A la Comisión Nacional Contra las Adicciones

A la Fiscalía General del Estado

A la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Al Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes

Al Centro de Recuperación y Rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción Zona Uno A.C.

El pasado 19 de febrero fue hecha pública información referente a un intento de secuestro de una mujer que finalmente resultó ser un violento proceso de internamiento por parte del personal del centro de rehabilitación CRREAD (Centro de Recuperación y Rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción Zona Uno A.C.) quien tiene retenida sin su consentimiento a dicha mujer.

De acuerdo con el Artículo 135 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, la utilización de la fuerza física o moral, o vejación de la víctima; se considera como un agravante del delito de privación ilegal de la libertad descrito en el Artículo 134 del mismo ordenamiento. Mientras, el Código Civil del Estado de Aguascalientes, en su Artículo 21, señala que “el mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes salvo las limitaciones que establece la ley”, y si además  no existiera juicio de interdicción y dado que la mujer retenida cuenta con 38 años, está siendo víctima de un delito, por lo que exigimos que las autoridades hagan valer sus derechos y libertades conforme a lo establecido en la ley.

Al momento de los hechos, ocurridos durante la entrada de estudiantes a una escuela privada cerca del fraccionamiento La Querencia, que, además, les colocó en una situación de riesgo; quienes atestiguaron el caso creyeron que se trataba de un secuestro debido a la violencia con la que la privaron de la libertad. Incluso, se presentó un reporte al número de emergencias 911.

Esto, en un país donde se cometen siete feminicidios al día y miles de mujeres permanecen desaparecidas, resulta preocupante y es urgente que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto y eviten este tipo de prácticas. El mensaje de las autoridades no puede ni debe ser de omisión y pasividad.

Exigimos a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, al Gobierno del Estado, a la Fiscalía General del Estado, al Instituto de Saludo del Estado de Aguascalientes, revisar el caso y sancionar a quienes violentan los derechos humanos. Alertamos que estas prácticas pueden ser utilizadas como método para ilícitos como la desaparición de personas y otros tipos de violencia contra las mujeres.

Denunciamos también la falta de políticas públicas encaminadas a la atención oportuna y especializada contra las adicciones y la falta de un centro público especializado en el cuidado de las mujeres para el tratamiento de cualquier adicción. Exigimos también la regulación y sistematización de anexos, estos centros deben contar con personal capacitado y con atención especializada garantizando que éstas se impartan sin ningún tipo de violencia.

Porque el silencio no nos protege

Porque viva y libres nos queremos

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes