Pese a que la Constitución Mexicana vela por la separación iglesia-estado en su Artículo 130 y La Ley Orgánica del Poder Legislativo de Aguascalientes también establece que debe trabajar con imparcialidad en el Servicio Público, los intereses y la agenda que maneja dicha asociación civil se encuentran protegidos -y avanzando- por funcionarios que poseen cargos importantes al interior del Poder Legislativo.

Javier Soto Reyes, Director General de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado y miembro del equipo político de la diputada panista Paloma Amézquita, es un integrante activo del FNF, así lo comprueban diversas publicaciones en sus redes sociales en donde continuamente comparte información del Frente, así como críticas lanzadas contra otras instituciones públicas como la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), que en noviembre del 2017 decidió no dar foro a una conferencia de Agustín Laje y Nicolás Márquez, escritores del El libro negro de la nueva izquierda, sustentados por el FNF, y quienes en rueda de prensa llamaron “anoréxica intelectual” a una reportera que cuestionó la fuente de financiamiento que les permite viajar por diversos países latinoamericanos para atacar a la ideología de género y a los derechos humanos.

Soto Reyes criticó la decisión de la Universidad en una publicación de la red social Facebook, en donde acusó que la UAA “mostró su intolerancia institucional a todo aquel que no esté amaestrado bajo la teoría del género. (…) que no se atreva a llamarse universidad un lugar que no está permitido a la universalidad de las ideas. Pésimo”.

Además, el 26 de mayo del 2016, Soto Reyes participó en una rueda de prensa del Frente Nacional por la Familia, en donde apareció como vocero, acompañado por María del Carmen Limón y Martha Barba. La nota, publicada en la Jornada Aguascalientes, lleva el título de “Llaman grupos conservadores a no votar por el PRI”. Meses después, en julio, el ahora Director General de Servicios Parlamentarios fue integrante de la Comisión de Orden en la Marcha por la Familia, organizada por el Frente, según lo comprueba un video en manos del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), en donde exigimos que Soto Reyes actúe de manera imparcial como funcionario público.

El artículo 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Aguascalientes, establece que el “Director General de Servicios Parlamentarios vela por la imparcialidad de los servicios a su cargo y realiza la compilación y registro de los acuerdos, precedentes y prácticas parlamentarias”.

En 2016, Soto Reyes fue representante del PAN en el Consejo Distrital VIII del Instituto Estatal Electoral. En 2017 y hasta mediados del 2018, ocupó el cargo de investigador del Instituto de Investigaciones Legislativas y cobraba un sueldo mensual de 10 mil 212 pesos brutos. Actualmente labora como Director General de Servicios Parlamentarios, sin que su percepción mensual sea pública en la página del Congreso Estatal pese a que es una obligación establecida en la Ley de Transparencia. Tampoco lo es su información curricular, ni su declaración patrimonial y de no conflicto de interés.

El OVSG se mantendrá vigilante de la resolución que se emita a la denuncia interpuesta ante el Sistema Estatal Anticorrupción y remitida a la Contraloría del Congreso Estatal, por el conflicto de interés de Soto Reyes y la diputada panista Paloma Amézquita con el Frente, y la violación al principio de Parlamento Abierto tras la presentación de la iniciativa de reforma a los artículos 2 y 4 de la Constitución local, que no logró ser aprobada por el Pleno y que amenazan con volver a presentar.

La denuncia será ratificada y ampliada por el Observatorio ante la Contraloría del Congreso, órgano con el que ya se ha entablado comunicación.

Buscaremos siempre transparentar los procesos, por eso esperamos pronta respuesta a las solicitudes de transparencia enviadas para conocer las cédula de votación de los 27 legisladores en la sesión ordinaria del 27 de diciembre, así como la versión estenográfica de lo sucedido en el Pleno.

Para nosotras la lucha no ha terminado. Exigimos que las y los trabajadores de los aparatos de gobierno, sustentados con el dinero de las y los mexicanos, actúen con imparcialidad.