibieron atención médica o psicológica ni inmediata ni posteriormente; no se cumplió la reparación del daño; no se protegió el resguardo de su identidad, ni por motivos de seguridad ni para evitar la estigmatización y por último, no se dictaron medidas cautelares necesarias, o bien el Ministerio Público fue omiso ante decisiones que afectaron los derechos de las víctimas.

Reprobamos que ahora ese funcionario que se negó a trabajar bajo los protocolos internacionales de derechos humanos sea nombrado como el encargado de velar por los derechos de las víctimas en el estado de Sinaloa, cargo que atenderá por un periodo de cinco años.

Los sistemas de justicia y de gobierno en México no pueden ni deben otorgar espacios de trabajo y toma de decisiones, así como implementación de políticas públicas, a personas que han violado sistemáticamente los derechos humanos de las víctimas.

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado de Aguascalientes exigimos se retire de ese cargo a Óscar Fidel González Mendívil y que los nombramientos que estén relacionados a la protección y atención a víctimas sean entregados a personas debidamente capacitadas e interesadas en velar por los intereses de quienes han padecido por la violencia y el poco acceso a la justicia en México.

Porque el silencio no nos protege,

Porque vivas y libres nos queremos.

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes

CLÍNICA ESPECIALIZADA EN PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

Para activistas y Defensoras

Región Centro-Occidente

Objetivo

Generar estrategias y herramientas de acción político-social para mujeres defensoras de derechos humanos y activistas de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro,  San  Luis Potosí  y Zacatecas a través de un proceso formativo con Perspectiva de Género y Derechos Humanos.

La Clínica está dirigida a mujeres que trabajen en los siguientes temas:

• Búsqueda de personas
• Problemas ambientales
• Derechos de los animales
• Contra la tortura y secuestros
• Contra la trata de personas
• Movimientos estudiantiles
• Mujeres jornaleras, campesinas y obreras
• Personas migrantes

Fechas Importantes

Cierre de Convocatoria: 06 de junio de 2019 o hasta llegar a las 50 solicitudes.

Aviso de resultados a las postulantes: lunes 24 de junio.

Duración de la clínica: Del 15 al 21 de julio de 2019.

Requisitos

• Carta exposición de motivos
• Copia de la INE
• Carta de respaldo en caso de pertenecer a alguna organización o colectiva

En su caso, mencionar en la carta de exposición de motivos:

• Si requieres condiciones específicas de alimentación, hospedaje y salud.
• Si deseas que te acompañen hijas o hijos por favor indícanos el número y edades.
• Si tienes condiciones específicas de seguridad (con la finalidad de proveer las condiciones adecuadas).

Sede

Aguascalientes, Ags.

Importante

El Observatorio de Violencia Social y de Género ofrecerá 10 becas para las postulantes de los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, que incluyen transporte, hospedaje y alimentos.

La postulación de las interesadas, así como cualquier duda o aclaración debe ser enviada a ovsgags@gmail.com

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Para descargar la segunda parte de este reportaje, puedes hacer clic aquí: #MeToo. Entrega 02. Andrea Medina

El movimiento del #MeToo en México tiene que ver también con una acción desde la colectividad. Desde el reconocimiento de la violencia que viven las mujeres diariamente sin que se trate de casos aislados, sino de actos en masa, de algo que nos pasa a todas.

A esta violencia, las autoridades no han respondido nunca adecuadamente pese a que existen mecanismos en las leyes que les obligan a garantizar los derechos de las víctimas. Es fundamental dejar claro que no se necesitan protocolos para cumplir con la ley, pero sí se necesitan personas suficientemente capacitadas para cumplir con los protocolos.

En esta segunda entrega hablaremos sobre la fuerza de la colectividad, los protocolos de actuación como método para silenciar denuncias, cuál es la mirada desde la presunción de inocencia y las responsabilidades reforzadas que por ley tienen las instituciones educativas frente a la violencia.

Andrea Medina: Los protocolos no son garantía

“Algo que es muy relevante del #MeToo y que a mí como abogada me recuerda y me deja siempre presente, es que en la Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación contra la Mujer, parte del debate en los años sesentas y setentas era si existía discriminación contra las mujeres en todo el mundo, o si solo era en una parte del planeta. Y la conclusión  por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) después de años investigar, es que ningún país trata igual a las mujeres y a los hombres que están en su sociedad.

De ahí  fue que surge esta Convención específicamente sobre la discriminación contra las mujeres, no sólo sexual, sino solo por el solo hecho de ser mujeres. Yo creo que el #MeToo nos está haciendo recordar eso, en todo el mundo están mujeres denunciando que viven discriminación y que viven formas de violencia sexual de manera muy cotidiana como es el hostigamiento y el acoso sexual. Es un movimiento muy importante que no es reciente, la Convención de la Cedaw es de 1979, tenemos décadas señalando la discriminación contra las mujeres y la violencia sexual, no solo en México, sino en todo el mundo”, inicia Medina.

¿Cuál ha sido el papel de las redes sociales?

A diferencia de todas las otras denuncias que llevamos persona a persona, lo que han permitido las redes sociales es, por un lado ampliar el debate entre quiénes tienen acceso a esas redes. Pero hay otros dos elementos muy importantes: particularmente en México, un país con tales grados de impunidad, en donde las instituciones son expertas en simular, es decir, asegurar que hacen pero que no se tengan los resultados adecuados; la posibilidad de presentar denuncias confidenciales y anónimas es una gran alternativa en este contexto, y es una gran alternativa para poder hablar del tema y tener una dimensión un poco más amplia, aunque no total porque no todas y todos tienen redes sociales.

