No desaparecemos, nos desaparecen; no nos suicidamos, nos matan; no somos criminales, nos defendemos; no soy yo, somos nosotras, ellas, todas; las que ya no están, las que peligran, las que quieren estar libres.

La violencia social y de género es global, y es necesario mirarla desde la  interseccionalidad. En México, y por decreto, se establece la visibilización desde la estadística, desde los datos desagregados que dan cuenta, en términos cuantitativos, de las violencias relacionadas con el género; las agresiones físicas, acoso y violencia sexual, aún sin contextualizar las desapariciones y los feminicidios.

Sabemos que las violencias son una realidad multifactorial, las razones son varias y  la lucha en gran medida consiste en nombrarlas y visibilizar los hilos estructurales y sistemáticos, es decir, desmontarlos del ámbito privado.

La mayoría de estas violencias están relacionadas con el machismo, un sistema que cosifica a las mujeres y las violenta tanto en lo público como en lo privado; es por esto que hoy se vuelve necesario que las agendas legislativas, así como las de la sociedad civil organizada, discutan y trabajen desde otra mirada, una mirada amplia e incluyente, que permita incorporar los diferentes feminismos y la perspectiva de género en cada proceso, en aras de la construcción de las bases políticas, sociales y jurídicas que garanticen el acceso a la justicia, no como un ideal, sino como un hecho, reconociendo el derecho de todas las mujeres a una vida digna; ante este tenor, es importante que el Estado Mexicano cumpla las recomendaciones de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) a la que México se suscribe desde 1981.

Entendamos la responsabilidad del Estado Mexicano y su compromiso como una obligación y una deuda histórica con las mujeres y niñas de este país.

Los Derechos Humanos, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el acceso a la justicia con perspectiva de género deberían ser una realidad, sin embargo, las estadísticas, las carpetas de investigación olvidadas y los asesinos libres son muestra de las tantas contradicciones de México, del México que duele todos los días.

Las estadísticas sobre violencia de género son alarmantes, según la ENDIREH, casi la mitad de las mujeres de 15 años o más ha reportado incidentes de violencia comunitaria a lo largo de su vida, estas agresiones rara vez son denunciadas debido a la falta de credibilidad en el sistema de justicia de México.

En Aguascalientes, según los datos arrojados por medio del portal de transparencia, más de la mitad de los casos de feminicidio en el Estado quedan impunes ya que no se logra encontrar o condenar a los asesinos.

Ante las graves omisiones del sistema de justicia del Estado de Aguascalientes se hace necesario evidenciar las negligencias, inoperancia y faltas en las que incurren las autoridades encargadas de la impartición de justicia, así como visibilizar en todo momento las violaciones a los derechos humanos, desde la falta de acceso a la justicia y la violencia institucional, bajo este objetivo nace el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes y se amplía con la Clínica Jurídica especializada en Derechos Humanos y Perspectiva de Género que actualmente acompaña procesos de mujeres en situación de reclusión, de muertes violentas no reconocidas como feminicidios, casos de mujeres desaparecidas en el estado, así como la realización de un diagnóstico sobre el rezago de armonización legislativa en el estado, del código penal y civil.

La Clínica Jurídica realiza un trabajo multidisciplinario con el apoyo de especialistas con reconocimiento nacional e internacional, destacadas por su labor académica, legislativa, en el litigio y en la sociedad civil organizada; esto a través del ejercicio de recursos federales y la colaboración de diferentes instituciones, centros de investigación y organizaciones, como el Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario.

Siempre recordando que aún falta mucho por hacer, que la violencia sistémica arraigada en nuestras instituciones se vuelve el peligro latente del acceso a la justicia, que de la mano de los cambios jurídicos, deben iniciarse políticas públicas de sensibilización y reeducación que ahonden en los problemas de género y de las violencias relacionadas.

Vivas y libres nos queremos. Ni una menos.