Por otro lado, como abogada me parece importante que se esté logrando generar redes para identificar quiénes han sido hostigadas por la misma persona, y eso es muy importante, sabemos que quienes violentan sexualmente, en particular hostigamiento y acoso, no lo hacen una sola vez. Entonces es relevante plantear que hay varias mujeres que han sido afectadas y que no se trata de un asunto individual o personal, sino que es un modo de operar y de conducta de los hombres.

¿Son necesarios los protocolos?

Un protocolo aterriza toda la normatividad vigente para que quién opera en cada institución, sepa los pasos a seguir, pero un protocolo no crea obligaciones ni derechos, eso ya está en las leyes.

Hay instituciones que sin tener un protocolo, operan las leyes. No es indispensable tener un protocolo para actuar, con las leyes vigentes toda autoridad del ámbito que sea tiene la obligación de actuar. Un protocolo es solo para facilitar la comprensión y la operación de la normatividad vigente.

Hacer un protocolo no es la última acción. Aunque existan protocolos, si quien lo opera no ha tenido la capacitación adecuada, lo va a aplicar mal, entonces tan relevante como crear un protocolo es capacitar a todo el personal que tiene que ver con estas medidas.

Lo que establece la ley administrativa es no solo que se investigue cuando hay actos, también implica medidas de prevención, además de la generación y producción de información: necesitamos saber cuántas y cómo se ha denunciado, en qué situaciones se han dado esas acciones, en dónde se ha dado y otros detalles. La legislación establece también la necesidad de mecanismos para evaluar las acciones de prevención, pero también para la atención y la investigación. Y no solo implica la sanción al agresor, sino sobretodo, la reparación del daño integral a la víctima, que las universidades luego se asustan mucho con eso porque piensan que es indemnización y van atener que dar dinero, pero hay que recomendarles leer la Ley General de Víctimas para que se enteren de qué es la reparación del daño.

¿Cuál es la mirada desde la presunción de inocencia?

Ante este elemento es importante señalar de que la Ley General de Víctimas habla de una presunción que es fundamental y es la presunción de buena fe de la víctima. Las presunciones, tanto de inocencia como de buena fe, cobran sentido cuando hay una institución que va a investigar, sino, no hay presunciones, éstas no están en la vida cotidiana. Las presunciones son porque si se inicia una investigación no se puede iniciar diciendo que una persona es culpable, pero tampoco se puede iniciar pensando que la víctima miente.

El hecho de hablar solo de presunción de inocencia y no de presunción de buena fe, nos habla de la poca actualización en las formas de investigación sobre la base de los derechos humanos, pero también nos habla de lo que están mirando estas personas, que solo miran a las personas denunciadas, y lo diré así, sobretodo para garantizar su impunidad, no están mirando para realmente actuar.

Uno de los ejes que nos mostró el #MeToo en México es que el nivel de violencia en este país es altísimo. La mayoría de las mujeres que han denunciado han recibido amenazas, han recibido represalias, no solo por las personas a las que denunciaron, sino por las instituciones en las que están. Entonces eso nos dice y nos comprueba, no necesitamos más datos, que efectivamente no hay condiciones adecuadas para denunciar, por eso la confidencialidad es absolutamente necesaria en estos casos.

¿Qué sucede con las denuncias en el ámbito educativo?

Otra tendencia que están teniendo sobre todo las universidades y las instituciones educativas  es que dicen que si las alumnas están sufriendo hostigamiento y no denuncian penalmente, entonces no se puede hacer nada.

La ley mexicana establece obligaciones para investigar sobre violaciones a los derechos humanos en todos los ámbitos de competencia. Una escuela tiene obligaciones de investigar, en el ámbito de su competencia, no sea, o investiga como Ministerio Público.

El hostigamiento y acoso sexual están definidos como faltas en el Código Penal, pero también es una prohibición que tienen en el ámbito laboral, y está definido en el ámbito administrativo a través de la Ley general de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta ley establece obligaciones para todas las instituciones en el ámbito administrativo, las universidades tienen obligaciones al respecto.

La Ley General de Víctimas no solo plantea el derecho de la víctima a denunciar o no, sino también a denunciar por la vía que quiera. Cada vía tiene efectos distintos, la vía penal nos lleva a la privación de la libertad si es un delito que corresponde a esa pena. La Ley del Trabajo y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que permiten son acciones que no se quedan solo en la persona que comete el acto, sino en procesos institucionales. La mayoría de las personas que han denunciado o dado su testimonio en redes, ninguna está planteando que los refundan en la cárcel, lo que están planteando es que paren y que no le vuelva a pasar a nadie más, y eso de que ninguna mujer lo sufra más, tiene que ver con la ley laboral y administrativa, que sí les toca a las universidades, a las empresas, a las organizaciones civiles y a toda instancia.

¿Qué son las obligaciones reforzadas de las universidades?

Primero que, en la mayoría de los casos, las mujeres que son víctimas de esa violencia de género son menores de edad y los casos se tienen que investigar de oficio. Por otro lado, son instituciones educativas, su finalidad es educar conforme a lo establecido en el Artículo 3º Constitucional y la Ley General de Educación, tiene que ser una educación para los derechos humanos y un proceso educativo en donde se respeten los derechos humanos, hacer lo contrario es violar la Constitución. Y aunque las universidades sean autónomas, no están fuera de la Constitución.

En la tercera y última entrega, Ximena Antillón, sicóloga integrante de Fundar, especialista en el acompañamiento psicosocial a familiares y víctimas de violaciones a derechos humanos; nos hablará sobre lo que tenemos que repensar después del #MeToo, la estructuración y acompañamiento a víctimas, además de las tareas pendientes de las instituciones.

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